EUROPA PRESS | Madrid
El Gobierno ha presentado este viernes un paquete legislativo para mejorar la lucha contra la corrupción que incluye medidas como la prohibición de condonar deudas a los partidos y la prohibición de las donaciones de personas jurÃdicas a las formaciones polÃticas. Igualmente, recoge novedades como la de que las personas condenadas por delitos de terrorismo no puedan ser altos cargos de la Administración mientras no se cancelen los antecedentes penales.
Asà lo ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de SantamarÃa, que ha pilotado este plan de regeneración democrática. En concreto, ha presentado dos anteproyectos: la ley reguladora del régimen económico financiero de los partidos y la ley reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado, dos normas que el Ejecutivo quiere consensuar con los grupos parlamentarios durante el trámite parlamentario.
Como principales novedades en la primera norma se incluye la de prohibir las donaciones de personas jurÃdicas a los partidos. “Hasta ahora los partidos podÃan recibir donaciones con un limite de 100.000 euros anuales. Ahora se prohÃben completamente las donaciones que tengan su origen en personas jurÃdicas”, ha manifestado Sáenz de SantamarÃa.
Sáenz de SantamarÃa ha aclarado que se mantienen las donaciones por parte de las personas fÃsicas, que no se pueden prohibir, entiende el gobierno, porque forman parte de la “libertad individual” y suelen realizarse por simpatÃa con la formación polÃtica o por interés en colaborar con ella.
La vicepresidenta ha destacado también que la futura ley de régimen económico financiero de los partidos incluirá además la “prohibición de condonaciones de deuda por parte de entidades de crédito a los partidos”, asà como la imposibilidad de refinanciarla a precios por debajo del de mercado. Además, se regula cómo devolver las donaciones que se reciban indebidamente y que de no ser posible hacerlo, se ingresarán en el Tesoro Público.
Se especifica también el procedimiento de contratación que deben seguir los partidos y se recogen las responsabilidades de supervisión interna que tienen.
La vicepresidenta ha explicado que la ley también recogerá medidas de tipo penal, pero que su concreción se introducirá mediante enmiendas a la reforma del Código Penal que tramita el Congreso. Una de ellas servirá para introducir el delito de financiación ilegal de partidos; además, se endurecerán las penas por prevaricación, se reforzará la persecución del cohecho, el tráfico de influencias o los delitos patrimoniales, y se revisará el delito contable.
Sáenz de SantamarÃa ha asegurado que el proyecto se remitirá al Consejo de Estado para que informe y también al Tribunal de Cuentas, del que esperan aportaciones sobre su propio papel en este asunto, papel que será reforzado. La norma, en conjunto, modificará otras tres: la de partidos, la de financiación de partidos y la de este Tribunal.