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Alzamiento nacional – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

Todos los especialistas españoles y extranjeros se muestran de acuerdo en que la polémica -o el debate- sobre el carácter federal del Estado de las Autonomías no tiene contenido y es estéril e innecesaria, porque España es materialmente un Estado federal. Los elementos federales se encuentran intensamente presentes en el modelo autonómico español y, al final, todo se convierte en una mera discusión nominalista, a las que tan aficionados somos los españoles, que creemos que por cambiar el nombre de la cosa cambia la cosa misma. Además, desde una perspectiva comparada, contamos con elementos suficientes para concluir que España es hoy en día uno de los Estados más descentralizados del mundo, si no el que más, y que los Estados miembros de muchos Estados formalmente federales quisieran contar con las competencias y la financiación con que cuentan muchas de las comunidades autónomas españolas, empezando por Cataluña y el País Vasco.
Los nacionalistas catalanes ya tienen el federalismo y no lo quieren. Quieren la independencia de Cataluña -su constitución como Estado independiente de España-. Y la quieren pase lo que pase con el federalismo y haga lo que haga España. Y hay que apresurarse a aclarar que esa independencia es un objetivo político legítimo, que no necesita justificarse con coartadas ni supuestos agravios. Ahora bien, es un objetivo político legítimo siempre que se persiga con respeto absoluto a dos condiciones fundamentales. Primera, de una forma exquisitamente pacífica, condición que parecen cumplir los nacionalistas catalanes pese a la violencia de sus manifestaciones callejeras. Y segunda, dentro de la legalidad constitucional, es decir, de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Ahí reside el problema del referéndum de autodeterminación con que amenaza la Generalitat. Además de su ausencia de legitimación competencial para convocarlo, la cuestión principal está en que supone un intento de reforma de la Constitución al margen de los procedimientos previstos por ella para su reforma. Pretender imponerlo en contra de la Constitución y la ley se llama golpe de Estado. Por muchas vueltas que le demos al federalismo. Y por mucho que hablen o no hablen Mariano Rajoy y Artur Mas.
El referéndum de independencia de Escocia se celebrará el 18 de septiembre del 2014. ¿Es extrapolable este referéndum de independencia a la situación catalana, como pretende el independentismo catalán? Rotundamente no. Y la respuesta negativa es tan terminante porque la Constitución británica difiere sustantivamente de la española y permite lo que la nuestra no. Es necesario repetir con la mayor claridad y contundencia que el artículo segundo de nuestra Constitución establece: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Es una disposición que no admite otra interpretación que no sea la que se deriva de su tenor literal. Y la consecuencia de ese tenor literal es que la independencia de Cataluña o de cualquier otro territorio, e, incluso, la mera convocatoria de un referéndum sobre este asunto quebrarían radicalmente la Constitución y alterarían tan categóricamente los fundamentos del sistema que requerirían, no ya la reforma constitucional previa, sino la derogación del texto constitucional y su sustitución por uno nuevo.
La cuestión no está en si el Gobierno catalán tiene o no tiene competencias para convocar un referéndum. Y ni siquiera en que el artículo primero constitucional dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, por lo que en un hipotético referéndum de independencia no deberían votar únicamente los catalanes sino todos los españoles. Son cuestiones importantes, pero que ceden ante la esencial: el orden constitucional se fundamenta en la unidad y la permanencia del Estado. Y la ruptura o destrucción de España con la actual Constitución suponen un vulgar golpe de Estado antidemocrático y al margen de la ley, como todos los golpes. A mayor abundamiento, el artículo octavo de la Constitución dispone, nada menos, que una de las misiones de las Fuerzas Armadas españolas es defender la integridad territorial de España y su ordenamiento constitucional.
Ya hace varios meses Artur Mas se permitió afirmar que “ni tribunales, ni Constituciones, ni nada de lo que nos pongan por delante frenará el camino de la independencia de Cataluña”. Son declaraciones alarmantes e inadmisibles en democracia, porque fuera de la Constitución y la ley, fuera del Estado de Derecho, no hay democracia posible ni hay derechos. Ni siquiera el derecho a decidir.
Los independentistas catalanes centran la cuestión en si el Gobierno español tiene voluntad política de autorizar el referéndum de autodeterminación o no. Pero no se trata de voluntad política. Si el Gobierno llegara a autorizarlo, violaría la Constitución y se convertiría en cómplice de un golpe de Estado. La carta de Rajoy a Mas lo expresa muy claramente: solo cabe el diálogo dentro de la legalidad. Y los propios nacionalistas deberían ser los primeros interesados en no conseguir la independencia por medio de un golpe de Estado. A no ser que prefirieran denominarlo un alzamiento nacional.
Hay antecedentes.