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Y ahora, ¿qué? – Por Fermín Bocos

   

¿Qué puede pasar? Es la gran pregunta que surge tras el anuncio del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de que, pese a no tener cobertura legal, el 9 del 11 del 14, convocará una consulta sobre la independencia de Cataluña. La incógnita se vuelve incertidumbre, visto que, como cabía esperar, el Presidente del Gobierno, con la Constitución en la mano, ha respondido al desafío separatista afirmando de manera inequívoca que la consulta no se realizará. Resulta obvio señalar que el Gobierno, en aplicación de la ley, dispone de medios para cumplir lo dicho por Mariano Rajoy. Así, pues, no habrá consulta planteada en términos convencionales: urnas, escrutinio, proclamación de resultados, etc… Pero el problema subsistirá. Más enconado si cabe, visto que la estrategia de Artur Mas, definitivamente encadenado a ERC, es rentabilizar el victimismo. ¿Cómo? Pues en varios frentes: el internacional acudiendo a foros y tribunales (Junqueras y Tardá mencionan Estrasburgo y hasta la ONU). El interno: dando entrada en el Govern a ERC y planteando las próxima elecciones autonómicas en clave plebiscitaria. Y, un tercer frente: la calle. Tensado más y más la cuerda. El anuncio de la consulta tras el pacto con ERC -que deja fuera de combate a Durán Lleida como “puente con Madrid”-, tiene un recorrido político que conviene no perder de vista. De hecho supone el primer capítulo verdaderamente serio del proyecto diseñado para forzar la independencia. Aún así, en éste momento procesal, no es un acto recurrible porque es meramente declarativo y frente a él, el Gobierno ha hecho lo único que puede hacer: dejar claro que la consulta es ilegal y que, por lo tanto, no se celebrará. Si, pese a todo, la Generalitat intenta, celebrarla, entonces el Ejecutivo actuará. Puede hacerlo recurriendo ante el Tribunal Constitucional (el recurso paralizaría la convocatoria), o activando las previsiones establecidas por el Art 155 de la Constitución que permiten adoptar medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma que atente gravemente contra el interés general de España al cumplimiento forzoso de sus obligaciones. A éste fin, el Gobierno podría dar instrucciones a todas las autoridades de Cataluña. Todo esto, con ser grave, no es lo que más inquieta. La gran incertidumbre acampa más allá del juego de los políticos (que un día se apuñalan y al otro se casan), el problema es la calle. Las expectativas creadas por la prédica separatista. La frustración que puede cursar en forma de violencia. Este es a, mi juicio, el eslabón más preocupante de la larga cadena de ambiciones y deslealtades que han envenenado los sueños de muchos ciudadanos a quienes se les ha hecho creer que la independencia de Cataluña traería bajo el brazo la solución a todos los problemas: el paro, la salud, la dependencia, etc. Mal asunto. Malos políticos.