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Acabar con la economía sumergida, una prioridad

   

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La economía sumergida daña la prestación de los servicios públicos básicos. | DA

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

La lucha contra la economía sumergida y el empleo no declarado constituyen una obligación tanto para las Administraciones Públicas como para toda la sociedad, ya que daña la prestación de los servicios públicos básicos por la erosión de los ingresos fiscales y perjudica doblemente a aquellas empresas que ejercen su actividad de forma transparente.

Y, por otro lado, es dañino para los trabajadores que se ven atrapados en ella y que por ese motivo carecen de la necesaria protección y se ven privados de los legítimos derechos que la actividad laboral legalizada genera en su favor.

Según los datos de la Dirección General de Trabajo, la economía sumergida representa en Canarias el 28% sobre el Producto Interior Bruto (PIB), lo que supondría en ingresos, entre 7.000 y 8.000 millones de euros, más que el presupuesto autonómico de este año 2013, que ascendió a 6.288,8 millones de euros, y unos 122.000 puestos de trabajo no declarados.

Estos datos sitúan a Canarias por detrás de La Rioja como la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de empleo no declarado. Por ello, el Gobierno de Canarias se ha planteado acabar con la economía sumergida en las Islas y ha puesto en marcha un plan de lucha con el que pretende aflorar esos 122.000 empleos no declarados en el Archipiélago, entre trabajadores sin contrato en empresas y personas que realizan un trabajo sin cotizar por cuenta propia.

Así, la Dirección General de Trabajo está llevando a cabo acciones como la colaboración con las distintas administraciones públicas y organizaciones empresariales y sindicales aportando financiación; la habilitación de procedimientos para la denuncia tanto por parte de los trabajadores como por parte de los empresarios, dado que la legislación de la Inspección Trabajo y Seguridad Social no autoriza las denuncias anónimas, de forma que cada agente social tramita o hace la correspondiente denuncia para evitar que el trabajador sufra las represalias de la denuncia personal o el empresario denunciante pueda ser localizado por el empresario denunciado. Asimismo, se están poniendo en marcha campañas de difusión, promoción y sensibilización social dirigidas a mejorar la receptividad por parte de los ciudadanos de las medidas de lucha contra el fraude y la economía sumergida mediante, entre otras cosas, la celebración de jornadas técnicas y actuaciones de publicidad o promoción realizadas desde los medios de comunicación, así como participación en las mesas de concertación social, proponiendo medidas de actuación y potenciadoras o correctoras, para que con la participación de todas las partes conseguir una mayor eficacia de las mismas.

Además, se está dando cumplimiento al acuerdo relativo a las actuaciones en el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, aprobado por el Gobierno de Canarias con fecha 27 de junio de 2013, a propuesta conjunta del presidente y de las consejerías de Economía, Hacienda y Seguridad y de Empleo, Industria y Comercio.

En este acuerdo se restablecen cuatro líneas de actuación: línea de potenciación de la conciencia social, de los valores de contribución social y la protección a los trabajadores; línea de promoción y estímulo del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y laborales; línea de prevención del incumplimiento tributario y laboral y afloramiento del empleo irregular o no declarado; y línea de potenciación de la conciencia social, de los valores de contribución social y la protección de los trabajadores.

En el año 2012 y a lo largo de 2013, el Gobierno central ha llevado a cabo numerosas reformas que alcanzan a distintas instituciones jurídicas: las propias del ingreso en el mercado de trabajo (sistema de contratación de personas trabajadoras), la flexibilidad interna del sistema (modificación de condiciones de trabajo, movilidad geográfica y funcional, ajustes de plantilla con medidas de conservación del contrato de trabajo), así como la salida del mercado de trabajo (reestructuraciones y crisis empresariales, despidos colectivos). Si como señala la Estrategia Europa 2020, la Unión Europea apuesta por crear “más y mejor empleo” no cabe duda de que en el escenario de circunstancias económico-financieras actual, se han acometido reformas estructurales que tienen que permitir la reducción de la economía sumergida.

Acuerdo social

Conciencia social. Línea de potenciación de la conciencia social, de los valores de contribución social y la protección a los trabajadores.

Obligaciones tributarias. Promoción y estímulo del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y laborales.

Empleo no declarado
. Prevención del incumplimiento tributario y laboral y afloramiento del empleo irregular o no declarado.

Valor social. Potenciación de la conciencia social, de los valores de contribución social y la protección de los trabajadores.

Colaboración. Acuerdo con las distintas administraciones públicas y organizaciones empresariales y sindicales en las acciones contra la economía sumergida y el empleo irregular, aportando financiación.

Denuncia.
Habilitación de procedimientos para la denuncia tanto por parte de los trabajadores como por parte de los empresarios para evitar que el trabajador o el empresarios sufran las represalias.