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La situación social de Santa Cruz estalla con el caso de Mararía

   

Comision Asuntos Sociales Ayuntamiento Santa Cruz Sonia Fernández  extrabajadora de Mararia

La joven Sonia Fernández, durante su alegato de ayer. / JAVIER GANIVET

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Si algo quedó claro ayer en la comisión de control del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es que el área de Asuntos Sociales de la capital está atravesando por un momento extremadamente complicado.

A las peticiones de reprobación de la edil del área, Alicia Álvarez, por la “mala gestión” de los recursos, con colas de madrugada en las Unidades de Trabajo Social (UTS) o el retraso en la concesión de ayudas, se sumó la presión de las extrabajadoras de Mararía, la que fuera concesionaria de la ayuda de domicilio municipal, que llevan un año esperando a que se licite el nuevo concurso con la promesa de ser contratadas.

La tensión se desbordó cuando una de las mujeres, una joven de 26 años y madre de tres hijos, Sonia Fernández, tomó la palabra para acusar a la edil de seguir engañándolas y acabar confesando entre lágrimas que, después de un año esperando por la promesa de que se la volvería a contratar, “estoy comiendo de los cubos de basura de Hiperdino, yo y mis tres hijos porque tampoco tengo ningún tipo de ayuda, sólo me dan largas”.

La concejal de Sí se puede, Asun Frías, fue la primera en citar el caso de Sonia Fernández a petición de la joven, reflejando así la desesperación de muchas de estas mujeres que ahora viven de las ayudas sociales y que sólo piden que al menos se de una muestra de que es cierto lo que les han prometido. “Yo sí creo que el borrador existe”, dijo Frías en relación a los motivos por los que la concejalía de Asuntos Sociales se niega a entregar una copia del pliego de condiciones en el que se asegura se está trabajando. “Lo que pasa es que no puede garantizar el puesto de trabajo a todas las afectadas y por eso no quiere mostrarlo”, añadió Frías.

Álvarez detalló que el motivo del retraso para la nueva adjudicación del servicio se debe a las tres vías judiciales abiertas: los juicios pendientes aún en lo social, el contencioso-administrativo planteado por UGT y el litigio que el Ayuntamiento mantiene con la Seguridad Social por la deuda de Mararía.

Borrador fantasma

Guillermo Guigou (Ciudadanos por Santa Cruz) exigió que “si es cierto que el borrador existe, tráigalo usted a esta mesa”. Por su parte, José Manuel Corrales (de XTF-IU) acusó a Álvarez de incumplir los dos acuerdos plenarios en los que se garantizaba el trabajo para estas 180 personas: “No se puede engañar para ganar tiempo porque el hambre no olvida”.

Desde las filas del PP, Zaida González, intervino con un nudo en la garganta tras las palabras de Sonia: “Algo muy mal se tiene que estar haciendo en los servicios sociales para que alguien con tres hijos esté comiendo de la basura”. El PP aprovechó para presentar una batería de medidas para paliar la situación de las trabajadoras porque, insistió González, “no se las va a contratar, digan la verdad”.

Las trabajadoras aseguraron que no se van a quedar de brazos cruzados ante las promesas incumplidas: “No vamos a seguir gritando delante del Ayuntamiento”. Una acampada o una huelga de hambre están entre las medidas que barajan para protestar ante el Ayuntamiento.

Mucho es poco en atención a la gente

El anuncio de que habrá más trabajadores sociales para las UTS de la capital o que se acabarán las colas con un servicio de cita previa no sirvió para contener las críticas que, como una cascada, cayeron sobre la concejal de Asuntos Sociales. Tampoco que ésta recordara que con el mismo personal se está atendiendo al 75% más de usuarios o que en el próximo Consejo Rector del IMAS se modificarán las bases para agilizar las ayudas básicas. Todo eso quedó diluido ante las lágrimas de una madre desesperada que dijo comer de la basura para sobrevivir. Sin duda, ayer fue uno de los peores momentos de Álvarez al frente de un área en la que, por mucho que se haga, siempre será poco.