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Ana Isabel Fernández: «El diálogo social con empresarios y sindicatos nos permite ejecutar actuaciones decisivas para la sociedad»

Ana Isabel Fernández Manchado, nueva directora general de Trabajo del Gobierno de Canarias
Ana Isabel Fernández Manchado, nueva
directora general de Trabajo del Gobierno de Canarias. | FRAN PALLERO

M. H. L. | Santa Cruz de Tenerife

Lleva poco tiempo en el cargo y no le pesa la responsabilidad, porque no es nueva en el departamento. Ana Isabel Fernández Manchado ha dado un paso adelante para sustituir a la ahora diputada autonómica Gloria Gutiérrez en la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Sus objetivos pasan por desarrollar unas líneas de actuación orientadas a la reducción de la accidentalidad laboral y la mejora de las condiciones laborales, el afloramiento de la economía sumergida y el diálogo social.

-¿Cuáles son los objetivos que se ha marcado en esta etapa al frente de la Dirección General de Trabajo, teniendo en cuenta que se incorpora al puesto a mitad de la legislatura?

“Es cierto que acabo de incorporarme como responsable de la Dirección General de Trabajo, pero no soy nueva en el departamento. Llevo trabajando en él desde septiembre de 2012 como jefa del Servicio de Coordinación del Diálogo Social y Gestión Económica. Por tanto, conozco bien la labor que me corresponde desempeñar, que será de continuidad con las líneas marcadas por la anterior directora general, Gloria Gutiérrez Arteaga. Tengo claro los tres objetivos prioritarios que debemos perseguir: la reducción de la accidentalidad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo, intensificando la extensión de la cultura de la prevención de riesgos laborales mediante los procesos de formación, divulgación, verificación y control que lleva a cabo el Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel); el afloramiento de la economía sumergida y el empleo no declarado, y el fomento del diálogo social y la regulación de las relaciones laborales, de tal manera que seamos capaces de promover acuerdos que permitan mantener el empleo existente y garantizar la paz social”.

-¿Con qué actuaciones concretas?

“Efectivamente, estas tres grandes metas contienen a su vez muchos objetivos específicos y actuaciones concretas que estamos ejecutando y sobre los que seguiremos trabajando en la línea iniciada por mi antecesora en el cargo. Una de las herramientas más potentes con las que contamos para dar cumplimiento a nuestras prioridades es, precisamente, el consenso con los agentes sociales y económicos en todas aquellas áreas en las que sea posible contar con su aportación. Tratamos de aplicar esta máxima a todas las actuaciones en este departamento.

-¿Qué pasos cree que se han dado en estos casi dos años y medio para conseguir las metas fijadas al inicio del mandato? ¿Se ha quedado alguna actuación sin iniciar?

“Ante todo, quiero reconocer y agradecer una vez más la importante labor que ha desarrollado mi predecesora durante el tiempo que ha desempeñado el cargo. Como ya dije antes, daré continuidad y culminaré los proyectos que ella ha puesto en marcha, siguiendo siempre las políticas y las pautas que marque la consejera, Francisca Luengo. Asimismo, me gustaría destacar el trabajo y el esfuerzo diario que realizan los miembros del equipo de la Dirección General. Su empeño es lo que hace posible que avancemos, que tengamos resultados y que eso revierta en los ciudadanos. Tengo que decir que los objetivos marcados se van cumpliendo, con dificultades, porque las estrecheces presupuestarias afectan a todas las áreas, pero se van dando pasos muy importantes”.

-¿Por ejemplo?

“Ahí están los resultados del Plan de Choque contra la Siniestralidad laboral, que en 2012 consiguió duplicar el objetivo marcado al inicio de la legislatura, con una reducción de los accidentes laborales del 16%. Este año, el objetivo es reducir la siniestralidad un 10% sobre lo conseguido en 2012, ejecutando ese plan de choque en colaboración con empresas y trabajadores. En cuanto a la economía sumergida y al denominado empleo irregular, hemos puesto en marcha una colaboración con patronales y sindicatos y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que nos permita reducir estas prácticas que además de ser ilegales, atentan contra los derechos de los trabajadores y suponen una grave competencia desleal en el ámbito empresarial. Los avances en este sentido son cuantificables y, aunque valoramos los resultados, nos queda muchísimo trabajo por hacer en una Comunidad como Canarias, donde los índices son muy elevados”.

