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Sensibilidades – Por Leopoldo Fernández

   

La aprobación por el Parlamento de Canarias de la ley de crédito extraordinario de 206 millones de euros para hacer frente a gastos del actual ejercicio ha vuelto a poner de relieve las diferentes sensibilidades de los partidos políticos representados en el Parlamento autonómico. Mientras las formaciones que sostienen al Gobierno, nacionalistas y socialistas, despacharon el tema como sí se tratara de mero formalismo -no en vano rechazaron las enmiendas de los restantes partidos de la cámara, PP, NC y PIL-, los grupos de la oposición prefirieron centrar sus argumentos sobre lo que a su criterio tiene mayor peso social y, por tanto, mayor grado de urgencia y necesidad. No obstante, no se puede negar al Ejecutivo de Paulino Rivero sus desvelos por la cuestión social, como lo prueban las políticas que viene aplicando desde el estallido de la crisis; pero no es menos cierto que aún así o no sabe explicarse bien ante la opinión pública o carece de la debida sensibilidad para ceder en cuestiones que, por iniciativa de la oposición, deberían ser atendidas sin la menor reserva. Es el caso de la prestación canaria de inserción, que el Gobierno parece haber relegado a segundo plano como si se tratara de una cuestión menor, la obligada reducción de las listas de espera y el urgente pago a proveedores. Pero tampoco se pueden contraponer estos objetivos con otros también legítimos apoyados por CC y PSC para ayudar a sostener los servicios sociales básicos y las ayudas prestadas a las iniciativas económicas que generen empleo.

Con todo y con eso, la lucha contra la pobreza y la exclusión social parece el primero de todos los objetivos del momento presente. Y no basta con haber aprobado ya un plan en tal sentido si su dotación se ha demostrado claramente insuficiente, por la persistencia de la crisis y sus perniciosos efectos sobre las clases menos favorecidas, y parece lógico que se realicen los esfuerzos necesarios para ayudar a quienes más lo necesitan y durante el tiempo que sea necesario. También está muy bien que de los 206 millones, 158 tengan destino social y que otra parte de la primera cifra se dedique a combatir el fracaso escolar y la atención de necesidades perentorias de los cabildos. Pero, ¿por qué no se afronta de una vez, con rigor y medios adecuados, el gravísimo problema de las listas de espera? ¿Acaso hay derecho más relevante que el de la salud? Cuanto más tiempo pase, más difícil y costosa será la solución. Lo mismo puede decirse respecto de la atención a los más desfavorecidos de nuestra sociedad. No bastan las promesas ni la demagogia parlamentaria. Como bien dice el refrán, obras son amores y no buenas razones.