X
análisis>

El folletín eléctrico, un callejón sin salida – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

Coincidiendo con la publicación en el BOE de la muy discutida Ley del Sector Eléctrico, que sustituye a la de 1997, el Gobierno ha aprobado la subida de la luz en un 2,3% a partir de enero y al menos hasta marzo próximo, en el quinto aumento de la factura eléctrica a lo largo de un año, con lo que el incremento del precio de la electricidad desde 2006 supera el 70%, el más alto de Europa. Se supone que no se va a incrementar el llamado déficit de tarifa, que viene a ser la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que las compañías perciben a través del recibo de la luz -que en estos momentos supera los 26.000 millones de euros, de los que 3.600 millones corresponden al año en curso-, como consecuencia de los sobrecostes del sistema. Esta medida, un tanto precipitada y adoptada sin diálogo con las compañías eléctricas, tiene carácter transitorio y el propio Gobierno se ha comprometido a presentar un mecanismo definitivo de subasta antes de marzo próximo, para el cálculo de la parte liberalizada de la tarifa.

Por otra parte, la reforma eléctrica diseñada por el ministro Soria contempla un mecanismo automático de incremento de peajes (costes regulados) del recibo de la luz cuando se produzca un desajuste entre ingresos y costes del sistema. Pero no se modifica la subasta mayorista, que como se ha demostrado da origen a fuertes intrigas especulativas, ni tampoco la fijación de precios a través del sistema de pool, muy criticado en toda Europa. El Ministerio de Industria ha colocado a los pies de los caballos al sector fotovoltaico con un nuevo recorte de primas y ha laminado en la práctica el autoconsumo de los usuarios con placas solares al aplicarles unos costes que hacen inviable generar electricidad en la casa propia y verter la energía sobrante al sistema.

El desaguisado eléctrico
Una vez más, el consumidor y las pymes pagarán los platos rotos del desaguisado eléctrico. De hecho, a los particulares se les sube más del 70% el término de potencia contratada (cerca de la mitad de la factura) y el 125% a las pymes; a unos y otros se les siguen cargando costes políticos en el recibo de la luz, que en alrededor del 50% se refiere a energía consumida, transporte y distribución de la electricidad, correspondiendo el resto (gestión de residuos, ciclo combinado, moratoria nuclear, compensación extrapeninsular, ayudas al carbón, financiación de la Comisión Nacional de la Energía) a cargas fiscales y subvenciones de diversa índole. Además de dar lugar a una inseguridad jurídica y de seguir actuando mediante una política de constantes modificaciones legislativas, la nueva ley no aborda la necesaria reforma estructural del sector eléctrico, ni permite que el mercado liberalizado actúe como tal, para competir entre sí. Tampoco suprime subvenciones impropias y sigue permitiendo un oscurantismo inexplicable en el recibo de la luz. España es el tercer país europeo con la electricidad más cara, tras Chipre e Irlanda, y el primero por el sobrecoste de las subastas para los consumidores, unos 1.700 millones desde 2009.

Resulta sorprendente que el precio de la electricidad no se fije en función de los costes de generación de cada tecnología en vez de hacerlo mediante el sistema de subasta en el mercado mayorista, en el que las tecnologías que producen a costes inferiores obtienen beneficios muy elevados, siendo la más cara (gas y carbón) la que en la práctica determina el precio. Además, las centrales ya amortizadas, hidroeléctricas o nucleares, perciben unos beneficios inexplicables.

