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Cabreo de los municipios que están fuera del Consorcio de Bomberos

   

LUIS F. FEBLES | Puerto de la Cruz

Alcaldes y concejales de La Victoria, La Matanza, Garachico y Buenavista, municipios que no forman parte del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife, han mostrado a este periódico su cabreo e indignación por las últimas declaraciones realizadas por el director insular de Seguridad, Carlos González Segura, en las que daba un ultimátum a los cuatro ayuntamientos que no integran este ente supramunicipal, proponiéndoles que o aportan la partida proporcional a las actuaciones realizadas o entran a formar parte del ente con fecha 1 de enero próximo, viéndose obligados también a dar su correspondiente parte económica.

Unas afirmaciones que se amparan en la entrada en vigor de la nueva ordenanza de tasas de esta entidad formada tanto por la mayoría de ayuntamientos de la Isla, como por el Cabildo y el Gobierno canario.

Los responsables políticos de dichos consistorios coinciden en señalar que se trata de unas competencias que no son responsabilidades propias de las Administraciones locales dado que la normativa marca de forma clara las delegaciones para aquellas localidades de menos de 20.000 habitantes.

Los matices “amenazantes” en los que se dirigió Segura en este rotativo no han sentado nada bien en el seno de estas corporaciones locales. El mensaje es claro: consenso y una explicación completa sobre un problema que puede modificar la entrada en vigor de la Ley de Bases de Régimen Local.

Para el alcalde de Garachico, José Heriberto González (CC), se trata de una situación “sorprendente”, dado que en ningún momento “me han transmitido este ultimátum, más si cabe, cuando pedí un informe jurídico en nuestra última reunión de hace dos meses”. Además, añade que el director insular de Seguridad “sabe que le comunicamos la intención de esperar a que saliera dicha ley como principio de prudencia; estamos pensando en participar otra vez, pero no me parecen procedentes las formas ya que es una falta de lealtad y generan alarma”.

“Seguridad garantizada”

Por su parte, el regidor victoriero, Haroldo Martín (CC), exige “consenso entre las partes implicadas y conocer de forma concreta qué corresponde a las localidades de menos de 10.000 habitantes, dado que no es obligatorio según la ley”.

En esta línea, apunta también que “si ya existe subvención en 2014 para esta materia, no comprendo qué quiere aclarar el Consorcio, habida cuenta que la adhesión al ente nos supone 28.000 euros anuales y nunca hemos estado integrados; los vecinos pueden estar tranquilos dado que en cuanto a lo público, su seguridad está garantizada”.

El primer teniente de alcalde de Buenavista, Esteban Lorenzo (Sí se puede), se posiciona de forma contundente ante un panorama que no es nuevo: “En 2009 se tomó la decisión de separarnos del Consorcio, y con el plan de ajuste es imposible asumir las cantidades económicas de entre 20.000 y 30.000 euros. No tenemos problemas en explicar a la ciudadanía que ahora es imposible hacer frente a las condiciones de esa adhesión”.

Por último, el grupo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de la Matanza, dirigido por Ignacio Rodríguez, evita entrar en polémica y se limita a confirmar que “se trata de una competencia del Cabildo, que es la administración que debe resolver este dilema; leímos esta información con desconcierto”.