-¿Y en el campo de las relaciones laborales?

“Como he dicho, existe sintonía con los agentes económicos y sociales. Esto nos está ayudando a resolver a través del diálogo determinadas cuestiones que, de no actuar, serían conflictivas. Valga como ejemplo la actividad del Tribunal Laboral Canario, un órgano compuesto por miembros de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y por la Administración canaria, a través del cual se pueden resolver conflictos colectivos laborales, evitando así que las partes recurran a la vía judicial. Desde su constitución, el tribunal ha intervenido en unos 3.000 conflictos colectivos, una actividad que ha sido especialmente intensa en estos dos últimos años”.

Ana Isabel Fernández Manchado, nueva directora general de Trabajo del Gobierno de Canarias
Fernández afirma que la salud y la seguridad laboral es una cuestión prioritaria y debe serlo para todos. | F.P.
-La economía sumergida preocupa especialmente por las graves consecuencias que tiene para nuestra comunidad autónoma, sobre todo en esta etapa de crisis. ¿Qué actuaciones se están ejecutando para atajarla?

“Indudablemente, la economía sumergida es un problema social y económico importante. No solo hablamos de personas o empresas que defraudan a las arcas públicas al no declarar su actividad. Es muy grave que haya personas trabajando de manera irregular, personas que pierden absolutamente los derechos que les asisten. También hay que decir que el sector empresarial sufre las consecuencias de la competencia desleal que ejercen quienes no operan legalmente. Con la economía sumergida y el empleo no declarado perdemos todos y la lucha contra estas prácticas es uno de nuestros caballos de batalla. El departamento que dirijo mantiene una estrecha colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de la Administración general del Estado, para llevar a cabo actuaciones conjuntas que permitan erradicar estas prácticas”.

-¿Cuál ha sido el resultado?

“Recientemente, hemos tenido la reunión de coordinación entre las dos administraciones y los resultados de este año están siendo positivos. Hasta octubre, se ha conseguido aflorar unos 8.000 empleos no declarados en Canarias y un fraude a la Seguridad Social en forma de cotizaciones no pagadas que ronda los 48 millones de euros. Además, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un plan coordinado contra el fraude fiscal y laboral que incluye inspecciones y sanciones pero también una acción preventiva e informativa. Una tercera vía, muy importante, que estamos potenciando, es la colaboración continuada con los interlocutores sociales y económicos que nos permita atajar la economía sumergida y el empleo irregular. Trabajamos conjuntamente para canalizar las denuncias, para detectar actividades en las que es más frecuente la economía sumergida y también para que aflore ese empleo no declarado ofreciendo alternativas para potenciar el empleo local, como pueden ser la constitución de cooperativas y otras entidades de economía social. Hay que tener en cuenta que se estima que en Canarias puede haber entre 60.000 y 100.000 empleos no declarados, y esto ocasiona un perjuicio social y económico que consideramos gravísimo”.

-La actual situación económica y la caída de la actividad en la construcción han reducido de manera importante los accidentes laborales. ¿Se ha disminuido la intensidad en este ámbito ahora que hay menos siniestralidad?

“Es cierto que hay una menor actividad económica en todos los sectores, pero eso no nos ha hecho bajar la guardia, porque mientras se produzcan accidentes tenemos que dar una respuesta desde la Administración. La salud y la seguridad laboral son asuntos prioritarios para la Dirección General de Trabajo. También es un problema social de calado, porque afecta a personas, a familias. No es solo una cuestión económica. La prevención de la siniestralidad laboral es una de las áreas en las que estamos consiguiendo muy buenos resultados. El consenso social nos ha permitido poner en marcha un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral, cuyas actuaciones han sido decisivas para reducir los accidentes un 16% en 2012. Con ese resultado y con la disminución que se consiga este año 2013 habremos logrado rebajar en más de un 20% la siniestralidad laboral en dos años”.

-¿A qué de debe ese descenso?

