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In-seguridad – Por Francisco Pomares

   

Las dos leyes reformadas por el Gobierno del PP en materia de seguridad -la de Seguridad Ciudadana y la de Seguridad Privada- responden a una misma concepción, que es la de considerar al ciudadano culpable mientras no se demuestre lo contrario. Con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la policía y sus actuaciones pasan a convertirse poco menos que en secreto de Estado, mientras que la posibilidad de los ciudadanos de manifestarse, protestar o disentir, queda sometida a control preventivo, vigilancia permanente y represión contundente. Muchas de las medidas adoptadas huelen a rancio, y -para quienes vivimos la dictadura- suenan familiares, aunque ya olvidadas. Asistir a una manifestación, convocarla, protestar por redes sociales o expresar escatológicamente una saludable opinión anarquista (por ejemplo) podrá ser considerado un delito punible. El paroxismo del concepto de castigo al ciudadano se produce en la inaudita norma que establece una penalización de mil euros (el salario mensual medio) para aquel que pierda el DNI más de tres veces en un año. No se como se tomará tal castigo alguien a quien -a pesar del refuerzo de las atribuciones policiales- le roben la cartera tres veces.

Ni a quien se le ha antojado que haya que pagar -ya lo hacemos- por disponer de un documento que el Gobierno nos exige llevar encima a todas horas y en toda ocasión, pero que luego no nos sirve para poder volar entre islas, por ejemplo. El complemento perfecto del nuevo concepto de Seguridad Ciudadana es la actualización de la Ley de Seguridad Privada, que no sólo extiende el ámbito de trabajo de la Seguridad Privada a las cárceles, sino que otorga a miles de vigilantes privados el poder de “detener, cachear e identificar a ciudadanos en calles y espacios públicos”. Y por tanto a utilizar -si llega el caso- su capacidad represora con quienes se opongan a ser detenidos, cacheados e identificados por un señor cuya competencia para actuar como autoridad viene determinada únicamente por un cursillo y por la contratación de una empresa que contempla la seguridad como un negocio, no como un servicio. El retroceso en España en materia de derechos y libertades, corre parejo con los recortes salvajes al bienestar social, y con el incremento indecente de la presión fiscal y lo que tenemos que pagar por los servicios. El Gobierno del PP comienza a manifestar perfiles más que legítimamente conservadores, claramente autoritarios, con un concepto patrimonialista del Estado y de sus recursos. No debería extrañarnos mucho cuando todo un ministro (del Gobierno de todos los españoles) explica que se está purgando la Inspección de Hacienda porque en ella había “demasiados socialistas”…