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Cuentos de hadas – Por José Alberto León

Reconozco mi hartazgo sobre el debate independentista catalán, pero mayor aún es mi fastidio cuando leo o escucho afirmaciones evidentemente tendenciosas y falsas, especialmente en lo que respecta a las consecuencias económicas de la secesión. Por eso no me resisto a intentar poner los puntos sobre las íes en esta materia. Vayamos por partes. Según los secesionistas:

1) España les roba 16.000 millones de euros anuales, dinero que les permitiría una financiación desahogada de sus servicios públicos. Para esos cálculos utilizan un método poco razonable, que imputa a Cataluña sólo el beneficio de los servicios que se prestan físicamente en ella, pero excluye los servicios que las instituciones e infraestructuras del Estado realizan en su beneficio desde otros lugares (servicios exteriores, defensa, etcétera). Ningún autor de fuera de Cataluña admite este enfoque, sino otro en el que los beneficios se reparten entre las regiones en función de a quién se favorece con ellos. Según este criterio, en 2010 el déficit fiscal de Cataluña sería de unos 9.000 millones de euros, pero a día de hoy el déficit sería incluso menor al recibir Cataluña más fondos por desempleo y pensiones.

2) El sistema de financiación autonómica es discriminatorio con Cataluña. Nuestro sistema de financiación autonómico es un auténtico galimatías, un disparate sin pies ni cabeza. Tres comunidades tienen un saldo negativo frente al resto del país: Madrid, Cataluña y Baleares. Pero esto viene dado por su mayor renta, pues Cataluña no recibe peor trato (discriminada) que las demás comunidades ricas. De hecho, los ciudadanos de Madrid pierden, tras la acción redistributiva, el 8% de su renta, mientras que los ciudadanos de Cataluña pierden alrededor del 2%. Lo que no tiene sentido es que después de la redistribución de renta entre las regiones ricas y pobres, algunas de las pobres (Extremadura y Asturias) acaben recibiendo más fondos por habitante que las ricas. Ni que algunas de ricas (País Vasco y Navarra) ganen incluso más. Así, pues, es un sistema estúpido, no discriminatorio.

3) Las pensiones subirían en una Cataluña independiente. Una gran falsedad. Según los datos de la Seguridad Social, hasta octubre de 2013, Cataluña acumula un déficit en las pensiones de 4.331 millones de euros, pues su población es una de las más envejecidas de España y la pensión media que cobran sus pensionistas una de las mayores del país. Así, ese déficit debería ser cubierto por el nuevo Estado o las pensiones deberían reducirse de media en unos 3.200 euros al año.

4) España tiene más que perder que Cataluña si ésta se independiza. Falso. El tamaño importa, y el mercado catalán es menos importante para España que el mercado del resto de España para Cataluña. Incluso tras la separación de terciopelo entre Chequia y Eslovaquia, el comercio mutuo se redujo más del 50%, así que en nuestro caso sería peor. Los probables boicots mutuos afectarían proporcionalmente más a las empresas catalanas (que venden casi 50.000 millones de euros, el 25% de su producción total, al resto de España) que a las españolas (que venden únicamente el 2,5% de lo que producen en Cataluña). Para España, el mercado catalán tiene una importancia similar al alemán, pero para Cataluña el mercado del resto de España tiene un tamaño similar al europeo. Adicionalmente, las miles de empresas catalanas con proyección nacional pagan allí impuestos por los beneficios que obtienen de sus ventas en el resto de España. Tras la secesión los pagarían en España, así que los ingresos públicos de una Cataluña independiente serían aún menores. Todos perderíamos, pero no hay color.

5) Aun si Cataluña saliera de la UE, podría seguir manteniendo el euro como su moneda. Cierto, aunque no es una opción exenta de problemas. El nuevo Estado debería pedir euros prestados o poner trabas a la importación para equilibrar la deficitaria balanza comercial actual, con el consiguiente encarecimiento de la vida. No participaría en las instituciones financieras europeas y por tanto no tendría ningún poder de decisión. Carecería de acceso directo a la liquidez del eurosistema y a sus condiciones de financiación, y sin esta liquidez los dos únicos bancos catalanes (Sabadell y La Caixa) quebrarían o se verían obligados a trasladar su sede fuera del nuevo Estado (junto a los impuestos que pagan).

6) La financiación por los mercados mejoraría en una Cataluña independiente. Tras la separación, Cataluña se encontraría enfrentándose a una dura decisión: adoptar el euro o crear su propia moneda. Sobre la primera opción ya hemos visto que pesa una fuerte incertidumbre. Si emitiera su propia moneda se depreciaría al menos el 20% respecto al euro, lo que encarecería sus importaciones. Dado que las importaciones suponen el 45% del PIB de Cataluña, el nivel de vida de los catalanes se reduciría el 9% y, peor aún, las deudas de empresas y ciudadanos con los bancos seguirían nominadas en euros, de modo que aumentarían el 20% o más en la nueva moneda. Adicionalmente, muchas de las miles de empresas extranjeras en Cataluña abandonarían su territorio para instalarse en otro lugar dentro del paraguas de la UE, para no enfrentarse con aduanas, fronteras y trabas para el comercio, ni al riesgo cambiario de la nueva moneda. Durante un tiempo (entre 1,5 y tres años), Cataluña perdería el acceso a los mercados financieros, y viviría al borde del impago por su déficit e inevitable necesidad de financiación. Para evitarlo tendría que realizar un brutal recorte de gasto, ajustándose al déficit cero en un solo día. Todo ello les haría experimentar una contracción adicional del PIB cercana a los siete puntos. Como conclusión: a corto plazo Cataluña difícilmente podría atender sus necesidades financieras.

Como ven, la realidad postsecesión se aleja mucho de esa Arcadia feliz que algunos quieren pintar. Creo que los catalanes están siendo engañados por sus políticos. Y aunque, sumido en el hartazgo, la independencia de Cataluña me parece la liberación de una pesada carga, la marcha de unos vecinos protestones, mucho me temo que la ruptura no constituiría el final de los problemas sino el comienzo. No sólo el reparto de la deuda común sería complicado y proclive a nuevos reproches y quejas, sino que es probable que la Cataluña independiente mantuviera reivindicaciones territoriales sobre las regiones catalanoparlantes que permanecieran en España. ¿Existe alguna base para la queja catalana? Solo una. La crítica a nuestro sistema de financiación autonómico. No tiene sentido que después de la redistribución de renta entre las regiones ricas y pobres, las pobres acaben recibiendo más fondos por habitante que las ricas. Esto es un disparate. En 2014 está previsto modificar este sistema y el nuevo debe garantizar los servicios esenciales en todas las autonomías. Las comunidades recibirían la financiación necesaria para financiar los servicios públicos fundamentales, el 75% del gasto, pero no para otros dispendios no esenciales. Para modificar el sistema de financiación no hacía falta montar este lío, ni engañar a los ciudadanos con quiméricos cuentos de hadas.