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La Junta andaluza: “Se esclarecerán hasta el final las ayudas de UGT”

   

EUROPA PRESS | Sevilla

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha dejado claro que “se esclarecerán hasta el final” los expedientes abiertos sobre presuntas irregularidades en subvenciones concedidas a UGT-A, aunque considera que “no se puede hacer una causa general” de estos “casos concretos”, como, a su juicio, pretende hacer el PP.

En una entrevista con Europa Press, la consejera indica que la remisión de oficio de los expedientes “ya se ha notificado” al sindicato, puesto que “UGT fue el primero en saber que había una información previa, se le requirió la aportación de documentación y se inicia la segunda parte del expediente, la revisión de oficio cuando UGT no había aportado documentación que el instructor entendía que era necesaria para justificar la totalidad de las subvenciones, documentación que no había podido aportar porque había tenido un borrado en sus ficheros”.

En ese sentido, se mostró “convencida” de que el sindicato “está haciendo una tarea de reconstrucción con los diversos documentos, aunque no los tenga en el ordenador y la aportará en el momento en que pueda, una vez que hagan la reconstrucción”.

“Hay personas que son magníficos sindicalistas, y este proceso es triste, pues la propia organización lo sufre y lo vive, pero la Junta está cumpliendo con su obligación y seguirá cumpliéndola”, ha aseverado la consejera, quien insiste en que el Gobierno andaluz “reclamará toda la documentación que entienda oportuna de los expedientes que tienen financiados, y en caso de que entienda que no se aportan suficientes datos, reclamará el reintegro de las cantidades que puedan haber percibido”.

Montero, quien reconoce que “no se puede saber si habrá más expedientes” presuntamente irregulares y rechazó “especular con este tipo de investigaciones”, donde “los funcionarios deben hacer su trabajo y se deben respetar sus tiempos”.

La consejera rechazó en este caso la actitud del PP que “está utilizando la información para lanzar un cuestionamiento general sobre los sindicatos y, en concreto, sobre los sindicatos de clase”, frente a lo que considera que “es preocupante que en los momentos que vivimos se intente hacer aprovechamiento político de esa situación, puesto que los sindicatos defienden los derechos de los trabajadores”.

“Hay un intento de manipulación política de una situación que todos condenamos y todos estamos trabajando para subsanarla”, ha aseverado la consejera, quien insiste en que “no se puede poner en cuestión ni en solfa la necesidad de que la sociedad civil y los trabajadores se articulen en torno a sindicatos que defienden el interés de las personas que prestan sus servicios en una empresa”.

Así, tras lamentar medidas como la reforma laboral “que plantea una indefensión de los trabajadores en la negociación colectiva”, Montero considera que “si ahora ponemos en cuestión a los sindicatos, cuya tarea principal se desarrolla en la mayoría de las ocasiones en la defensa de los trabajadores, el poner en cuestión a los sindicatos, se ponen en cuestión los cimientos de la democracia”.

“Ese tipo de afirmaciones generales me preocupan, pues aquí hablamos de casos concretos y expedientes concretos que tenemos el máximo interés en esclarecer, y la Junta trabaja para aclarar el caso hasta el final, pero no se puede hacer de esto una causa general”.

EL PROCESO

Montero ha recordado el procedimiento, por el que el funcionario instructor ha remitido al gabinete jurídico el estudio realizado sobre los dos expedientes que se habían revisado, de forma que el gabinete jurídico emitirá informe, se abrirá un proceso de alegaciones y después irá al Consejo Consultivo, donde se ratifica “lo que en el procedimiento, tanto el instructor como los diferentes órganos de consulta, hayan entendido que procede aplicar en cada caso”.

De esta forma, ha indicado que el estudio “puede sufrir modificaciones a lo largo de este proceso fruto de la intervención de ambos órganos y del período de alegaciones del sindicato para aportar aquella documentación que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos”. Ha indicado que la Administración andaluza tiene tres meses para pronunciarse como máximo “pero después el Consultivo tiene sus propios tiempos”.

La consejera ha indicado que el instructor que tramita este caso concreto pertenece a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, toda vez que “la responsabilidad sobre el reintegro de gastos de las diferentes unidades directivas corresponde a cada unidad directiva, al concedente de una ayuda o una subvención”.

Así Hacienda interviene a posteriori, al ser la tesorera y recibir el reintegro, “pero quienes ponen en marcha los expedientes para reintegrar gastos y los que instruyen los procedimientos cuando entienden que no está debidamente justificada una subvención y los abren de oficio son los órganos que han promovido la financiación de la actividad, esto es, los que han dado la ayuda”. “Es la dirección general correspondiente la que da la ayuda y la que nombra instructor cuando entiende que en ese momento procede una información previa o posteriormente una revisión de oficio”, aclara Montero.

MODIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

En ese sentido, la consejera ha anunciado que en la Ley de presupuestos de 2014 “se introducen mayores controles en la financiación pública de actividades”, algo “contemplado antes de que se hicieran públicos los expedientes de UGT”.

Así, ha explicado que en el seno de la Ley de Presupuestos, “se mejorará el control de las transferencias de financiación, pues se pretende lograr una mejor identificación de qué son las transferencias, para qué fines van dirigidas, esto es, se abunda en el concepto de transferencias de financiación”.

Además, se establecerá que la Intervención de la Junta se va a dotar un reglamento para el control de las transferencias de financiación.

Montero ha rechazado que “se considere que una transferencia de financiación es ilegal ‘per se’, como si esta transferencia fuera algo delictivo, cuando es el mecanismo que tienen las empresas públicas para financiarse; el problema es el mal uso de una transferencia de financiación, no el hecho de que exista, por eso es bueno concretar qué son y a qué se dedican”.

Además, la ley de presupuesto de 2014 establece que “se mejorarán los controles sobre justificación de subvenciones”, algo que se tendrá que desarrollar con motivo de la aprobación de la ley.

Así, se pretende “hacer un seguimiento de la justificación de la subvención más ordenado y más metódico”, con vistas a “homogeneizar la justificación de subvenciones, puesto que cada unidad directiva es la responsable de vigilar que se cumplan los criterios por los que concede una subvención”.

“El proceso empieza y termina en una dirección general”, ha agregado la consejera, quien indica que “cada dirección general tiene su metodología de fiscalización, por lo que siempre es bueno volver a revisar la ley para mejorar el control de las subvenciones”. Montero ha indicado que esta mejora “entra dentro del manual general de buenas prácticas”.

“La idea es mejorar sobre el año anterior y entendemos que se puede fiscalizar mejor”, ha agregado.