El presunto parricida de Vistabella se escondía por una estafa prescrita

Vivienda de la calle Primero de Armenia, en la que tuvieron lugar los hechos. / S.M.

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

La Sección Sexta de la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife ha entendido que los delitos de falsedad y estafa por los que se juzgó el pasado mes de junio al conocido como Ponce el curandero estaba prescrita. La importancia de dicha sentencia, que hoy adelanta este periódico, radica en que Ponce se escondía de la Guardia Civil, que lo buscaba por este caso, en la vivienda de Vistabella cuando, presuntamente, él y su pareja acabaron con la vida de sus hijos, de 11 y 5 años, en terrible delito acaecido en diciembre de 2011 y cuya vista oral está prevista para el próximo mes.

Sólo Ponce y su mujer, Sonia saben hasta qué punto el hecho de que él tuviera que ocultarse acabó convirtiendo en fatídica realidad la abyecta fantasía que ya habían recreado en una carta escrita semanas antes, y en las que ya exponen sus planes para asesinar a los pequeños para luego quitarse la vida, lo que luego finalmente no intentaron con el mínimo de probabilidades de tener éxito.

Lo que sí consta es que los efectivos del Instituto Armado se habían dejado ver por la calle Primero de Armenia la misma semana en que se desencadenó la tragedia en el número 4. Así, este periódico confirmó en su día que varios vecinos fueron inquiridos por los agentes acerca del paradero de Ponce, que pasó jornadas escondido mientras Sonia se encargaba de llevar los niños al colegio y hacer las compras, etc. Esta presencia de la Guardia Civil en la zona se produjo el lunes 5 y el martes 6, mientras que los forenses fechan la muerte de los niños en la madrugada del viernes 9 al sábado 10. Finalmente, la presión de los familiares por saber acerca del paradero de las criaturas posibilitó que la Policía Local descubriese sus cadáveres a primera hora de la tarde del martes 13.
Como recordarán los lectores, tanto Ponce como Sonia se enfrentan a una acusación del fiscal que los considera autores del doble asesinato, solicitando para ellos una pena de 20 años de prisión por cada una de las muertes.

En cuanto a la estafa, la sentencia detalla que, aunque prescrita, entienden que se produjo ese delito de falsedad en concurso con el de estafa, ya que entienden probado que Ponce, cuando trabajaba como agente de una inmobiliaria, vendió a una pareja un solar de mil metros cuadrados en La Laguna que, en realidad, pertenecían a otro propietario distinto del que figuraba en las escrituras.

Los hechos arrancan en abril del año 2000 y la pareja que resultó estafada pagó cinco millones de pesetas que nunca se les devolvió.
En la sentencia se apunta que a Ponce le constan varias declaraciones de rebeldía durante el proceso por esta estafa.