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En defensa de los servicios públicos – Por Fernando Clavijo Batlle*

   

Tal y como viene siendo habitual en el Gobierno que preside Mariano Rajoy, el pasado jueves en el Congreso se dio un paso más en la aprobación de lo que el PP llama Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración local y que no es otra cosa que una reforma global de la ley vigente, que esconde recortes, paro y más cargas sobre los hombros de los ciudadanos. Con el rechazo del PP a las enmiendas a la totalidad, los populares muestran su intención de actuar en este como en otros asuntos, de manera unilateral y sin buscar el consenso.

Deberíamos estar acostumbrados ya a este tipo de maniobras de un Gobierno que, sistemáticamente, disfraza la realidad cuando no miente de manera descarada. Un Gobierno que es capaz de rescatar bancos con dinero público y olvidarse de las personas para quienes trabaja, de decir que los sueldos y las pensiones suben y negar el desmantelamiento del estado de bienestar que se está llevando a cabo de manera unilateral, cruel e injusta con los ciudadanos.

Pero esta no es una ley cualquiera. En este caso, por la gravedad de lo que se nos viene encima, esperábamos que la presencia de 2.500 alcaldes en Madrid para defender los derechos de los ciudadanos les hiciera, al menos, pensárselo. No ha sido así, y aunque aún quedan las enmiendas al articulado, que están todavía en plazo de presentarse, estamos convencidos de que no va a haber ningún cambio sustancial en el grueso de esta ley, por lo que, tal y como anunciamos, habrá que continuar hasta el final y tomar nuevas medidas, llegando hasta el Tribunal Constitucional, porque lo que aquí se vulneran son derechos recogidos en la Carta Magna.

No podemos olvidar, como recordó Ana Oramas, diputada de CC-NC en su intervención, el pasado jueves, para oponerse a la ley, que la aprobación de la misma va a destrozar uno de los grandes pactos de la Democracia, la descentralización de competencias, que, aparte de una manera de hacer más eficaces y cercanos los servicios al ciudadano, ha sido durante décadas la pieza de un pacto que mejoró sustancialmente la calidad de vida y la atención a las necesidades de nuestros vecinos. No podemos y no debemos obviar que son miles de ciudadanos y ciudadanas los que van a cargar, de nuevo, con lo peor de esta crisis. No podemos pasar por alto que lo que el Gobierno del Estado llama, cínicamente, “ahorro” no es más que un nuevo y brutal recorte en los servicios básicos, que solo producirá más desempleo y hará aún más profunda la fractura social existente.

Los alcaldes tenemos una obligación que va más allá de nuestras siglas. Nuestro compromiso es, en primer lugar y por encima de todo, con los ciudadanos y ciudadanas, con los habitantes de nuestro municipio.

Quien no lo entienda así es que no ha comprendido que este es un trabajo en el que hay que tener bien presente el fin primero y último de la política: el servicio público.
Los alcaldes que estamos en contra de esta ley, por tanto, en el ejercicio de nuestra responsabilidad como servidores públicos, y conociendo de primera mano las necesidades de nuestros vecinos, vamos a continuar luchando para que no se lleve a cabo lo que consideramos un atropello sin precedentes en la historia de la Democracia.

*ALCALDE DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA