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Catalunya – Por Domingo-Luis Hernández

Hubo una época en este país en la que el Estado se concedió el derecho a mantener unido a un matrimonio aunque donde hubo ya nada quedara ni anduvieran ellos (o uno de ellos) dispuestos a mantener lo que no venía a cuento. Adujimos, en ese momento, que tal ardite, con Franco en su punta, era canallesco. Es decir, no solo era ilícito sino que ningún Estado puede arrogarse la potestad de decidir por la libertad y la capacidad de elección de ninguno de sus miembros. Si así actúa, sus decisiones son espurias, aparte de funestas. Proclamamos entonces (ya que el señor Fraga, por ejemplo, ponía el grito en el cielo por la ley del divorcio) que si existe (y existe) una ley de divorcio no es para que todos los españoles se divorcien; sólo se divorcian los que quieren divorciarse. Lo legítimo es que dos no estén juntos si uno no quiere.

Es cierto, pues, que este Estado que nos acompaña llamado España, con una experiencia democrática raquítica, tiene tendencia a manifestar esa oscura severidad contra los ciudadanos, porque tiene tendencia a ejecutar su enjundia como amo y a creerse responsable de sustituirnos porque es Estado, y es preclaro ante lo que juzga como desatinos. Eso demuestra, por ejemplo, el ministro Gallardón con la posible y más que probable nueva ley del aborto.

Por ella el ministro dice defender el derecho a la vida y a las mujeres. Mas, ¿qué vida, a qué mujeres?, ¿la vida que a él le imponen o la que no desea la mujer embarazada en su justa y sustancial autonomía? De donde, consuena lo de antes. Es decir, es posible que una católica practicante decida que (pese a la malformación del feto) su hijo nacerá. ¿Ese principio, al que para someter a las otras mujeres se reclama la conciencia, es un principio universal?

Andamos por Catalunya, pues, y lo que no se le mete en la cabeza al ínclito Rajoy (al que ahora acompaña de manera decidida el señor Rubalcaba) es que no soplamos sopa en una verbena con sardanas por las fiestas de la Merced y él solo baila tango, andamos enredados en un verdadero problema político, el más importante problema político del Estado desde que se reinstauró la democracia. Un amplio sector de la sociedad catalana es independentista, y (por ejemplo) Pep Guardiola tiene todo el derecho del mundo a manifestarse como contrario a la permanencia de Catalunya dentro del Estado que se llama España.

Luego, ¿cómo resolver el dilema?, ¿con la flota aérea del ejército español y tanques en la frontera? El asunto es claro: esta trama no se soluciona oponiendo nacionalismo español a nacionalismo catalán, ni suspendiendo la autonomía, ni cesando a Mas, ni pagando a un sutil sicario (que luego no se vaya de la lengua) para que lo liquide. En un Estado democrático, la democracia se solventa con democracia, o lo que es lo mismo, los catalanes no sólo tienen derecho al referéndum de autodeterminación sino que ese derecho lo exige la democracia.

¿Qué España es la “Constitucional”, la que crearon a sangre y fuego los llamados Reyes Católicos, una España de blanquitos, católicos y súbditos de un rey cojo, o la que todos los españoles nos concedemos, incluidos los catalanes?

Si uno no quiere, dos no están juntos. Rajoy puede imponernos la madre patria sin perdón, igual que si se le ocurre convertirnos en católicos practicantes por decreto, misa al canto los sábados o los domingos. Esa unidad no resiste, resiste la unidad de la razón.