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El CES plantea un aumento de las competencias tributarias canarias

   

Sede de la Administración Tributaria Canaria

La ley 9/2006 alumbra la creación de un organismo público responsable de la aplicación del sistema tributario canario. / FRAN PALLERO

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

La agencia tributaria es un tesoro. En los últimos años, las comunidades autónomas han venido desplegando estos organismos públicos en el ejercicio de la corresponsabilidad fiscal. Canarias se encuentra en ese proceso. En su dictamen al anteproyecto de ley, emitido recientemente, el Consejo Económico y Social (CES) vincula la creación del ente a una reforma del Estatuto de autonomía que implique una ampliación de las competencias en materia tributaria.

En su respuesta al Gobierno regional, el CES hace constar que “el aumento de las competencias tributarias de las comunidades autónomas está conduciendo a un replanteamiento” que presenta dos opciones básicas: la estructura tradicional para la gestión de los distintos recursos asignados o fórmulas más flexibles”. Varias comunidades se han decantado por la Agencia Tributaria. En las Islas, la aplicación efectiva y el ejercicio de la potestad sancionadora del sistema tributario canario es el objeto de la Administración Tributaria Canaria. Así figura en un borrador consultado por este periódico. De mantenerse la redacción tal cual, se limitará prácticamente a simplificar y unificar gestiones que ya se están ejecutando.

Sin embargo, al abrirse el melón de la reforma del Estatuto de autonomía cambia el escenario. El proyecto de 2006 ya concedía a la Comunidad Autónoma “plenas atribuciones para la ejecución y organización” de las tareas de gestión, liquidación, recaudación e inspección de nuestros propios tributos, sin perjuicio de la colaboración que se pueda establecer con la administración tributaria del Estado”. A tal efecto se fijaba la constitución de una Agencia Tributaria en el ámbito de Canarias.

El artículo 185 del futurible Estatuto enuncia que “la gestión, liquidación, recaudación e inspección de sus propios tributos corresponderá a la Comunidad Autónoma de Canarias, la cual dispondrá de plenas atribuciones para la ejecución y organización de dichas tareas, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecer con la Administración Tributaria del Estado”. En cuanto a los tributos cedidos, se lee en el 185.2, “la Comunidad Autónoma asumirá por delegación del Estado la gestión, liquidación, recaudación, inspección o revisión sin perjuicio de la colaboración” entre las administraciones.

En este marco, el CES entiende que el progresivo incremento de de los recursos financieros aconseja redefinir las competencias para diseñar la organización y la estructura de la Administración Tributaria acorde al potencial de la Comunidad Autónoma.

Los técnicos de Hacienda lo ven con buenos ojos siempre que no se den palos de ciego, que se respete la unidad de mercado.

oficina tributaria Agencia Tributaria

Contribuyentes en una delegación de la Agencia Tributaria. / EP

Derechos y garantías del contribuyente

El CES considera que es absolutamente necesario “optimizar al máximo los recursos humanos y materiales disponibles” en la gestión de los tributos. Con la intención de que se produzca al menor coste posible y se refuerce la seguridad de los ciudadanos, el órgano recomienda que se elabore un Estatuto de Defensa del Contribuyente.

En realidad, desde 1998 existe una ley nacional de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. “La ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad”. La información y la asistencia son dos preceptos fundamentales.