Una sucursal que simboliza nuestro viaje al pasado – Por Ana Oramas

Existen decisiones que, aunque parezcan insignificantes, se erigen como el ejemplo más gráfico de la insensibilidad y el desprecio con el que, casi siempre, actúan quienes desconocen la realidad insular. El último ejemplo es el caso del cierre de la sucursal de Bankia en la isla de La Graciosa. Una decisión adoptada por una entidad bancaria pública, nacionalizada por el Gobierno, y cuyo rescate pagamos todos los ciudadanos.

El cierre de la oficina, que tan sólo abría dos días a la semana, y el futuro incierto de su cajero, que estuvo averiado durante diez días en plena temporada turística de agosto, supone un duro revés y una amputación de los derechos que asiste a una Isla en la que viven muchos pensionistas y cuya economía depende, en gran medida, del sector turístico.

Existen decisiones, como comentaba al principio de mi artículo, que arrastran miserablemente al pasado a toda una Isla, en este caso La Graciosa, cuyos esfuerzos para subsistir en una etapa económica tan difícil como la que vivimos se ven truncados por desafortunadas imposiciones que, aunque parezcan insignificantes, generan dificultades añadidas al hecho de vivir en un territorio que sufre las consecuencias de una triple insularidad.

El cierre está previsto para el próximo mes de octubre y, casi a contracorriente, los más de 600 habitantes de La Graciosa, con el apoyo de los canarios y canarias del resto del Archipiélago, han iniciado una cruzada para tratar de convencer a los obtusos directivos de Bankia de que su decisión es intolerable en un territorio en el que su entidad y su cajero son los únicos que existen en la Isla. Bankia les arroja a una situación surrealista en pleno siglo XXI. Les obliga, en el caso de que se cierre la oficina, a realizar un viaje en barco de 25 minutos hasta el puerto de Órzola, en Lanzarote, y una vez allí completar en coche o en guagua el trayecto que existe hasta la oficina más cercana, situada en Haría. Es decir, un costoso y largo viaje para realizar una simple operación bancaria.

Existen otros municipios canarios que también se verán afectados por el masivo cierre de sucursales decretado por Bankia, y cuyos vecinos tendrán que realizar largos desplazamientos a partir de ahora para realizar cualquier consulta en su banco, como son los casos de la cumbre grancanaria, pero el ejemplo más sangrante es el que se plantea en la isla de La Graciosa. No en vano, se trata de una decisión que, habiendo sido adoptada por una empresa pública, vulnera toda la arquitectura legal y de derechos que hemos logrado y que amparan la diferencia de vivir en un territorio aislado. ¿Qué van a hacer a partir de octubre aquellas personas mayores a las que no les vale la solución de Internet? ¿Por qué se obliga a un ciudadano a perder toda una mañana para realizar una operación bancaria y que, además, tenga que realizar un importante desembolso económico en el pago del transporte en barco y en guagua, además de los gastos complementarios que conlleva estar fuera de casa casi medio día?

Las protestas de los vecinos de La Graciosa van mucho más allá del cierre de una oficina bancaria. Es muchísimo más que eso. Es una nueva reivindicación de una Isla que muchas veces se ha sentido sola y cuyos ciudadanos han visto cómo muchas veces sus reivindicaciones naufragan antes de cruzar el estrecho brazo de mar que les separa de Lanzarote.

Lo que reclama La Graciosa es la esencia de la demanda histórica de Canarias. Y esa esencia es la que nos une a todos en una protesta en la que los hombres y las mujeres de La Graciosa no estarán solos. Por ello, el presidente del Gobierno de Canarias intentará la próxima semana alcanzar un acuerdo con el máximo responsable de Bankia y, al mismo tiempo, trabajaremos en Madrid para que haya un acuerdo razonable.

Ana Oramas es DIPUTADA DE COALICIÓN CANARIA EN EL CONGRESO