Montoro propone a Canarias que suprima 6 organismos duplicados
El ministro Montoro y el consejero González Ortiz se saludan en una reunión celebrada en Madrid. / DA
DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
La Comunidad Autónoma de Canarias ahorraría más de 82 millones de euros al año si suprime cuatro organismos, según la propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para eliminar duplicidades.
Esa cantidad es el resultado de sumar los presupuestos para 2014 del Diputado del Común (535.038 euros), la Audiencia de Cuentas (913.850), la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (78.471.867) y Defensa de la Competencia (2.471.923 euros). A ello habría que añadir el Observatorio de la Juventud (La ley canaria está dotada con 30.000 euros), la “redundante” estación meteorológica y el reagrupamiento de la representación en el exterior.
El informe de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (Cora) no incluye entre sus recomendaciones la cancelación del Consejo Consultivo (443.280 euros).
El paquete incluye dos observatorios, una estación meteorológica y Competencia
En España funcionan actualmente once instituciones equivalentes al Defensor del Pueblo. El Gobierno de Mariano Rajoy pone de relieve que 346 personas tramitan 38.407 quejas en las oficinas regionales, frente a los 165 empleados para 33.849 expedientes en la de ámbito nacional.
El presupuesto total de las entidades afines al Diputado del Común -sin variación de 2013 a 2014- asciende a 32.100.000 euros. El del Defensor del Pueblo es de 14.020.000 euros, con una previsión de incremento del gasto de dos millones para asumir las competencias autonómicas.
Con el Tribunal de Cuentas, supremo fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, coexisten trece órganos de Control Externo (OCEX). En Canarias se denomina Audiencia de Cuentas, que registra un ajuste presupuestario del 2,7%. En este apartado, la Cora justifica la racionalización en el “bajo rendimiento” de los recursos destinados a estos tribunales, la “desigualdad” entre las comunidades autónomas y la “heterogeneidad en las estructuras”.
Otra de las 120 medidas que afectan específicamente al Archipiélago se refiere al Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, integrado en la ACIISI. Esta agencia dependiente de la presidencia del Gobierno está en el punto de mira por el conflicto laboral y la dudosa viabilidad del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), con una plantilla de 165 trabajadores. Su presupuesto para el próximo año se dispara un 45,50%.
Partiendo de la base de que estas consideraciones no son imposiciones, el cumplimiento de los objetivos estará condicionado a la consecución de acuerdos bilaterales y los plazos de ejecución podrían extenderse hasta los dieciocho meses.
Integración de las oficinas en el exterior
La dispersión de la acción exterior de las administraciones públicas genera “ineficacia” y “falta de aprovechamiento para las comunidades autónomas de todo el potencial que ofrece el Estado”. Esta percepción lleva a plantear la integración del personal y de los medios de las oficinas comerciales, de representación o de promoción de las regiones en instalaciones del Estado en el exterior.
“Más allá de racionalizar en la medida de lo posible el gasto de la presencia institucional fuera de España”, se lee en el informe de la Subcomisión de Duplicidades, “el objetivo es mejorar la cooperación y la coordinación en el extranjero”. Se trata de aunar esfuerzos para, entre otros efectos, “incrementar la capacidad de influencia sobre los actores políticos locales, promover la internacionalización del tejido empresarial de las comunidades autónomas, captar inversiones en los países de destino y aprovechar el fuerte prestigio de la marca España” en el turismo y en el comercio mundial.
Algunas comunidades autónomas ya han aceptado la invitación de los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) y de Economía y Competitividad (Mineco). El MAEC ha firmado, por ejemplo, un convenio con Canarias para incorporar una oficina en los locales de la Embajada en Nouakchott (Mauritania). Mientras, el Mineco proyecta la integración de 132 oficinas (el 80%) en el horizonte de mayo de 2015. Con las Islas suscribió un convenio el 10 de diciembre de 2012.
El Gobierno canario tiene asignado un presupuesto de 38.500 euros para las oficinas de representación.
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