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El ‘controller’ jurídico – Por Marta Gómez Toledo

   

Nuestro actual Código Penal en vigor prevé que “las personas jurídicas serán responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostenten facultades de organización y control dentro de la misma, así como por sus empleados, por no haberse ejercido sobre ellos el debido control”.

La reforma del Código Penal que ya está en fase de tramitación parlamentaria viene a delimitar adecuadamente el significado del “debido control” que ya recoge el Código Penal en vigor, y así, exige a las Empresas que implanten un sistema de prevención de delitos, a fin de controlar los posibles fraudes que se puedan cometer en el seno de la empresa.

El tener esta figura constituida en las Empresas será lo único que les pueda salvar en caso de delito, eximiendo de responsabilidades penales a las empresas que implanten adecuadamente este “debido control”.

Las obligaciones de ese deber de control se condicionan por lo general a las dimensiones de la empresa. La ley permite optar entre designar para esta labor de control, a una persona concreta o a un órgano colegiado. Y también permite que se trate de alguien interno de la empresa o de un asesor externo.

Dada la importancia de la figura, exige el Código Penal una evaluación anual y cursos de formación para todo el personal que entra en la empresa.

Marta Gómez Toledo de GÓMEZ TOLEDO ABOGADOS-HISPAJURIS DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL
www.gomeztoledoabogados.com