X
empleo público >

Una sentencia ordena devolver el 20% a una funcionaria interina

   

Concentracion de empleados publicos

Concentración de empleados públicos ante la sede de la presidencia del Gobierno canario. / FRAN PALLERO

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Ha caído la primera. Una sentencia insta al Gobierno canario a devolver a una funcionaria interina la parte de su sueldo retraída entre enero y abril de 2013 (ambos inclusive) en aplicación de la reducción de la jornada y del sueldo a unos 3.300 empleados públicos no fijos de la Administración autonómica.

Francisco Úbeda,
titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Palma de Mallorca, en funciones de refuerzo del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Santa Cruz de Tenerife, anula la “desestimación presunta de la reclamación de reconocimiento de derechos y abono de cantidad instada el 13 de febrero de 2013 frente a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural”.

En el mencionado documento, el magistrado dispone el restablecimiento del régimen ordinario de retribuciones y de jornada de trabajo preexistente a la entrada en vigor de la disposición adicional 57 de la ley de presupuestos de 2012, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2013. No impone, en cambio, las costas del juicio. Entre los elementos argumentales utilizados, Úbeda expone que la adicional 57 “se opone a las previsiones del acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la directiva 1999/70, dotada de primacía efecto directo”. En consecuencia, subraya el juez, “la infracción de la normativa comunitaria por parte de la autonómica determina la inaplicación de esta última”. Desde ese punto de vista, “la jurisprudencia comunitaria solo admite diferencia de trato entre empleados públicos fijos y temporales en el supuesto de que concurran motivos objetivos y razonables”.

La medida “provisional” de ahorro del gasto se interrumpió el 1 de mayo, al entender el Ejecutivo regional que se habían cubierto sus expectativas. Oficialmente, siempre se negó la existencia de problemas organizativos derivados del ajuste.

Mediante un conflicto colectivo planteado ante el Tribunal Superior, la Consejería de Presidencia paralizó en febrero las denuncias individuales del personal laboral.