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Guerritas – Por Alfonso González Jerez

   

El auto del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife que ha repuesto a Álvaro Dávila en la Alcaldía de Tacoronte solo lo ha hecho de una manera cautelar, hasta que se dicte la pertinente sentencia, algo que convendrían que entiendan perfectamente tanto el mandatario coalicionero como aquellos que a través de una moción de censura lo apartaron del gobierno municipal. Para calificar un auto que establece una medida cautelar como “un auténtico engendro jurídico” es necesario un doctorado cum laudem en la Universidad de Salamanca y treinta años de exitosa práctica procesal o, más sencillamente, llamarse Felipe Campos, y servidor no puede aspirar a ninguna de esas dichas. Una medida cautelar se impone al entender el juez que debe ejercer una tutela judicial efectiva para preservar los derechos del recurrente, ya que resulta imposible prejuzgar o anticipar el fondo de la cuestión que se dirime. Se trata de una valoración sumaria, subjetiva y en buena parte discrecional del juez. En todo caso las medidas cautelares -que tienen un carácter temporal e instrumental- forman parte del derecho procesal español y no constituyen per se ninguna inimaginable aberración. Empeñarse en presentar una decisión judicial como un capítulo de un combate político (y hacerlo desde la defensa jurídica de una de las partes) sí denota una irresponsabilidad manifiesta. Ciertamente la situación política del ayuntamiento de Tacoronte es difícilmente empeorable ahora mismo. Álvaro Davila no puede gobernar con el apoyo exclusivo de los concejales de CC. Pero lo que cabe demandar en este momento es que el juzgado de lo Contencioso Administrativo emita una sentencia con la mayor velocidad posible. Nada más. Pero tampoco nada menos. Contribuir a la gobernabilidad de las corporaciones municipales es un prerrequisito para la salvaguardia de los intereses públicos. Respetar las reglas del debate político también. Un ejemplo contrario es la despreciable campaña impulsada por el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, contra la líder de la oposición municipal, Ana Dorta, que ha incluido pasquines y uso de redes sociales. Le acusa de cobrar por no trabajar, cuando Dorta se ha limitado a cogerse al derecho de solicitar servicios especiales- es funcionaria en la Consejería de Educación- al igual que tantos compañeros de Martín, como el presidente del PSC de Tenerife, Rafael Yanes, exalcalde de Güimar. Claro que Pedro Martín se quedaría sin trabajo si perdiera la alcaldía. No tiene otro.