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Canarias no declarará niños en desamparo por la crisis

   

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Los problemas económicos no motivarán acciones de desamparo. | DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

“Las causas económicas no son motivo, por sí solas, bajo ningún concepto para declarar en situación de desamparo o de riesgo a un menor”. Así de tajante se muestra la consejera regional de Políticas Sociales, Inés Rojas, tras las denuncias de algunos colectivos que aseguran que muchas familias del Archipiélago se están viendo obligadas a entregar a sus hijos al Gobierno de Canarias porque no pueden hacerse cargo de su manutención.

Según las últimas cifras contabilizadas por la Consejería, en el Archipiélago hay 1.463 menores en situación de desamparo, mientras que 2.679 se encuentran en riesgo. La mayor parte de ellos, reconocen desde Políticas Sociales, presentan diversos perfiles, aunque la mayoría de los casos que se registran en las Islas es “por dejación de funciones parentales”. En este caso, aclaran, quienes intervienen en primer lugar son los servicios municipales, que son los que trabajan, velan o refuerzan las medidas para evitar llegar al desamparo.

“El riesgo social se mide por la carencia de alimentos, vestuario, vivienda, educación y sanidad, y las ayudas de emergencia social están para atender estas carencias”, afirman desde la Dirección General del Menor, quienes reiteran que la alarma de una posible situación de riesgo de un menor puede saltar por cuatro vías: denuncia policial, falta de asistencia sanitaria, falta de asistencia educativa o por los propios servicios sociales municipales, quienes intervienen para diseñar y poner en marcha un plan que revierta la situación. De no lograrse, se propone al Gobierno la evaluación de desamparo del chico.

“Durante el proceso de valoración de una posible situación de desprotección, sea de riesgo o de desamparo, se tienen en cuenta los factores de riesgo, es decir qué elementos personales, familiares y del entorno están incidiendo negativamente en la familia, y en qué medida afectan al bienestar de los menores”, señala la consejera Inés Rojas, quien recalca que “de igual modo se valora los factores de protección, es decir, las fortalezas con las que cuenta la familia biológica que podrían favorecer su recuperación. Este análisis nos determina el nivel de gravedad”.

La confluencia de estos dos factores, de riego y de protección, determinarán la toma de decisión a la hora de adoptar una medida de amparo que suponga la salida de los menores de su contexto familiar, o favorecer la permanencia en la familia, implementado el correspondiente plan de intervención encaminado a potenciar los factores protectores detectados y minimizar la influencia de los indicadores de riesgo.

Según manifiesta Rojas, “la primera opción siempre está en trabajar, desde los servicios de infancia con la propia familia”. “La segunda opción la buscamos en su entorno familiar extenso. Si el núcleo familiar formado por padre y o madre no puede hacerse cargo de los niños -apunta- o niñas, se acude a los tíos, tías o abuelas”. “Y aquí nos encontramos con que en tiempos de crisis las familias extensas se aglutinan en torno a la protección de sus niños y niñas, y lo hace aún más que en tiempo en los que no hay crisis”, subraya Rojas.

En esta línea, la Consejería de Políticas Sociales lleva años impulsando el programa de familias acogentes, en el que actualmente participan ya más de 200 familias isleñas. “Una vez tomada la decisión de esta opción, se sigue trabajando con las familias, también con las biológicas, para que los factores de riesgo vayan desapareciendo, se vayan arreglando”, denota Inés Rojas, quien asegura que “en estos momentos, todos los niños de 0 a 3 años en situación de desamparo son derivados a una familia de acogida ajena”.