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La nueva ley acota la expropiación del uso de la vivienda desahuciada

   

Inés Rojas

Inés Rojas, consejera de Políticas Sociales y Vivienda. / SERGIO MÉNDEZ

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Tras el precedente de Andalucía, cuyo decreto -ya convertido en ley- ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno de Canarias ha limado su anteproyecto de reforma de la Ley de Vivienda de 2003 para prevenir que determinados aspectos de la norma sean tumbados en el futuro. En el quizá sea su dimensión más delicada, el texto remitido ayer al Parlamento acota las circunstancias de la expropiación del uso -no la propiedad- de la casa sujeta a un desahucio por impago de la hipoteca.

En la disposición cuarta, sobre la declaración de interés social de la vivienda a efectos de expropiación forzosa, el Ejecutivo entiende que existe “un supuesto de especial vulnerabilidad cuando el lanzamiento afecte a familias con menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o parados sin derecho a prestación”.

Tal como explicó en rueda de prensa la consejera Inés Rojas, estos expedientes recaerán sobre las viviendas vacías, como consecuencia de un lanzamiento hipotecario, que estén en manos de las entidades financieras (no físicas). Será por un plazo máximo de tres años.

“La persona beneficiaria quedará obligada al pago a la Administración de una cantidad en concepto de contribución al pago de justiprecio, en cuantía no superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar que conviva en ella ni superior a la cuantía del justiprecio”, detalló la titular de Políticas Sociales y Vivienda.

Rojas hizo hincapié en la “interesante novedad” de que la intervención de los poderes públicos, hasta ahora restringida a las viviendas de protección oficial, se amplía al mercado libre al objeto de poner a disposición de la “ciudadanía con mayor necesidad” todos los inmuebles deshabitados que sean propiedad de bancos o inmobiliarias.

El registro de casas vacías

En ejercicio de sus “competencias”, la comunidad autónoma de Canarias creará un registro de Viviendas Deshabitadas y activará los mecanismos para movilizar las casas vacías. El proyecto de ley establece que la vivienda “no está habitada cuando no se destine efectivamente al uso residencial previsto por el ordenamiento jurídico o el planeamiento urbanístico durante más de seis meses consecutivos”. Se incluye, no obstante, una serie de excepciones.

Las inspecciones anotarán como desocupada una casa que no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o presente un nulo o escaso consumo.

Otros acuerdos adoptados por el consejo de gobierno

Una economista experta en auditorías y diálogo social, directora general de Trabajo

Ana Isabel Fernández sustituye a Gloria Gutiérrez. El secretario general del PSOE canario, José Miguel Pérez, ha optado finalmente por un perfil político bajo en el nombramiento de la sustituta de Gloria Gutiérrez como directora general de Trabajo. Su puesto lo ocupará Ana Isabel Fernández Manchado. No estaba muy lejos. Hasta ahora, era la jefa de servicio de apoyo en la coordinación del diálogo social y la gestión económica en la misma dirección general. Tras el abandono obligado de Gutiérrez para ocuparse en exclusiva al Parlamento, se da así continuidad a una labor elogiada desde diversos ámbitos. Y, de paso, se aplaca las tensiones internas en el PSOE de Tenerife. En medio del revuelo creado por la filtración de la propuesta de una funcionaria de la Consejería de Presidencia vinculada a Comisiones Obreras, Pérez encargó la búsqueda de una mujer de consenso y titulada en Derecho. En vista del dudoso éxito de la operación, ayer fue designada una licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense en la rama de Economía de Empresa y la especialidad de auditoría. Fernández Manchado está inscrita en el registro oficial de auditores de cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas, dependiente del Ministerio de Economía. Ha trabajado fundamentalmente en la Audiencia de Cuentas de Canarias. Su hipotética militancia en el PSOE no ha podido ser confirmada por este periódico. “Si tiene el carné es desde hace poquísimo tiempo”, comentan las fuentes consultadas. “Desde luego, no ha destacado por su activismo político”, apostillan. Previsiblemente, Gloria Gutiérrez tomará posesión del acta de diputada en el pleno de la semana entrante. Se sentará en el escaño que deja vacante, por las mismas razones de incompatibilidad, el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín.

Planes generales supletorios de tres municipios.
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial informó ayer al Consejo de Gobierno de la firma de tres convenios firmados con los municipios de La Orotava, Agaete y La Oliva, por los que el Ejecutivo regional asume, de forma supletoria, la redacción de sus respectivos planes generales de ordenación. Además, la consejería dio cuenta de cuatro adendas a convenios de este tipo suscritas el mes pasado con los ayuntamientos grancanarios de La Aldea de San Nicolás, San Bartolomé de Tirajana, Firgas y Moya.

Especies exóticas de langostinos para el cultivo.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto por el que se autoriza la introducción de dos especies exóticas de langostino para su cultivo en instalaciones en tierra, en Ingenio (Gran Canaria), por la empresa Langostino Real Canarias, SL, al considerar que la propuesta formulada es viable tanto desde el punto de vista ambiental como sanitario. En mayo, dicha entidad solicitó la autorización para un proyecto de acuicultura de engorde de langostinos Litopenaus vannamei y Penaus monodon. Los promotores deben cumplir unos requisitos medioambientales.