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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anula las normas de conservación del Monumento Natural de Montaña de Tindaya

EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado las normas de conservación del Monumento Natural de Montaña Tindaya (Fuerteventura) aprobadas por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) en el año 2010 y que daban cobertura al proyecto del escultor Chillida.

Así lo informó este jueves Ben Magec-Ecologistas en Acción durante un acto en el que también señaló que la decisión de los tribunales obedece al recurso presentado por la Federación ecologista.

En este sentido, la organización presentó un recurso sobre el acuerdo adoptado en sesión celebrada el 26 de febrero de 2010 por la COTMAC, de aprobación definitiva de las Normas de Conservación del Monumento Natural de la Montaña de Tindaya (F-6), dentro del término municipal de La Oliva.

El fallo estima parcialmente el contencioso administrativo interpuesto por Ben Magec frente a la disposición de la COTMAC, que anula «respecto de las determinaciones que se refieren a la categoría de suelo rustico de protección cultural 4 (SRPC4), sin imposición de costas».

La sala señaló que la sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo, «pero sólo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas en esta sentencia».

«Desprecio a los valores culturales intrínsecos de la montaña»

Por su parte, la federación ecologista expuso en un comunicado que uno de los aspectos centrales del fallo «es la indefensión jurídica y el desprecio a los valores culturales intrínsecos de la montaña por parte de unas administraciones que deben ser las responsables de dichos valores».

Además, comentó que la sentencia cuestiona el mecanismo para garantizar la protección de unos bienes arqueológicos a través de una figura y de una norma que no le pertenece, las Normas de Conservación del Monumento Natural.

«La dejación política que ha existido -agregó Ben Magec- es especialmente grave si tenemos en cuenta que durante cerca de 20 años se ha venido solicitando al Cabildo de Fuerteventura y al Gobierno de Canarias que delimiten de una vez por todas el BIC, algo de obligado cumplimiento por la Ley. La sentencia alude al Decreto del Gobierno de Canarias del año 1992, de la fallida delimitación del BIC y le hace responsable de las actuaciones por acción u omisión derivadas de dicho acto administrativo y de la no resolución del mismo».

Exigen la dimisión de Domingo Berriel

Además, los ecologistas exigieron la dimisión del consejero regional del área, Domingo Berriel, o su cese por parte del Gobierno, «como responsable de esta última artimaña legal y por su vinculación al proyecto de Chillida desde sus inicios, costándole casi 25 millones de euros a las arcas públicas».

«Una vez más se demuestra, en este caso por los tribunales, que el proyecto de Chillida no ha tenido, ni tiene, encaje técnico, legal, ni económico. La sentencia sobre el recurso de Ben Magec, ha venido a dejar claro que las leyes y las normas no se pueden hacer o interpretar al antojo de cada cual, y menos aún por parte de un Gobierno que tiene las competencias y las responsabilidades de defenderlas y a través de ellas de defender una montaña que tiene las máximas categorías de protección de las islas», aseveró la organización.

Por último, Ben Magec entendió que esta sentencia «debería ser el comienzo de una nueva andadura para Tindaya, en que se pueda poner en marcha un proyecto alternativo que proteja y enriquezca sus verdaderos valores, poniéndolos al servicio y disfrute de la sociedad».

«Para ello, propondremos en el próximo Consejo Federal de Ben Magec, del día 21 de septiembre, una propuesta en esa dirección. Ahora, lo que esperamos es que ni el Gobierno de Canarias ni el Cabildo de Fuerteventura interpongan recurso de casación contra la referenciada sentencia», concluyó.