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La certificación de Anaga, sin datos anteriores a 1988 como exige Costas

   

Igueste de San Andrés

Igueste de San Andrés es uno de los núcleos afectados, junto a Roque de las Bodegas, Almáciga y Tachero. / DA

N. TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Luz, agua y acceso rodado son tres de las exigencias que la polémica Ley de Costas, recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Canarias, hace a los núcleos costeros que invaden la servidumbre del dominio marítimo terrestre para legalizarlos, reduciendo esa servidumbre de 100 a 20 metros, siempre y cuando contaran con esos servicios antes de 1988. Esta particularidad de la ley supone que, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, la totalidad de los núcleos de Anaga afectados: Tachero, Roque de las Bodegas, Almáciga e Igueste de San Andrés, puedan, con una simple certificación municipal, quedar legalizados, informe que el Consistorio anunció fue enviada el pasado mes de julio. Ayer, Sí se puede denunciaba, mediante un comunicado, que el documento que se ha enviado a Madrid, justificando la condición de urbanos de los citados núcleos, no recoge ningún indicio de tal condición antes de 1988 tal y como exige la normativa.

Concretamente, en los documentos a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, se ofrece una descripción física de los lugares que viene recogida tanto en planeamiento municipal de fecha de 2001 como en la Renovación Parcial del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Anaga, en el que, tras acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) se incluyó un anexo con la descripción de los asentamientos rurales de la zona: Tachero, Almáciga, Roque de las Bodegas e Igueste de San Andrés. El acuerdo tiene fecha de 2007.

El único informe que se adjunta al de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo es el que firma Emmasa certificando que aún faltan algunos servicios por completar en la zona, concretamente señala que falta por solucionar el tratamiento final de las aguas residuales en el barrio de Taganana. Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se puede, afirmaba de manera tajante que “esta documentación no solo no se ajusta a lo que pone la Ley de Costas sino que además incluso podría ser perjudicial para los propios vecinos”. “La Ley de Costas aprobada por el Partido Popular (PP) no resuelve nada y encima ahora nos encontramos con que el Ayuntamiento disponía de un plazo de tres meses para presentar la documentación, pero lo ha hecho mal”, añade el edil. Por todo ello, Fernández Arcila pidió que el alcalde, José Manuel Bermúdez, se reúna con los vecinos y les explique cuál es el estado real de la situación en estos momentos.

Zonas del parque rural

En la documentación que el Ayuntamiento ha enviado tanto a la Cotmac como a Madrid (este último paso solo para dejar constancia de que ya se ha entregado dado que es el Gobierno de Canarias quien tiene que remitirla de manera oficial), se observan los distintos mapas de situación de cada uno de los núcleos costeros y la descripción física de los lugares. En las fichas de cada una de las zonas se describen cuestiones como el número de viviendas, el número de vecinos, los servicios con los que cuenta en esa fecha o el tipo de carretera y el estado en el que se encuentra para su acceso. Todo ello siempre en base al acuerdo firmado por la Cotmac en el año 2007.

Martín, convencido de que es suficiente

El primer teniente de alcalde de Santa Cruz, José Ángel Martín, decía en la tarde de ayer estar absolutamente convencido de que la documentación aportada a la Cotmac “es suficiente”. “Lo que se nos pide es que se acredite que esos núcleos están y eso es lo que hemos hecho”, argumentó. De todas formas, Martín admitió que revisarán en profundidad la documentación aportada por si hay algo que no sea correcto o si falta algún tipo de justificación. El también edil de Urbanismo insistió en que “si la Cotmac necesita de más documentación solo tiene que pedirla y aún no lo ha hecho”.

“Estamos convencidos de que hemos hecho lo correcto porque nos hemos reunido con los vecinos y sus abogados para consensuar la documentación a enviar y es lo que hemos hecho”, añadió Martín. El primer teniente de alcalde insistió en que “con la ley anterior, cuando la Cotmac reconoció como urbanos estos núcleos, ya pensábamos que era suficiente pero Costas se negó a reconocerlo y lo que ha hecho es no admitir la singularidad de nuestros asentamientos rurales, que se equiparan a los urbanos en el resto del territorio”.

Aún así, José Ángel Martín admitió que si Costas rechazara esta certificación podrían recurrirla o añadir una nueva documentación puesto que aún se está en plazo (tres meses) para hacerlo.