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La paradoja y la esperanza – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

El llamado por los medios conductor kamikaze de Polinyà del Xúquer (Valencia), Ramón Jorge Ríos Salgado, fue condenado a 13 años de cárcel por un delito de conducción cometido en 2003 con grave desprecio a la vida de los demás, en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito y una falta de lesiones, y una de daños. Su conducción temeraria ocasionó la muerte de un joven, en cuyo coche también viajaba la novia del fallecido, que sobrevivió al accidente. Pues bien, el Gobierno le indultó la pena de 13 años de prisión conmutándola por una multa de 4.000 euros, a pesar de que el Ministerio Fiscal y los jueces se opusieron al indulto, avalado tan solo por Instituciones Penitenciarias. Y fue el informe de la prisión de Alicante, en donde estuvo ingresado el kamikaze, el que utilizó el Ministerio de Justicia para justificar la medida de gracia. Claro que después se supo, ¡sorpresa, sorpresa!, que un hijo del ministro de Justicia trabajaba en el despacho de abogados de Uría y Menéndez que tramitó la petición del indulto. No olvide el paciente lector que estamos en España.

En un intento de desvincular a Alberto Ruiz-Gallardón de la arbitraria -e impresentable- decisión, el ministerio aseguró a los medios que el hijo del ministro desarrollaba su labor en otra área del bufete. Loreto Dolz, la hermana del joven fallecido por culpa del conductor kamikaze, manifestó al respecto: “El indulto pesará sobre Ruiz-Gallardón toda la vida”. Aunque hemos de tener en cuenta que los indultos los concede el Gobierno, cuya responsabilidad por sus actos es colectiva y solidaria. De modo que la cacicada fue perpetrada por todo el Gobierno, en este caso del Partido Popular. Pero hubiese sido igual con un Gobierno socialista. Seguimos recordando al paciente lector que estamos en España.

Por último, hace algunos días, después de tres jornadas de deliberaciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por la familia de la víctima, en contra de la opinión del Ministerio de Justicia, y ha anulado el indulto. Con anterioridad, la familia había entregado en la sede del Ministerio de Justicia en Valencia, en la calle Hernán Cortés, miles de firmas de rechazo a la medida de gracia.

La familia ya se mostraba esperanzada ante el anuncio del pleno de la Sala del Tribunal Supremo que iba a revisar el caso y resolver su recurso. “No existió ningún criterio de proporcionalidad en la decisión del ministerio”, afirmaba la hermana del fallecido, y añadía: “Si a todos los condenados a 13 años de prisión se les conmuta la pena por 4.000 euros no habría nadie en la cárcel”. En el mismo sentido, insistió en que “una multa no puede cambiar 13 años de cárcel”. Con el recurso, la familia del fallecido pretendía que ninguna otra familia se vuelva a encontrar en una situación similar.

Es lo que suele decirse en estos casos. Sin embargo lamentablemente, situaciones similares se siguen -y se seguirán- produciendo en este país, y otras familias se volverán a encontrar en tales situaciones. Porque es un problema derivado de nuestra cultura, de los valores que imperan en nuestra sociedad, proclive a la corrupción que suponen el amiguismo y el tráfico de influencias, entre otras cosas. Un problema semejante no tiene solución, salvo confiar en que las futuras generaciones sean un poco mejores que las actuales. Y los informes internacionales sobre nuestros niveles educativos y de formación, las reiteradas constataciones de nuestro fracaso educativo radical y sin paliativos, no invitan al optimismo.

Por eso la corrupción política y partidista está tan extendida entre nosotros y constituye una lacra que parece imposible erradicar. Es un simple reflejo de la corrupción social imperante y, en definitiva, responde a nuestras pautas culturales y nuestros valores sociales. La corrupción política -y social- española se está revelando como una corrupción de proporciones gigantescas, una corrupción generalizada y crónica que se ha instalado en la vida política española, y que, al parecer, ha venido para quedarse. Se trata de una corrupción ligada a la financiación ilegal que practican todos los partidos y a las relaciones inconfesables de los partidos con la banca y con el mundo empresarial. Una financiación ilegal y unas relaciones inconfesables en las que también participan los sindicatos hegemónicos y corporativos que sufrimos en España, unos sindicatos que no tienen nada que ver con el movimiento obrero y que actúan en la vida política española como grupos de presión salvaje. Y sin la molestia de tener que presentarse a las elecciones y pasar por las urnas.

La paradoja final se resume en que, ante la magnitud de la corrupción política española, la corrupción de los partidos y los sindicatos, los asuntos como el indulto de Ruiz-Gallardón, que en una auténtica democracia implicaría su dimisión o cese inmediato, se convierten en una mera anécdota consabida, una anécdota corrupta menor. No obstante, la sentencia del Tribunal Supremo que anula el indulto, aunque tardía, nos abre un horizonte de esperanza, la esperanza de que, a pesar de todo y después de todo, a lo mejor no todo está perdido y quizás todavía tengamos remedio.