Problemas de fondo
Tras los disparates eléctricos de la era Zapatero, que fomentó a base de primas millonarias (luego rebajadas, aunque su retribución supera los 9.000 millones anuales, lo que representa una cuarta parte de los costes del sistema eléctrico) algunas energías alternativas, sobre todo de parques solares, se ha creado una nueva burbuja: la banca privada tiene concedidos más de 45.000 millones de euros en préstamos de difícil cobro a empresas del sector. Junto a este problema, se encuentra el de la pésima liberalización del mercado desde 2003, en el que un grupo de cinco empresas se lo han repartido casi a su medida la generación y el suministro eléctrico, sin competencia aparente entre ellas ante el oscurantismo regulatorio existente. A ello se unen problemas no menos graves, como el exceso de inversiones costosas y mal planificadas, la presencia de especuladores financieros en los procesos de subasta, la falta de una política concreta sobre la fractura hidráulica (un sistema que permite obtener gas de esquisto o pizarra, lo que está resolviendo el problema energético de Estados Unidos en detrimento del petróleo), un mercado sobredimensionado, pese a lo cual los precios de la electricidad siguen disparados e inciden en la competitividad de las empresas y en la cartera de los consumidores. Este galimatías hace muy difícil conjugar el descenso del precio eléctrico con la obligada reducción del déficit de tarifa, a menos que el Estado se haga cargo de la deuda con las empresas eléctricas, cifrada en 26.000 millones de euros y que seguiremos pagando hasta dentro de quince años. En suma, la racionalidad económica ha sido arrinconada por intereses políticos y de los grupos de presión, la auténtica liberalización del sector ha sido sustituida por un corporativismo desmedido -las cinco grandes compañías agrupadas en Unesa funcionan en la práctica como un lobby) y la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad del sistema se han convertido en agua de borrajas por incumplimiento de las normas regulatorias bajo cuya vigencia los emprendedores y empresarios realizaron sus planes inversores.

El caso canario
Canarias tiene un problema energético de primera magnitud. Con seis sistemas aislados, depende en un 95% del petróleo, lo que produce unos costes excesivos en la generación de electricidad, que es subvencionada por el Estado, para dar así cumplimiento a las previsiones del REF, con un promedio de algo más de dos millones de euros diarios. A la economía de la comunidad autónoma le resultaría imposible afrontar por sí misma estos sobrecostes -no menos de 1.100 millones anuales-, que inevitablemente tendrían que ser absorbidos por las corporaciones, las empresas y los consumidores. Las Islas reúnen unas condiciones óptimas para la generación de electricidad a través del viento y el sol, aparte la de origen geotérmico y del oleaje, que todavía se encuentran en mantillas. El Pecan apenas se ha cumplido y su retraso es una rémora para la industria, para los consumidores… y para la llegada del gas natural, más barato y menos contaminante, destinado a las centrales de ciclo combinado, así como para el turismo, la industria y los hogares de las dos capitales canarias y sus áreas metropolitanas. Según los expertos, un mix energético a base del 36% de gas, 15% de diesel, 9% de fuel, un 30% eólico y 10% fotovoltaico permitiría reducir el coste medio de generación eléctrica en casi un 40%.

Algunos otros factores condicionan también la eficiencia energética en Canarias, como la falta de sistemas interconectados, salvo Lanzarote y Fuerteventura; el retraso en la puesta en marcha de algunas infraestructuras para el periodo 2007-2016 en el que están previstos más de 10.000 millones de inversión; la poca atención que se presta a nivel central a las especificidades isleñas; la inoportuna privatización de Unelco-Endesa -que en la práctica casi funciona como monopolio por la falta de concurrencia de otras firmas eléctricas y pese al intento de acabar con la unidad de todo el proceso- para abaratar costes y rebajar precios, según se dijo entonces, lo que no se ha cumplido; la prohibición a Endesa para que pueda participar en la generación eléctrica a través de infraestructuras hidroeléctricas y gasísticas; la imposibilidad de que Unelco pueda garantizar un suministro seguro cuando se le impide invertir para mejorarlo; y la falta de un modelo energético limpio y sostenible, acorde con las enormes posibilidades que Canarias ofrece para la implantación de las energías renovables, con la consiguiente creación de empleo. Queda mucho por hacer y no parece tarea fácil tras la reiteración de errores, algunos de ellos imputables al ministro canario.