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San Miguel sí que es muy útil

   

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel

Imagen de la sede principal de la asociación sita en el barrio de Salamanca de la capital tinerfeña. | DA

La Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel seguirá siendo de utilidad pública después de que la Audiencia Nacional haya admitido su recurso y quedar así revocada la decisión del Ministerio del Interior, que en 2011 retiró tal distinción a la asociación tinerfeña al entender que no podía garantizar su estabilidad economía.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicho Alto Tribunal, que adelanta hoy en exclusiva DIARIO DE AVISOS, se expresa en términos inequívocos a favor de la San Miguel (cuyos argumentos fueron defendidos por la letrada tinerfeña Marta Gómez Toledo) y supone un claro espaldarazo para el futuro de la asociación, que ya lleva 37 años ayudando a los que caen en el pozo de las adicciones.

La declaración de utilidad pública es el reconocimiento administrativo de que una asociación está constituida para asumir una finalidad de interés general.
Tal reconocimiento resulta decisivo para este tipo de organizaciones, ya que les da el derecho de gozar de beneficios fiscales, económicos, administrativos y procesales de acuerdo con lo que establezca la normativa en cada caso.

Además, el hecho de contar con tal distinción supone un blasón que abre muchas puertas y allana dificultades a la hora de lograr el apoyo de administraciones y particulares.

Sin embargo, entre las obligaciones inherentes se encuentra rendir cuentas anualmente, e Interior alegó en su decisión de retirar la declaración de utilidad pública en que “la delicada situación patrimonial de la Asociación, que ha ido empeorando con los años, supone una incertidumbre sobre la capacidad de la entidad para continuar su actividad”.

Curiosamente, Interior basaba tal afirmación a futuro en que, como la principal fuente de ingresos de San Miguel son las subvenciones públicas, estas se estaban reduciendo por la crisis, a la que se refiere como “la situación económica actual”.

Por contra, el recurso de la asociación tinerfeña fue admitido por la Audiencia Nacional al entender los magistrados que San Miguel “nunca ha dejado de ejercer su actividad dirigida al cumplimiento de sus fines, a través de la gestión de los centros, servicios y programas acreditados, homologados y financiados por el Gobierno de Canarias y con medios personales adecuados”. Incluso se llega a apuntar en la sentencia que no consta “menoscabo o incidencia alguna”.

En segundo lugar, se considera “acreditado que la situación patrimonial y económica de la Asociación ha mejorado [Hay que tener en cuenta que Interior se basó en el análisis de las cuentas de 2008]. Su déficit se ha reducido y sus ingresos han aumentado como consecuencia de las subvenciones recibidas, fundamental por parte de la Consejería de Sanidad y por el Gobierno de Canarias”. Así, la Audiencia Nacional certifica en esta sentencia que “se ha superado la situación patrimonial complicada” de la Asociación San Miguel.
Y en tercer lugar, “de los informes recibidos y de la prueba documental aportada resulta que la Asociación cuenta con el firme apoyo de los Organismos Gubernamentales y de los Grupos Parlamentarios Autonómicos. Así consta que la voluntad de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Sanidad y Política Social de que la Asociación mantenga su actividad, llegando incluso la Consejería a manifestar el compromiso de apoyo económico para paliar el déficit que sufría la Asociación, compromiso que ha cumplido con la concesión de la citada subvención”.

En resumen, queda claro que San Miguel sigue siendo muy útil para la sociedad tinerfeña.

Consolidada, viable y solvente
La Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel es “una entidad muy consolidada (fundada en 1976) en el ámbito de la intervención sobre la problemática juvenil (delincuencia y drogodependencias fundamentalmente) y destaca al labor social que realiza”. Así se expresa en su sentencia del pasado 6 de noviembre la Sección Quinta de la Audiencia Nacional, además de despejar cualquier duda sobre su viabilidad económica, lo que garantiza su declaración como organización de utilidad pública. Además de la tarea del bufete Gómez Toledo, es reseñable el apoyo total recibido desde el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad para que San Miguel siga abriendo sus puertas para ayudar a los que lo necesitan.