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Ben Magec exige la retirada del proyecto monumental de Tindaya

   

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

Ben Magec-Ecologistas en Acción solicita que se retire el proyecto monumental de Tindaya (Fuerteventura) ante la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que desestima el recurso presentado por el Gobierno de Canarias, en el que solicitaba la devolución de 22,73 millones de euros –12,73 millones adelantados a las empresas adjudicatarias del proyecto de Chillida, que no realizaron ninguna actuación, y 10 millones por daños y perjuicios–.

La federación ecologista pide, en una nota, que se investigue a los responsables del “desfalco” de los más de 41 millones de euros que se han gastado ya “sin tocarse una piedra”, y solicita que, además de cumplir con las medidas sancionadoras que les correspondan, “los culpables respondan con su patrimonio personal para evitar un daño aún mayor a las expoliadas arcas públicas”.

“Este es uno de los mayores escándalos políticos y económicos de la historia reciente de Canarias”, explica.

Según la organización, “el proyecto de Chillida ha dado pie a un desfalco que no sólo ha supuesto lo que se reclama ahora [12 millones de euros] sino que ha arrastrado otra ingente cantidad por el pago de los intereses al crédito concedido por el Banco de Santander para hacer posible aquella fraudulenta operación, a lo que hay que sumar los dos millones que el Tribunal hace pagar al Gobierno de Canarias”.

Además, señala que la Audiencia de Cuentas de Canarias ha venido en estos últimos años reclamando, sin éxito, a Proyecto Monumental de Tindaya que entregue sus cuentas anuales, y aclara que el resultado del proceso judicial sólo ha significado una “enorme pérdida económica” para las arcas públicas, si bien “aún no existen culpables”.

Según manifiestan los ecologistas, “buena parte de quienes participaron en aquel contrato fraudulento en febrero de 1999 siguen con cargos de responsabilidad, y nunca se supo dónde fue a parar el dinero [1.960 millones de las antiguas pesetas] para gastos de estudio e implantación que nunca se hicieron”.

Ben Magec-Ecologistas en Acción solicitará que se reabra la investigación a partir de la denuncia que presentó en su día el propio Gobierno de Canarias y de la información manejada por la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias.

Solicitará, al Gobierno de Canarias, asimismo, “que aporte una información abierta y transparente sobre este escándalo y sobre la relación que han podido tener algunas personas vinculadas a este asunto y que en su día declararon como imputados o testigos”.

Entre ellos, Ben Magec cita a Lorenzo Olarte como “inspirador” de la empresa pública Saturno, quien promovió desde sus inicios el proyecto de Chillida y que constituyó la empresa Proyecto Monumental de Tindaya, “quién movía todos los hilos del tema Tindaya”, a Julio Bonis, “hoy en Estados Unidos y recientemente acusado de participar en un caso de corrupción ahora investigado con el hijo de Jordi Puyol”, o a José Carlos Francisco, actual presidente de CEOE-Tenerife.

APOYO DEL PSOE

También invitan a PSOE y Nueva Canarias a que manifiesten su posición públicamente, como parte personada en aquella denuncia del Gobierno de Canarias en el año 2001, “para que cumplan su palabra de llegar al fondo de este asunto”, y especialmente de los socialistas, tras conocer este jueves que el Ejecutivo quiere seguir adelante con el proyecto.

Además, denuncia la “nueva jugada” del Cabildo de Fuerteventura sobre la “irracional e ilegal” delimitación del Bien de Interés Cultural de la montaña de Tindaya.

En su opinión, “no sólo no cumplen el mandato del Tribunal uperior de Justicia de Canarias de garantizar la protección de los grabados y los restos arqueológicos, sino que hacen una ridícula delimitación de dos metros a partir del grabado, algo sin precedentes en toda la política de gestión del patrimonio histórico del Estado, manipulando un informe técnico que dice claramente que el bien a proteger es toda la montaña y los yacimientos arqueológicos de la base”.

Esto deja entrever, según los ecologistas, “que se trata de un nuevo apaño para permitir la obra de Chillida saltándose la legalidad y la responsabilidad de proteger el patrimonio cultural de Fuerteventura”.