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Canarias echará un pulso a Wert si no modifica la nueva ley educativa

   

El consejero canario José Miguel Pérez, durante su comparecencia previa a la reunión en el Senado. | DA

El consejero canario José Miguel Pérez, durante su comparecencia previa a la reunión en el Senado. | DA

J. L. C. / EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife / Madrid

“El Gobierno central y el Partido Popular (PP) están a tiempo de evitar un grandísimo error si no aprovechan esta última oportunidad que les ofrece el procedimiento parlamentario y retiran el proyecto de Ley de Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). De no ser así les anticipo que Canarias no realizará una implantación del nuevo sistema educativo de forma mecánica, sino que realizaremos una implantación basada en criterios de justicia y racionalidad”. Así de contundente se manifestó ayer el vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno canario, José Miguel Pérez, durante una comparecencia conjunta de los consejeros de Educación de las autonomías donde no gobierna el PP, previa a su intervención en la Comisión General que debatió en el Senado el informe sobre el contenido autonómico de la LOMCE.

“Si el Gobierno de Rajoy no da marcha atrás, nosotros llevaremos una implantación de la ley que evite todos los efectos indeseables de reducción del nivel de equidad que ya hemos alcanzado, así como todas aquellas consecuencias irreversibles y perniciosas que puedan condicionar en el futuro la aprobación de una nueva ley de educación”.

En un adelanto de su comparecencia, entre otros aspectos, José Miguel Pérez destacó, especialmente, la ruptura del actual sistema de distribución de competencias autonómica y la carga financiera que, para las comunidades autonómicas, supondrán la implantación de la reforma. “La LOMCE, expresión de una doctrina política y económica que desconfía de la capacidad del Estado para mejorar la calidad de la educación, es una auténtica revisión del derecho a la educación tal y como se expresa en nuestra Constitución, que elimina su carácter de servicio público y la convierte en una relación clientelar”, agregó.

“Allí donde la mayor parte de la sociedad ha visto una oportunidad para reforzar la solidaridad con los más desfavorecidos por la crisis, el Gobierno de Rajoy sólo ha visto una oportunidad para hacer de la Educación un negocio y asegurar una reducción notable del peso que en el sector público tiene este ámbito”.

En cuanto a la propuesta de financiación de la LOMCE, José Miguel Pérez señaló que es “muy poco realista” en la estimación de los costes y “carente de criterios” en cuanto a la asignación de los recursos a las comunidades autónomas. “Mucho me temo que se pretende modificar el sistema educativo cargando los costes sobre las arcas de las comunidades, de modo que, si llegara a implantarse el sistema en estas condiciones, resultaría insostenible. Con el actual modelo de financiación su implantación será imposible”.

Tras escuchar las quejas del propio José Miguel Pérez, el ministro José Ignacio Wert ofreció a los responsables autonómicos la disposición de su departamento a revisar el calendario de aplicación de la ley para que se ponga en marcha de forma “escalonada”, no sin advertir de que esta concesión no va a afectar a la entrada en vigor de la normativa. Asimismo, reconoció que la financiación de la norma irá ligada al calendario de aplicación de la misma, si éste se modifica. “Quiero poner de manifiesto ante esta comisión la disposición del Ministerio de Educación de entablar, en el marco de la discusión de esta cámara y a través del Grupo Popular, la revisión del calendario de aplicación, que no afectaría en ningún caso a la entrada en vigor de la ley, pero que podría plantear un escalonamiento”, recalcó el ministro.