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El Gobierno canario inicia los trabajos para pagar la parte devengada de la paga extra de 2012 al personal laboral

   

EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha anunciado que iniciará los trabajos para formalizar el pago de la parte devengada de la paga extra de 2012 al personal laboral de la Administración autonómica, según informó el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Así, la Dirección General de Función Pública realizará el cálculo de este pago tras la notificación de la sentencia dictada por la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que reconoce al personal laboral de la Comunidad el derecho de cobro de la parte devengada de esta paga entre el 1 de mayo y el 14 de julio de 2012.

La paga extraordinaria de 2012 fue suprimida íntegramente en aplicación del Real Decreto Ley 20/2012 aprobado por el Gobierno de España que entró en vigor el 14 de julio. Su aplicación resultó de obligado cumplimiento para todos los niveles de la Administración Pública ya que esta medida fue aprobada con rango de normativa básica para todo el Estado.

Por su parte, en la Administración autonómica, el personal laboral cuenta con 7.126 efectivos, que son los afectados por esta sentencia del TSJC.

Respecto al resto empleados públicos de la comunidad autónoma el Gobierno de Canarias debe esperar a la resolución judicial en el orden jurisdiccional correspondiente, en este caso 51.938 efectivos.

El Gobierno de Canarias prevé que la resolución que afectará a los demás trabajadores de la Comunidad será en términos similares a los establecidos por el TSJC para el personal laboral, pero debe esperar a la resolución judicial para poder hacer efectivo el pago.


CANARIAS RESERVÓ 28,3 MILLONES EN LOS PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS

El Gobierno de Canarias reservó 28,3 millones de euros en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2014 con el propósito de hacer frente a la ejecución de estas sentencias, sabedor de que las resoluciones judiciales estimarían parcialmente los argumentos esgrimidos por los empleados públicos contra la supresión de la paga extra que impuso en 2012 el Gobierno de Rajoy.

De este modo, el Ejecutivo regional apuntó que la ejecución de estas sentencias no producirá desestabilización en las previsiones de gasto ni generará déficit a la hacienda autonómica.