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La capital anuncia una unidad para perseguir el fraude fiscal

   

Alberto Bernabé, ayer, durante la celebración del pleno en el Ayuntamiento de Santa Cruz. | FRAN PALLERO

Alberto Bernabé, ayer, durante la celebración del pleno en el Ayuntamiento de Santa Cruz. | FRAN PALLERO

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife demostró ayer de manera fehaciente lo necesario de su ya anunciada restructuración. 12 horas de sesión plenaria no es ni práctico, ni eficiente, para unos vecinos que, aunque quisieran, poco pueden saber o conocer de lo que allí se debatió, más allá de lo que en las páginas de los medios de comunicación se refleje. Unos vecinos que a partir del próximo año tendrán un poco más difícil el no cumplir con sus obligaciones fiscales ya que, según anunció el concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, quieren “dedicar recursos humanos para que supervisen un plan de revisión del fraude fiscal en Santa Cruz”. Una unidad que podrá formarse gracias a la liberación de personal que se conseguirá con el pretendido aumento de la domiciliación de recibos, objetivo último de la propuesta de bajar impuestos para los vecinos que domicilien.

La modificación de las ordenanzas fiscales de cara al próximo año centró la parte matutina del pleno y su discusión fue la que dio pie a que Bernabé anunciara esa intención municipal de perseguir a los defraudadores. El edil presentó oficialmente la propuesta del Ayuntamiento de bonificar con el 3% a los vecinos que opten por pagar la contribución, el rodaje y la basura a través de la domiciliación bancaria, opción que se transformará en una subida del 2,9% para los que no lo hagan.

El PP criticó esta propuesta asegurando, en palabras de Alexis Oliva, que es una subida de impuestos sin más, “el tamaño de este Ayuntamiento hace insostenible su mantenimiento y por eso suben los tributos”. Sí se puede también criticó la medida ya que, según Pedro Fernández Arcila, perjudica a los más débiles: “Las personas mayores que no domicilian y las de menos recursos que tampoco lo hacen por miedo a los embargos”.

Grandes empresas
Alberto Bernabé también anunció que las empresas que facturan más de un millón de euros, que en la capital son 1.200, las únicas que deben pagar el impuesto de actividades económicas (IAE), también se verán beneficiadas de la bonificación del 3% si domicilian sus impuestos. Las que no lo hagan sufrirán un incremento medio del 3,17%.

Esta última medida, como denunció Sí se puede, hace que el recibo por este impuesto, cuyo coste medio por empresa es de 1.100 euros, apenas se vea modificado. En este punto, todos los grupos de la oposición coincidieron en que las bonificaciones a las empresas deberían ir aparejadas al fomento del empleo.

Impulso a las terrazas
Y siguiendo con las bonificaciones, el edil de Hacienda también ratificó una nueva rebaja en la tasa de ocupación de la vía pública del 20%, llegando así al 50% de rebaja de esta tasa. Junto a este anuncio, el concejal de Obras y Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, también comunicó que se modificará la ordenanza que regula su instalación para proceder a la retirada “forzosa” de las mesas y sillas de los negocios que sean reincidentes en los incumplimientos de horarios y ruidos. Detalló Arteaga que en la actualidad existen 211 licencias de terrazas, de las que 104 fueron concedidas entre 2012 y 2013, y que solo 9 expedientes están en trámite.

El PP recordó que esta ordenanza, la de las terrazas, también regula las tasas de ocupación y paso por obras, denunciando que no se ofreciera rebaja alguna en estos importes. El concejal Carlos Garcinuño puso como ejemplo que el traslado de seis metros cuadrados de hormigón durante 700 metros por una calle de la ciudad supone el pago de una tasa de 1.200 euros. “Por una obra de 30.000 euros se pagan 5.000 euros de tasas”, añadió el edil, quien invitó al equipo de gobierno a trabajar para la rebaja de estos importes.

Urbanismo modificará el PGO en un año
Aunque aún no se ha publicado la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, que se producirá una vez introducidas las modificaciones marcadas por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (Cotmac), el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, anunció que, en cuanto pase el año que marca la ley para poder cambiar el documento tras su entrada en vigor, procederá a su modificación.

Martín señaló que este cambio consistirá en “reconducir ciertas áreas urbanizables para devolverlas a la categoría de rústicas”. El primer teniente de alcalde justificó este cambio en que se trata de un plan “obsoleto” en el que no se recoge la realidad del municipio, ya que las previsiones de crecimiento de población son mucho menores que las que establece el documento que lleva tramitándose durante más de 10 años.

El concejal respondía así a la moción presentada por el Partido Popular para agilizar la publicación definitiva del PGO para que entre de una vez en vigor. Ana Zurita recordó que fue en julio cuando la Cotmac dio su visto bueno al documento y por el que aún se sigue esperando, recordando a Martín, “la pachorra” que se gasta el equipo de gobierno para según qué asuntos.
La edil popular le pidió a Martín que se pusiera a trabajar y sacara adelante de una vez las soluciones para el fuera de ordenación. El concejal de Urbanismo a su vez respondió a la edil popular que se aclarara sobre su apoyo o no a este plan y a las soluciones aportadas.

Escenificación de una ruptura
Pocas veces una moción puso tan de manifiesto las maneras que, a veces, al tener una mayoría suficiente para gobernar, afloran en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Ayer, la propuesta que llevaba Guillermo Guigou para debatir la situación del taxi y que presentaba el concejal de Ciudadanos en nombre de una de las asociaciones del sector, la UTAT, se convirtió en una suerte de demostración de fuerza del equipo de gobierno frente a la citada organización, al “imponer”, según denunció Guigou, que al turno de participación ciudadana que acompañaba la propuesta, leída por el presidente de la UTAT, Carmelo Peña, se sumaran otras dos intervenciones, ambas favorables a la postura municipal sobre el intrincado asunto de los taxis en la capital, siendo una de ellas casi una loa a la persona del concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga. El equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, defendió la legalidad de esta fórmula, ya que las otras dos asociaciones intervinientes solicitaron en tiempo y forma poder participar. Guigou se mostró indignado por la situación y recibió el apoyo de toda la oposición que coincidió en señalar que esta forma de actuar sirvió para demostrar lo supeditada que está la Mesa del Taxi a los designios del equipo de gobierno. Lo que sí quedó claro es la necesidad urgente de los taxistas de tener una única voz para evitar espectáculos como los de ayer.