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El nuevo Código Penal endurece las penas por los saqueos al campo

   

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón

Imagen del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. / EUROPA PRESS

T. F. / EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife / Madrid

Es la nota más canaria de todo el nuevo Código Penal, cuyas principales novedades ya eran conocidas de largo. Tal y como reclamaban desde hace años tanto las asociaciones del sector primario y recomendaban los especialistas, este nuevo vademécum de la criminalidad española incluye una batería de nuevas penas para este tipo de delitos. Así, hora se valora si el hurto según el perjuicio que ocasione, agravándose el tipo sin distinción entre el valor de lo sustraído o los daños ocasionados.

Pero sin duda destaca la creación del nuevo tipo penal contemplado en el artículo 235 bis, que pretende dar una respuesta a la criminalidad organizada, castigando con la pena de 1 a 4 años de prisión, cuando alguno de los partícipes en la comisión del delito porte un arma o instrumento peligroso o cuando se trate de un miembro de una organización criminal que se dedique a la comisión continuada de delitos contra la propiedad.

También se acuerda el legislador del robo de cobre al introducir otro articulo que castiga el robo de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones.

Además, apuntar que -tal y como estaba previsto- se instaura la prisión permanente revisable, reservada a terroristas y casos de asesinato especialmente graves por la indefensión de la víctima. Tiene un mínimo de cumplimiento de 25 años, para ser revisada en los 10 años siguientes.

En cuanto a las nuevas tecnologías, se equipara la protección de la propiedad intelectual a la industrial, y ahora se persigue la explotación económica, reproducción, plagio, distribución y comunicación pública de una obra, sin autorización de los titulares, con ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto (a través de publicidad, por ejemplo), así como facilitar el acceso a la localización de obras o prestaciones protegidas en Internet, con penas que pueden alcanzar los 6 años de cárcel.

Añadir que los tribunales españoles podrán perseguir a los clientes de prostitución infantil también en el extranjero, siendo
españoles o residentes, además de subir las penas en delitos de prostitución que afecten a menores o discapacitados.

“El Consejo no ha podido informar”

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, se ha quejado de que el proyecto de ley de reforma del Código Penal aprobado ayer por el Consejo de Ministros “haya introducido cambios sustanciales en el proyecto” sobre los que el CGPJ “no ha podido emitir informe”. En declaraciones a Europa Press, Bravo ha señalado que las nuevas figuras delictivas para la piratería o el aumento de la edad para el consentimiento sexual no figuraban en el anteproyecto que pudo estudiar el CGPJ. “Del texto que se remitió al CGPJ al que se pasó al Consejo de Estado hay una diferencia muy notable”, aseguró. “Se han introducido muchísimos cambios, nuevas cuestiones jurídicas, nuevos tipos sobre los que el CGPJ no ha podido opinar. Tratándose de temas que afectan a la política criminal del Estado, hubiera sido muy interesante que el Consejo hubiera podido dar su opinión”, afirmó la magistrada, que calificó tal situación como “poco habitual”.