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La compleja pero necesaria reforma sobre la maternidad – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

La reforma de la Ley del Aborto que el Gobierno ha decidido enviar al Congreso de los Diputados ha cosechado, como se esperaba, la furibunda reacción de las organizaciones feministas y de la progresía nacional, en tanto los sectores tenidos por más conservadores de la sociedad española -incluidas las organizaciones médicas y paramédicas- han manifestado su complacencia por el fin de la ley de plazos que aprobó en su día el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

Legislar sobre cualquier reforma que afecte a la intimidad, la conciencia o la ética inevitablemente suscita desencuentros y atenta contra las convicciones de una parte de la sociedad -de su concepción del mundo y del ser humano-, ya se haga con carácter liberalizador o restrictivo, sobre todo si se pretende que la ideología se imponga a cualquier consideración moral o social. Hemos visto cómo se habla de integrismo, involución, vuelta al pasado, intolerancia, alineamiento con la jerarquía católica, pérdida de derechos de la mujer, etc. tras la presentación de esta reforma impulsada por el ministro Ruiz Gallardón. Pero, ¿es retrógrado defender la vida? ¿Lo es que las menores de edad deban consultar con sus familias u obtener su consentimiento sobre un posible aborto cuando hasta para ir de excursión en el colegio necesitan el permiso paterno? ¿Resulta extraño que el Gobierno, cuando existen alternativas menos dolorosas, intente evitar en lo posible las interrupciones forzadas del embarazo, que sobrepasan la cifra de 115.000 anuales -somos ya el primer país europeo por abortos y rupturas matrimoniales- pese a la liberalización de la llamada píldora del día después?

La familia es lo primero

Aunque lo llevara en su programa electoral, creo que el partido Popular se equivoca al plantear esta reforma, que debería situarse, por imperativo de supervivencia y relevo generacional, no en una Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, sino en el contexto de otra norma de carácter integral referida a la Protección de la Maternidad y la Familia, la gran asignatura pendiente de nuestra democracia. No bastan la conciliación laboral y familiar, ni la ampliación de la jornada reducida por derechos de maternidad. Las mujeres embarazadas necesitan protección, auxilio, asesoramiento, colaboración de los poderes públicos. Y además, ayudas a la maternidad, a la natalidad, a la familia.

Con el enorme problema demográfico que tiene España, donde malamente se facilita el relevo generacional por el bajo índice de natalidad -según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, en 2017 el país tendrá por vez primera más muertes que nacimientos-, urge la implantación de una política que estimule el crecimiento de la población, basado esencialmente, hasta la crisis de 2008, en la inmigración. Una estrategia de esta naturaleza fomenta la creación de fundaciones y asociaciones cívicas para madres jóvenes y solteras y fija ayudas por hijo en función del baremo de edad hasta los 18 años, más otro tipo de compensaciones -para comida, estudios, centros de acogida, etc.- en el caso de madres solteras o menores de edad, todo lo cual depende de los niveles de ingresos, las posibilidades económicas, el tamaño de la familia, el tipo de trabajo…

En España los estímulos son ridículos en comparación con los países de nuestro entorno. Baste decir que aquí apenas destinamos el 1,5% del PIB a la ayuda familiar cuando la media europea supera el 2,1%; como referencia, unos 245 euros por persona-año, frente a 515 de la media europea. Está comprobado que a más ayudas, mayor natalidad. Algunos países arbitran partidas específicas de dinero público para las mujeres que no disponen de recursos económicos para criar a sus hijos, además de facilitar apoyo a las familias numerosas, canalizar y propiciar las políticas de adopción y entrega en custodia y facilitar subsidios a las unidades familiares adoptantes y/o con menores difíciles o con problemas.

No hay derecho al aborto

Todas estas acciones se combinan con otras referidas a la formación y educación sexual de los adolescentes y las maneras de evitar la concepción, ya que una vez ocurrida ésta lo normal es que se satisfagan los derechos del nasciturus, vinculando el ejercicio responsable de la sexualidad con la madurez individual y el desarrollo personal. Sólo así, con grandeza de miras, se ensancha la realidad del ser humano y el reconocimiento jurídico de su dignidad y sus derechos, sin postulados ideológicos preconcebidos.

No me parece progresista pedir el aborto libre; por el contrario, se me antoja una postura reaccionaria, retrógrada, contraria al avance de la civilización. Lo progresista sería su abolición porque equivaldría al reconocimiento jurídico de los derechos humanos, el primero de los cuales es el derecho a la vida. No hay un solo pacto de derechos humanos, ningún tratado o convenio internacional, ninguna norma de rango multinacional que recoja el derecho al aborto. Por el contrario, el derecho a la vida se especifica en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha recogido en varias sentencias: “No hay un derecho humano al aborto”, pero sí “el derecho a la vida del no nacido”, declaró en una histórica resolución el 16 de diciembre de 2010. Lo mismo hace con el derecho a la vida el artículo 15 de nuestra Constitución, en su doble significación moral y física y como proyección de un valor superior del ordenamiento, del que dimanan los restantes derechos y libertades. Y exactamente igual ha dicho el Tribunal Constitucional español, en su sentencia de 11 de abril de 1985 contra el aborto libre.

También resulta obvia la vigencia del juramento hipocrático, lo que a su vez aconseja la objeción de conciencia para médicos, enfermeros y personal sanitario que pueda intervenir en los procedimientos abortivos. La práctica médica no puede ser desprovista de su proyección moral cuando el aborto no es la mera interrupción de un embarazo, ya que suele llevar consigo la muerte de un ser humano, o de un proyecto de ser humano. No parece tampoco descabellada la prestación de consejo antes de abortar y la solicitud de dos informes médicos sobre los riesgos de salud de la mujer demandante de aborto por anomalía fetal, que ha sido hasta ahora un auténtico coladero, y la prueba es que se trata de la razón esgrimida en más del 90% de las interrupciones de embarazo.

Los derechos del feto

Está demostrado científicamente que desde el mismo momento de la concepción, tras la unión de un óvulo y un espermatozoide se forma el embrión, un sujeto individual distinto de la madre, con metabolismo, combinaciones genéticas y características propias, incluso con un ácido nucleico diferente. No se trata por tanto de un apéndice de quita y pon, ni de una visión religiosa de la vida -por más que algunos creamos en la trascendencia de ésta-, sino de un ser vivo que como tal goza de derechos y de protección jurídica consagrada en la Constitución.

Cuando se discuten estas cuestiones elementales y se escuchan pronunciamientos favorables a la defensa de los seres vivos, de las especies protegidas, de la simple nidada de unos pajarillos, ¿cómo no escandalizarse por la frivolidad de algunos acerca del aborto y sobre la supresión de los criterios de plazos a la hora de fijar si un acto contra la vida debe o no ser castigado? ¿Desde cuándo es nocivo el establecimiento de medidas cautelares y garantías de seguridad jurídica para la defensa del feto, si sus derechos son equiparables a los de la madre?

Si una mujer aborta, seguramente lo hará en defensa de ciertos proyectos personales, por miedo o por causas afectivas, económicas o sociales más o menos justificadas. Siempre será una decisión traumática, una frustración personal que suele dejar secuelas sicológicas e incluso físicas de por vida. Pero al menos no pagará penalmente por ello y en su caso podrá acceder a un aborto en condiciones legales y seguras. Aunque lo ideal sea siempre el compromiso solidario con el más débil, es decir, el triunfo de la vida.