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El sí pero no de dos cartas – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

No creo que las cartas de Paulino Rivero al rey y a Mariano Rajoy pasen a los anales de la historia de la epistolografía, como las de Aristóteles a Alejandro Magno, de Zola al presidente francés Faure sobre el caso Dreyfus, de Einstein al presidente Roosevelt, la del Che a Castro y tantas otras que llenan también la buena literatura y marcan la vida amorosa de grandes personajes. Por el contrario, las misivas del presidente Rivero son un tanto vulgares y, pese a la pulcritud de su redacción, en el fondo se trata de escritos de desencuentro y amor frustrado entre los gobiernos de Canarias y de España. Son también misivas oportunistas, muy propias de la actual coyuntura política y económica, de tan graves efectos para nuestra comunidad autónoma. Aunque la carta es un vehículo histórico de comunicación, no se entiende muy bien, salvo que se pretenda lograr una difusión impactante, por qué se utiliza la vía escrita cuando existen numerosos medios al alcance de cualquier autoridad para -como parece propio de los tiempos que vivimos- entrar en conversación personal con algún dirigente político que se halle lejos y al que se quiera trasladar una opinión o un mensaje determinados. Creo por tanto que, aunque tienen un gran fondo de verdad, las cartas son también un montaje propagandístico que en alguna medida trata de desviar hacia el Gobierno central la responsabilidad exclusiva de la crisis y de la difícil situación que atraviesa Canarias. Así y todo, las cartas, en especial la dirigida al presidente Rajoy, filtrada en su integridad al diario ABC -de la enviada al rey se conocen tan solo aspectos parciales, casi todos coincidentes con la del jefe del Gobierno español-, contienen un irreprochable argumentario económico de fondo y un conjunto de razones muy respetable porque está bien fundado; del mismo modo, los datos estadísticos que se aportan resultan contundentes, incontestables. Sin embargo, ligar determinados incumplimientos con Canarias al eventual rebrote del independentismo en las Islas me parece un invento gratuito. Asimismo, no creo que “desde Madrid se está abonando el terreno para que broten con fuerza sentimientos y posiciones separatistas como no ha ocurrido en las Islas desde los años setenta”. El Gobierno central puede equivocarse con las Islas, y de hecho así sucede, pero no parece razonable atribuir sin más el efecto que, por su impacto, interesa denunciar con la causa que políticamente conviene atribuir a un tercero.
Todas las encuestas coinciden en señalar los sentimientos de amor a España y el sentido de pertenencia a la patria común de la inmensa mayoría de los canarios, con los matices que se quiera, aparte vínculos históricos, culturales, afectivos y de otra naturaleza. Sociólogos y politólogos concuerdan igualmente que el sentimiento independentista es residual -sin implante social ni político relevante- y carece de credibilidad y organización. Ni una sola institución, corporación, partido con implantación o sociedad destacada de cualquier tipo apoya la independencia de Canarias. Por tanto, tampoco debería el presidente Rivero llamar la atención de Rajoy “sobre el creciente sentimiento de desafección hacia España que se está gestando en Canarias y sobre las inciertas consecuencias a las que puede conducir a medio plazo”. Sencillamente, no es así, y esta afirmación parece más propia del dirigente de una formación nacionalista en horas bajas que del presidente de todos los canarios. Lo que las Islas necesitan es un trato justo, con arreglo a sus singularidades y necesidades, y punto. Y eso no lo deben obtener nunca el sobresalto o el temor, pese a que la falta de sensibilidad con Canarias la demuestra el Gobierno central tanto en el fondo como en las formas. Pero alguna responsabilidad le cabe también al Ejecutivo autonómico por su permanente obsesión confrontadora, que le lleva a judicializar inútilmente un número excesivo de decisiones aprobadas en Madrid, a poner verde al Ejecutivo central en Bruselas y hasta en la ONU y a verter desafiantes y chulescas declaraciones. Aparte el clima social de desencanto por el descrédito de la clase política, la corrupción, el funcionamiento institucional y los terribles efectos de la crisis, todas las comunidades autónomas protestan por los recortes presupuestarios, de inversión, de financiación, de obra pública, etc.; nadie aplaude a Rajoy. Ahora bien, lo que sufre especialmente Canarias es una falta de consideración y respeto por parte de algunas altas autoridades nacionales, que han hecho de la prepotencia, la altanería y la mayoría absoluta lograda en las urnas un ejercicio permanente de innecesaria demostración. Todo el expediente Repsol, por más que personalmente comparto el fin último de las prospecciones petrolíferas, es un cúmulo de despropósitos intimidadores. Desde el Ministerio de Industria ha faltado transparencia, diálogo, sensatez, afanes de entendimiento; y desde Canarias, cordura y sentido común. En política no se puede responder a una afrenta con otra de superior rango, sobre todo cuando lleva consigo un daño inevitable a las Islas y cuando lo racional es, si existe, tratar de explotar un recurso estratégico con las máximas condiciones de seguridad medioambiental, más aún cuando justamente al lado otro país, en este caso Marruecos, va a hacer lo propio con menores controles ya que su legislación nacional es bastante laxa en la materia. La falta de tacto es imputable al Gobierno central, pero el canario tiene una grave responsabilidad al politizar el asunto y obtener de las instituciones una resolución populista engañosa y perjudicial.
Otro ejemplo de libro, en el que Canarias resulta vejada sin la menor consideración, es el certificado de residencia, que no debería estar vigente ni un día más ya que los avances tecnológicos permiten contrastar fehacientemente el lugar de empadronamiento de cada viajero. Bien está que se combata el fraude, incluso que durante un tiempo el control se haga por métodos rudimentarios en tanto se diseña una aplicación para Internet; pero a estas alturas resulta más que ofensivo discriminar a los ciudadanos canarios como viene haciendo el Ministerio de Fomento. Por no hablar de la práctica anulación de los convenios sectoriales, los problemas con las energías renovables y la Ley de Costas, etc. En todo caso, las cartas deberían haber sido el penúltimo recurso -el último le cabe siempre al Parlamento autonómico o al pueblo soberano-, si es que con anterioridad habían fallado los diálogos entre los gobiernos de Canarias y de España. Pero estos no consta que se hayan intentado como Dios manda. En política hay siempre modos y maneras para resolver los conflictos, antes de generar estados de opinión un tanto crispados o sembrar desconfianzas entre las partes cuando, además de gravísimos problemas nacionales, están pendientes de debate cuestiones de altísimo interés para Canarias como la revisión del REF. La coincidencia de que, por vez primera desde que ocupa el poder, el nacionalismo canario no ha pactado con el Gobierno del Estado está contribuyendo sobremanera a enconar las diferencias, ya que el PSOE está interesado en desgastar al Ejecutivo de Rajoy y CC no parece capaz de separar los intereses de Canarias de los específicos de los socialistas, que se frotan las manos al ver a sus socios utilizando a mansalva los factores emocionales y la dinamita dialéctica contra Madrid. Todo lo cual contribuye a romper los puentes de diálogo como nunca antes había sucedido. Por todo ello, antes de hablar de lealtades, soluciones y remedios, hay que corregir la trayectoria de estos dos últimos años, cambiar actitudes y reglas de juego, sobre todo en el PP y en el ministro Soria, y reconducir la actual situación por la vía de la prudencia, el diálogo y el entendimiento. Y después, si todo falla, cartas.