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Sí a Tindaya, pero sin esclarecer ninguna responsabilidad – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

Martín Marrero, portavoz del Gobierno autonómico, ha sido tajante al afirmar que el Ejecutivo que preside Paulino Rivero mantiene su inequívoca voluntad de seguir adelante con el Proyecto Monumental Montaña de Tindaya en La Oliva (Fuerteventura) a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo dada a conocer hace unos días. Esta resolución rechaza la posibilidad de que el Ejecutivo regional pueda recuperar los 12 millones pagados al grupo de empresas al que se adjudicó la realización de la obra proyectada por el escultor vasco Eduardo Chillida y consistente en abrir en el interior de la montaña un cubo de 50 x 50 x 50 metros, como monumento a la tolerancia. Es cierto que la sentencia no afecta al proyecto como tal, pero conviene aclarar que se ha decidido cambiar por completo su inicial realización, que ahora se pretende mediante concesión administrativa, es decir, encargando a una firma particular la puesta a punto de la obra y remunerando al contratista con el derecho a explotarla durante un tiempo. La Fundación creada expresamente por la familia Chillida, el cabildo majorero y el Gobierno canario el verano de 2012 para poner en marcha el proyecto, pero que aún tiene dificultades para su funcionamiento legal, será la encargada de la licitación.

Además, en la resolución del Supremo la justicia restituye, aunque con quince años de retraso desde la denuncia de los hechos, el buen nombre a personas que habían sido colocadas en la picota o utilizadas durante años como muñecos de pim, pam, pum cuando en el fondo se libraba una batalla a cara de perro en el seno del propio Gobierno de aquel tiempo. Es el caso de Rafael y Luis Bittini Delgado, Segundo Medina Sosa, Jaime Rodríguez Cie, Pablo Rivas Vidal y Eugenio Cabrera, a quienes el Ejecutivo canario había demandado por responsabilidad social para que, si no respondían del dinero las empresas constructoras, lo hicieran ellos conjunta y solidariamente, como administradores del PMMT, mediante una compensación del 11,7 millones de euros.

Pero con ser importantes ambas cuestiones, la mayor gravedad acerca de lo ocurrido con la escandalosa desaparición de 12 millones de euros se centra a mi juicio en que nadie, pero nadie -ni políticos, ni cargos administrativos- aparece como responsable de nada. Y más inexplicable aún: cómo es posible que el Gobierno se sintiera estafado por las constructoras a las que adjudicó el proyecto (la unión temporal de empresas formada por FCC y Necso), hasta el punto de demandarlas en vía civil y penal para recuperar el dinero, y a la vez ni siquiera contestase a la propuesta de las mismas empresas de revisar los acuerdos que llevaron al desembolso antes citado. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Las Palmas, ante el que se vio la parte civil del juicio, acreditó en febrero de 2008 que el Gobierno no pudo ser engañado por las empresas adjudicatarias de la obra, ya que “tenía pleno conocimiento del destino del dinero porque, por un lado, formaba parte de Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT) a través de la empresa pública Saturno (que participaba al 50%); y de otra, porque fue el propio Gobierno el que otorgó a Canteras Cabo Verde (que ostentaba el otro 50%) los derechos de explotación minera de la montaña”. PMMT entregó a las constructoras 11,8 millones de euros (unos 1.960 millones de las antiguas pesetas) para “sufragar gastos de estudio e implantación del proyecto”.

El Ejecutivo regional impuso y aceptó “condiciones de complicado cumplimiento”, tanto de los propietarios de la montaña como de Eduardo Chillida y, según la sentencia, la propia Administración “hizo inviable cualquier ejecución del contrato, pues, agotado el impulso político y mediático con el que el Gobierno de Canarias rodeó la adjudicación del contrato, éste cayó en la desidia, culminando en una tozuda negativa a cumplir las condiciones del autor”, que eligió Tindaya pese a tratarse de un monumento arqueológico natural y bien de interés cultural por albergar 217 grabados rupestres podomorfos esculpidos por los aborígenes de la isla.

Entre las mil y una peripecias judiciales y administrativas que ha arrastrado este penoso asunto, figura una sentencia del Supremo de julio de 2009 que censuraba duramente la pasividad del Gobierno a la hora de recuperar el dinero. Lo que ratificaba esta misma semana idéntico tribunal al subrayar que la obra no se llevó a cabo, por “la única y exclusiva voluntad de PMMT de no cumplir con las exigencias impuestas por el arquitecto Chillida”, no por culpa de las empresas constructoras. Y porque el Gobierno canario “conoció, consintió, fiscalizó y aceptó todo el proceso, en su fase genética y en su posterior desarrollo”… ya que era el mismo Ejecutivo “el que dirigía y asumía la aprobación, modificación y adjudicación del proyecto”. Hasta tal punto, que “todas las actuaciones llevadas a cabo fueron expresamente autorizadas por el Consejo de Gobierno”. Así las cosas, no se entiende que la oposición no trate de esclarecer los numerosos puntos oscuros del caso, que según algunas fuentes ha supuesto en realidad más de 20 millones de euros desaparecidos tras una especie de pelotazo de nuevo cuño. Ni que el Gobierno pase de la búsqueda de algún grado de responsabilidad entre quienes gestionaron en su tiempo los expedientes administrativos y/o adoptaron los acuerdos políticos correspondientes. Como mínimo, debería ofrecerse información detallada al Parlamento sobre todo lo actuado y acerca de los planes para el futuro, que presentan algunas incógnitas, entre otras la disposición de los terrenos para la realización de la obra, la adecuación de los planeamientos, el dinero que debe proveerse para los trabajos de campo y la delimitación del perímetro protector de los grabados prehispánicos.

Con Chillida difunto desde 2002, lo mismo que el urbanista Alonso Fernández-Aceytuno y el ingeniero Fernández-Ordóñez, que iban a participar activamente en el proyecto, siguen planteadas serias dudas sobre el futuro de Tindaya, por la frontal oposición de los ecologistas y de una parte del pueblo majorero y por la actitud de algunos partidos, como el PSOE, cuyo portavoz parlamentario se ha mostrado en favor de “abrir un período de reflexión profunda” más que continuar adelante con el proyecto, valorado en unos 80 millones y que era la obra cumbre -un referente cultural para todo el mundo- con la que el escultor vasco quería poner punto y final a su larga carrera de éxitos. Hoy, 19 años después, todo sigue igual. El Gobierno ha perdido al menos 12 millones y nadie, pero nadie, asume la menor responsabilidad ante un caso de flagrante corrupción en la forma y en el fondo.