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Mercantilismo lastimero – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

Según Paulino Rivero, en su carta abierta a Mariano Rajoy y al rey, desde los tiempos de la conquista existe un supuesto pacto institucional tácito en la esfera económica entre Canarias y la Corona de Castilla primero, y España después; un pacto institucional que se resume en que Canarias garantiza su lealtad al Reino de España a cambio de que el Estado atienda las singularidades económicas y fiscales del Archipiélago. Así, como dos partes diferenciadas, de igual a igual. El Decreto de Puertos Francos del siglo XIX, por ejemplo, obedecería a una materialización de dicho pacto, porque los canarios plantearon -y consiguieron- que la participación de las Islas en el nuevo Estado (se supone que se refiere al Estado de Derecho) estuviera vinculada a la aceptación de su especial estatuto fiscal y mercantil, y su adecuación a los nuevos tiempos.

Siempre según Rivero, el Gobierno de España (¿el Partido Popular?) está rompiendo unilateralmente dicho pacto institucional (¿el Gobierno es José Manuel Soria?), lo que abre un escenario de incertidumbre en las relaciones Canarias-Estado y hace que la sociedad canaria se considere cada vez más alejada de España (¿si gobernara el PSOE se sentiría más española?), porque aprecia que cada vez es mayor la distancia que separa el esfuerzo que el Estado lleva a cabo en otros territorios y el que hace en el Archipiélago, y percibe de forma creciente y mayoritaria que no está recibiendo un trato justo por parte del Estado; y, en este mismo sentido, que España no está haciendo lo suficiente por Canarias. En lo que constituye una dinámica sin precedentes en esta etapa democrática, prosigue Rivero, el sentimiento de vinculación estrecha a España se está debilitando. Se está abonando un sentimiento de desafecto con consecuencias por ninguno deseadas. “De ahí que, como Presidente de Canarias, sea mi responsabilidad alertar, antes de que sea demasiado tarde, de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir”. En otras palabras, no quiere hacerlo, pero si Madrid le obliga, tendrá que declarar la independencia.

La carta continúa afirmando que “a pesar de los mandatos constitucionales, los canarios no están en condiciones equiparables al resto de ciudadanos del Estado. Se está convirtiendo a Canarias en un territorio de ultramar postergado sistemáticamente en el ámbito de todas las políticas públicas que se acuerdan desde la capital de España, cuando responsablemente debería ser al revés, mereciendo el Archipiélago ser objeto de políticas específicas que eviten que sea una tierra cada vez más alejada del resto del Estado en todo tipo de indicadores. Así lo viene haciendo Bruselas en su ámbito de competencias, pero no es el caso del Gobierno de España”.

En cuanto a las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias, afirma Rivero que “es institucionalmente relevante la falta de respeto y la deslealtad con la que desde el Gobierno de España se viene tratando al Gobierno de Canarias, al Parlamento canario, a los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, y a todas las Corporaciones locales de ambas islas, que se han posicionado públicamente en contra. En un asunto de la máxima trascendencia para Canarias y su futuro, el Gobierno español actúa con prepotencia y con un evidente desprecio a las instituciones y particulares que no comparten su opinión. Debes tener presente, además, las especiales connotaciones políticas de este tema que derivan de la vecindad con Marruecos y de las dificultades para delimitar las aguas territoriales”. ¿El ejercicio de las propias competencias es falta de respeto, deslealtad y prepotencia?

Por último, concluye el presidente canario que “no pasan desapercibidas en el Archipiélago las distintas varas de medir del Gobierno de España frente a los problemas territoriales, ni los estímulos a los que parecen responder con mayor celeridad quienes deben velar por el interés de todos los que a fecha de hoy integramos el Estado”. Y ofrece su “disposición para tratar estos asuntos y buscar soluciones desde la lealtad institucional a la que obligan nuestros respectivos cargos”. ¿A qué “estímulos” se refiere? ¿Al terrorismo? ¿A la violencia?

El presidente canario tiene no solo el derecho, sino la obligación de defender lo que, desde su particular visión partidista, considere mejor para las Islas. Pero no es legítimo que lo haga por medio de una carta abierta, en la que, además, acusa al Gobierno español de la falta de respeto, la deslealtad y la prepotencia que él y su partido practican habitualmente; amenaza con la secesión si no se cumplen sus exigencias -eso se llama chantaje-, y elude sus responsabilidades en los males -reales o supuestos- que denuncia. ¿Es que el Gobierno canario no tiene nada que ver con lo que pasa en el Archipiélago, con el paro, con la sanidad o con la pobreza? ¿Todo se debe a que el Gobierno popular es muy malo y odia a Canarias y a los canarios? ¿Toda la culpa es de Soria, su personal enemigo, y de las famosas prospecciones petrolíferas? No creo que la mayoría de los canarios nos reconozcamos en ese mercantilismo lastimero de mano tendida que rezuma su carta, y que nos degrada y humilla. Porque, por fortuna y a pesar de esa carta y de su gestión, Canarias y los canarios somos mucho más que eso.