“No es producto de la menor actividad económica, ya que los índices de accidentalidad se miden sobre la base de la población que está trabajando, es decir, que está de alta en la Seguridad Social. La prevención es una tarea de todos, desde el trabajador, que tiene que saber protegerse adecuadamente y exigirlo en su centro de trabajo, hasta el empresario, que está obligado a conocer y poner todos los medios para evitar accidentes o enfermedades profesionales, pasando, ineludiblemente, por la Administración, responsable de velar por el cumplimiento de las normas, de educar, asesorar y formar. Las medidas en este ámbito las concentramos en trabajar con aquellas empresas que tienen mayor índice de siniestralidad y también incidiendo en los tipos de accidentes más comunes, que son los producidos por sobreesfuerzos físicos sobre el sistema músculo esquelético”.

-¿Cómo están los índices por sectores?

“Este tipo de accidentes tienen mucha repercusión en la hostelería; concretamente, en el trabajo que realizan las camareras y los camareros de pisos. De ahí que tengamos actuaciones específicas en esta actividad. También se visitan obras de construcción y empresas y se continúa ejerciendo la labor informativa, de asesoramiento y de formación que ejerce el Instituto Canario de Seguridad Laboral. No bajamos el ritmo en este ámbito y seguimos trabajando para conseguir la cifra ideal de siniestralidad cero”.

-En este contexto de elevado desempleo y de parón económico, ¿considera que se están resintiendo las relaciones laborales?

“Bueno, habría que profundizar mucho para dar una respuesta con todos los fundamentos, porque además de los problemas de crisis y desempleo hay que tener muy en cuenta el clima social tan negativo que existe en estos momentos. Los recortes presupuestarios que impone el Gobierno central en áreas sociales muy sensibles, como la sanidad, la educación y las políticas de empleo son clave para que exista ese descontento general. A ello se suman las consecuencias de una reforma laboral puesta en marcha hace ya más de año y medio, cuyos efectos sobre las relaciones entre empleadores y trabajadores están siendo muy negativos porque se ha pretendido acabar con la negociación, dejando diversas cuestiones al criterio unilateral de la empresa. Esta reforma laboral no solo ha abaratado y facilitado el despido. También ha empeorado notablemente las condiciones de trabajo, todo ello sin articular medidas que estimulen la contratación. Una de las consecuencias más visibles es el incremento de los expedientes de regulación de empleo, una situación ante la que las comunidades autónomas no podemos hacer gran cosa porque se nos ha despojado de toda autoridad en este asunto. Hasta que se aprobó la reforma laboral del Gobierno central, la Dirección General de Trabajo tenía que emitir un informe sobre el expediente de regulación de empleo, un informe que era vinculante y que dictaminaba si este reunía los requisitos para ser aprobado o no. Esta facultad que teníamos evitó que se hicieran efectivos muchos expedientes, que ahora pasan sin ninguna cortapisa”.

-¿Tiene recursos la Dirección General de Trabajo para mejorar esta situación?

“Pues, estamos poniendo todos los recursos de que disponemos no solo para paliar los efectos de una regulación que consideramos negativa, sino también para generar ese clima de paz social que es tan necesario en el ámbito de las relaciones laborales. En la cuestión relativa a los expedientes de regulación de empleo, si bien nuestros informes ya no son vinculantes, continuamos ejerciendo nuestra función de supervisión y ofrecemos a las partes en todos los expedientes extintivos, con independencia de la causa alegada, la mediación de la Dirección General. También estamos fomentando mucho el área de la concertación social y trabajamos codo con codo con los representantes de empresas y trabajadores para llegar a acuerdos que permitan el mantenimiento del empleo y de unas condiciones laborales óptimas. Quiero destacar la labor del Consejo Canario de Relaciones Laborales, en el que estamos representados todos los interlocutores sociales, que está jugando un importante papel a la hora de tomar decisiones porque tratamos de consensuar todo aquello que afecte a las relaciones laborales. Creo que el consenso, el diálogo y la voluntad de llegar a acuerdos es lo que nos va a permitir tomar las decisiones más adecuadas y acometer actuaciones decisivas para la sociedad canaria. Pondré todos mis esfuerzos para que, haciendo uso del pacto social entre los agentes sociales y el Gobierno canario, se encuentre una salida a la situación del empleo en que nos encontramos para recuperar la actividad económica y restablecer con ello el Estado del bienestar”.