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El aviso de Bruselas por el catálogo no afecta al puerto de Granadilla

   

Puerto de Granadilla

Obras Puerto de Granadilla. / F. PALLERO

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La advertencia que ha hecho la Comisión Europea a España para que modifique la ley del catálogo de especies naturales protegidas de Canarias por vulnerar la legislación comunitaria no afectará sin embargo a las obras del puerto de Granadilla, puesto que el reparo europeo se refiere al inventario de flora y fauna que requiere protección, pero no al sebadal como ecosistema.

Así lo explicaron ayer tanto el director del Observatorio Ambiental creado para supervisar la corrección del impacto ambiental de esta obra, el biólogo Antonio Machado, como la portavoz nacional de Greenpeace en materia de Costas, Pilar Marcos, y el portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Fran Castro, quienes, sin embargo, coincidieron en criticar las prisas e irregularidades con las que se aprobó en 2010 el nuevo catálogo, que permitió desbloquear la ejecución del este puerto mediante la desprotección de los sebadales.

El Gobierno canario debe ahora aprobar una nueva ley de especies que respete la Directiva sobre Hábitat, pues la Comisión Europea (CE) la considera vulnerada. Y es que se rebaja en Canarias la protección a 19 especies protegidas en dicha directiva a las que sólo se garantiza ya su preservación si están dentro de la red de espacios naturales protegidos, con arreglo a una nueva categoría, inexistente en la legislación europea y estatal, denominada “de interés para los ecosistemas de las Islas Canarias”. “Es decir, no están protegidas fuera de la red, donde por lógica necesitan más protección, en lugar de menos”, enfatiza la CE en el documento sobre su advertencia a España por este motivo.

Sostiene el ejecutivo europeo que, si bien el Gobierno español le ha respondido que el Catálogo Nacional -que sí cumple con la citada directiva- prevalece sobre el canario, la realidad es que “la existencia de dos sistemas de protección superpuestos [el regional y el estatal] se traduce en un marco legal ambiguo e incierto”, y hace que su aplicación sea “poco clara, imprecisa y de efectos impredecibles”. De ahí que dé un plazo a España para que modifique la ley canaria o, de lo contrario, denunciará el caso ante los tribunales de Justicia. Sin embargo, Machado y Castro indicaron que la Viceconsejería de Medio Ambiente tiene preparada desde hace más de un mes una revisión del catálogo, a la que incluso Ben Magec ha presentado alegaciones, aunque ayer ningún cargo de la Consejería autonómica de Sostenibilidad hizo declaraciones al respecto.

El director del Observatorio Ambiental admitió que la ley de 2010 (aprobada en el Parlamento canario con el no del PSC y el sí de CC y PP) se hizo “sin rigor y supeditada a presiones de todos lados”, sin antes cambiar el catálogo nacional y los anexos de la directiva europea, “y eso ha creado un lío, del que va a salir un esperpento”. “Se perdió una gran oportunidad”, apostilló.

Por su parte, la portavoz de Greenpeace dijo que, si bien esa resolución de la CE no parará las obras del puerto, ya avanzadas, le queda “la sensación de algún día la Justicia responderá a esta barbaridad, pues ha habido connivencia política para que prevaleciera la destrucción del medio ambiente”. En esta línea, desde Ben Magec, Fran Castro afirmó que “se ha demostrado que el nuevo catálogo es un disparate, que se hizo deprisa y corriendo para permitir el cambio de categoría de las sebas (que la UE protege en zonas declaradas de especial conservación, no como especie) y hacer este puerto”. “Y aquello que nos rechinó aquí entonces, proteger una especie solo en espacios protegidos, les ha rechinado también ahora en Bruselas”, remachó el ecologista.