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Políticas sociales – Por Leopoldo Fernández

Ya dije el otro día que el Gobierno autonómico cumple medianamente bien con las políticas sociales. Hoy añado que, pese a las dificultades objetivas que suponen los obligados recortes presupuestarios, el sentido común y la atención a los más desfavorecidos y las necesidades más perentorias de la sociedad impregnan el latir gubernamental, con sus más y sus menos, como suele ocurrir en estos casos. Aún así, todos los recursos que se destinen a estos menesteres siempre parecerán insuficientes por la enormidad de las penalidades y los padecimientos que afectan a los conciudadanos más débiles y necesitados de la atención oficial y la solidaridad de todos los canarios. Un pueblo unido en torno a objetivos de justicia y cohesión social es una hermosa lección de generosidad y sentido del deber en estos tiempos de desapegos e individualismos radicales. Si aceptamos que todo Gobierno está al servicio de los ciudadanos y que por tanto debe recoger sus principales aspiraciones -eso que comúnmente llamamos el latir de la calle-, no creo que nadie niegue la prioridad de ayudar a los menesterosos con todos los instrumentos posibles, empezando por los económicos, pero sin olvidar los de apoyo social, psicológico, sanitario y tantos otros que en su conjunto dignifican la política y la esencial labor de ejemplaridad y ciudadanía que debe ejercer cualquier responsable público que se precie. Son muchas las necesidades de Canarias y de los canarios en esta hora de apreturas, desempleo y carencias elementales. Pero si se establece un orden de preferencias -gobernar es a la postre elegir entre opciones atendiendo a prioridades y necesidades-, todo cuanto se haga en favor de los marginados, desfavorecidos y desempleados será una prueba fehaciente de sensibilidad y buen tino. No se trata -lo he apuntado otras veces- de una cuestión caritativa, sino de pura justicia social. Es preciso ayudar a los que menos tienen, del mismo modo que quienes más bienes poseen están más obligados a contribuir, vía impuestos, a la caja común. Y ya que hablamos del dinero de todos, el Gobierno no debe sacar pecho por lo que está haciendo. Cumple con su deber, eso sí, pero no debe olvidar que sigue gastando en exceso, endeudando más de la cuenta a la comunidad autónoma -a finales de este año la deuda pública se va a acercar a los 6.000 millones de euros- mientras sigue pendiente la inexcusable reforma administrativa y la drástica reducción de organismos, empresas y cargos públicos. O se impone la racionalidad y la austeridad o se hará económicamente insoportable el sostenimiento de un aparato burocrático sobredimensionado y caro para las posibilidades financieras de Canarias.