X
sanidad>

Sanidad da cobertura a 74 de los 48.500 ‘sin papeles’ desasistidos

   

La excesiva burocratización complica los trámites administrativos. | DA

La excesiva burocratización complica los trámites administrativos. | DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

La sanidad universal y gratuita ha dejado de convertirse en un derecho en España, al menos para todos aquellos que se encuentran en situación administrativa irregular. Para este colectivo, al que el Gobierno central dejó sin asistencia hace un año, la consejería autonómica que dirige Brígida Mendoza prometió articular vehículos que permitieran seguir prestándoles ayuda básica, más allá de las especificidades (menores, embarazadas, pacientes oncológicos y urgencias) que ofrece la ley.

Sin embargo, y a pesar de que el departamento de Mendoza presentó a bombo y platillo unos convenios que permitirían dar cobertura a los sin papeles, lo cierto es que a día de hoy solo 74 personas han obtenido una tarjeta sanitaria provisional, de entre los más de 48.500 inmigrantes irregulares que se quedaron fuera del sistema.

Por este motivo, el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) y el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes denunciarán ante la Justicia la actual situación de “vulneración del derecho a la salud” que, en opinión de ambas organizaciones, sufren actualmente las personas inmigrantes que perdieron su tarjeta sanitaria como consecuencia del decreto de asistencia a sin papeles que entró en vigor el año pasado. Al respecto, José Antonio Moreno, asesor jurídico de la Secretaría Confederal de Empleo y Migraciones de CC.OO., criticó ayer la “inacción” del Gobierno de Canarias ante la “negativa acción” puesta en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

No en vano, de las 144 solicitudes de tarjeta especial contabilizadas por la propia Consejería de Sanidad, solo se han emitido 74 tarjetas, lo que supone apenas el 0,15% del total de inmigrantes que se encuentran sin cobertura en la actualidad. “La exigencia de una documentación burocrática (certificados de Agencia Tributaria, documentos de los consulados de países de origen que certifiquen que la persona no tiene recursos, etc.) imposibilitan que los inmigrantes accedan a esa tarjeta, simplemente porque muchos de los países de origen no están preparados para facilitar esos documentos”, manifestó a este periódico José Antonio Moreno, que exigió una “reducción” de esos requisitos burocráticos y “canales adecuados” para que los irregulares puedan acceder a ellos.

Españoles afectados
El problema, que además de a inmigrantes también afecta a españoles que no han cotizado o que se encuentran sin empleo y también a muchos ciudadanos comunitarios, está generando un “caos” en muchos servicios sanitarios, según el sindicato, quien reiteró que las autoridades tienen el “deber de informar adecuadamente” a los sin papeles sobre sus posibilidades de acceso a la atención sanitaria, así como extender a la asistencia farmacéutica la cartera de servicios a la que puedan tener acceso.

“Que el acceso a la sanidad pública esté en manos de la solidaridad de las personas y de las ONG refleja el deterioro democrático al que estamos llegando con la aplicación de estas medidas”, concluyó el portavoz de Inmigración de CC.OO.

Requisitos “imposibles”
Además de acreditar que sus ingresos son inferiores a 532 euros y que viven en Canarias desde hace más de un año, para acceder a la tarjeta sanitaria especial los inmigrantes deben presentar un certificado de bienes y rentas de su país de origen, copia del pasaporte, copia del libro de familia, un certificado de bienes emitido por la dirección general del catastro, certificado de carecer recursos económicos en su país de origen y un certificado de ingresos de la Agencia Tributaria. Quien cumpla todos estos requisitos puede presentar la solicitud de alta y la documentación necesaria en los centros de salud, consultorios locales, gerencias de Atención Primaria y gerencias de servicios sanitarios dependientes del SCS. La consejería recuerda que no se incluyen las situaciones especiales contempladas en el Decreto Ley 16/2012, esto es, embarazadas, menores de 18 años, urgencias, víctimas de trata y solicitantes de protección internacional. Tampoco entran la facturación a terceros obligados al pago, la facturación al país de origen, las personas con procesos abiertos o en listas de espera y personas con enfermedades infectocontagiosas.