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Leyes a la carta – Por Leopoldo Fernández

   

Da la impresión de que al Gobierno de Rajoy le entran las prisas por aprobar algunas leyes fruto de la coyuntura, y por tanto, oportunistas, de aluvión, hechas para salir del paso. Un ejemplo palmario de lo que afirmo es -aparte el esperpento que se produjo en el Congreso- la norma para impedir que los terroristas puestos en libertad tras la suspensión de la doctrina Parot puedan percibir las ayudas legales que les correspondan salvo si muestran arrepentimiento y piden perdón por sus actos. No se comprende que una disposición de esta naturaleza no esté en vigor desde hace años, porque constituye una supina injusticia que quienes han asesinado y causado enormes daños a la sociedad y al Estado se beneficien de ayudas, subsidios, subvenciones y otras prebendas sin ni compensar mínimamente, según las sentencias, las pérdidas materiales ocasionadas con sus intervenciones en atentados terroristas. Otro tanto sucede con la ley de huelga, que debería haber sido aprobada por mandato constitucional; como ni el PP ni el PSOE quieren enfrentarse a los sindicatos, se limitan a aplicar una serie de decretos de corte franquista y la jurisprudencia de los tribunales Constitucional y Supremo. Tras el conflicto de recogida de basuras y de limpieza de calles y parques y jardines en Madrid, donde no se cumplieron los servicios mínimos y se dañó gravemente la imagen de la capital española, el Gobierno, en vez de elaborar una ley de huelga y tratar de consensuarla con partidos políticos y sindicatos, prefiere tirar por la calle de en medio y acudir al parche, a la solución timorata y coyuntural, basada en una Ley de Servicios Mínimos que pretende compatibilizar los efectos del derecho de huelga con el escrupuloso respeto a los derechos de los ciudadanos. Tres cuartos de lo mismo sucede con la Ley de Seguridad Ciudadana, que va a ser una especie de fondo de saco en sustitución de la denostada ley Corcuera, y que puede poner en peligro algunas libertades, ya que acota en exceso asuntos tan dispersos como: escraches, contratación de prostitutas, insultos a la policía, quema de contenedores, práctica de botellones, escalada de edificios públicos, reuniones sin permisos ante las Cortes, daños el mobiliario urbano, uso de capuchas, cascos o elementos que dificulten la identificación, etc. Y es más de lo mismo, tras la denuncia de la Guardia Civil sobre el profesorado pro etarra en Navarra y los escándalos de pederastia, el anuncio de que pederastas y exterroristas no podrán acceder al profesorado. Lo dicho, tienen que producirse casos concretos para proceder a la modificación de las leyes, cuando la actitud previsora y cautelosa debería por sí sola orientar su revisión o elaboración.