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La Eurocámara vota este martes el acuerdo de pesca con Marruecos

   

Parlamento Europeo

Imagen de archivo de una sesión plenaria de la Eurocámara. / DA

M. FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

El penúltimo pleno de 2013 del Parlamento Europeo (PE) es de especial importancia para todos aquellos países de la Unión Europea donde las industrias pesqueras son relevantes. Así, la Eurocámara votará mañana la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), que aborda el problema de la sobrepesca y propone su desaparición a partir de 2015, y el protocolo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, que permitirá a 126 buques comunitarios, entre ellos 100 españoles (en su mayoría, andaluces y canarios) faenar en aguas jurisdiccionales marroquíes.

Este nuevo protocolo incrementa en más de un 30% las posibilidades de pesca para la flota comunitaria y fija la contrapartida financiera a cargo del presupuesto de la UE en 30 millones de euros anuales. De esta manera, los eurodiputados de la comisión de Pesca, que ya dieron su visto bueno al nuevo régimen pesquero el pasado noviembre, decidirán mañana si aprueban este protocolo que, a cambio de un pago anual de 40 millones de euros durante cuatro años, permitirá a la flota comunitaria regresar a los caladeros que gestiona Rabat y que tuvo que abandonar en diciembre de 2011 por la oposición de la Eurocámara.

Según este acuerdo, la UE reducirá la contrapartida financiera que ofrece a Marruecos desde los 36,1 millones de euros anuales del anterior protocolo hasta los 30 millones, lo que supone una disminución del 17% para las arcas comunitarias.

Sin embargo, el coste anual total del protocolo aumenta en un 1%, de los 39,5 millones de euros anuales hasta los 40 millones. Esto se debe al incremento del 194% de la contribución de los armadores.

El Parlamento Europeo rechazó en diciembre de 2011 la prórroga por un año del anterior protocolo de pesca con Marruecos, que había finalizado el 27 de febrero de 2011. Tras el veto de la Eurocámara, la prórroga dejó de aplicarse el 14 de diciembre de 2011. La Comisión Europea empezó a negociar entonces un nuevo protocolo. El informe de la comisión de Pesca que dio lugar al voto negativo planteaba tres grandes problemas: la sobre explotación a la que se estaban sometiendo los caladeros marroquíes y saharauis, la escasa rentabilidad económica que suponía para la Unión Europea y la falta de pruebas de que el acuerdo fuera beneficioso para el Sahara Occidental.

Durante estos dos años, la comisaria de Pesca, María Damanaki, ha tenido que renegociar un acuerdo que resolviera todas estas dudas, en especial en lo que respecta al respeto de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental y a la rentabilidad económica y sostenibilidad pesquera del convenio. La excolonia española reclama que sus aguas sean excluidas del acuerdo porque no reconoce el derecho de Rabat a gestionar sus recursos, pero Bruselas y los 28 dan por bueno que se mantengan, a cambio de una cláusula que prevé la suspensión del convenio si se vulneran derechos fundamentales.

Estas condiciones, sin embargo, no convencen ni a Los Verdes ni a la Izquierda Unitaria, que abogan por tumbar el acuerdo, frente a los populares y socialistas. Los Veintiocho y Marruecos han rubricado ya el acuerdo, a la espera de la ratificación de la Eurocámara, que será mañana. Para que entre en vigor serán necesarias aún las aprobaciones formales del Parlamento marroquí y del Consejo de ministros de Pesca de la UE.


Particularidades

Política Pesquera Común (PPC). La nueva política pesquera prohibirá los descartes a partir de 2015, promoverá la pesca artesanal y tendrá en cuenta las particularidades de las regiones ultraperiféricas. El objetivo del Parlamento es facilitar el incremento de las poblaciones de peces incluso por encima de un nivel sostenible. Según la Comisión Europea, el 80% de las poblaciones mediterráneas y el 47% de las del Atlántico están sobre explotadas. El sector pesquero genera 35.600 millones de euros de ingresos en la UE y da trabajo a 310.000 personas (138.500 en el sector de las capturas).

Descartes. La nueva PPC obligará a los barcos a descargar al menos el 93% de las capturas en 2015 y 2016, el 94% en 2017 y 2018 y el 95% a partir de 2019. El Parlamento ha intentado mantener este porcentaje lo más alto posible durante las negociaciones con los estados miembros. Podrán aprobarse algunas excepciones.

La prórroga de la suspensión arancelaria hasta 2020 también se decide el martes

El pleno de la Eurocámara también votará el martes (estaba previsto para el miércoles) un informe elaborado por el eurodiputado español Gabriel Mato (PPE) que prolonga hasta 2020 la actual suspensión de los derechos de aduana sobre la importación de algunos productos pesqueros en las Islas Canarias. De recibir el visto bueno del Parlamento, la suspensión se aplicaría a partir del 1 de enero de 2014.

El régimen actual de suspensión de derechos arancelarios para Canarias expira el próximo 31 de diciembre, por lo que el pleno del Parlamento Europeo debe confirmar la prórroga, para que ésta entre en vigor el próximo 1 de enero. Esta medida se aplica a productos como el pescado congelado, los crustáceos y moluscos frescos, refrigerados, congelados, ahumados, secos, salados o en salmuera y las harinas de pescado.

La situación geográfica excepcional de las Islas Canarias con relación a las fuentes de suministro de ciertos productos de la pesca, esenciales para el consumo interno, impone a esta región costes adicionales para el sector. Por ello, desde 1991, la Unión Europea ha suspendido, parcial o íntegramente, los derechos del arancel aduanero común para las importaciones de determinados productos pesqueros en las Islas.

El reglamento en vigor regula esta actividad desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2013. Por este motivo, el Parlamento votará la extensión de estas medidas hasta 2020.