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“No se puede perseguir la corrupción del siglo XXI con procedimientos del XIX”

   

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
Fotos: MOISÉS PÉREZ

José Ramón Navarro Miranda. | MOISÉS PÉREZ

José Ramón Navarro Miranda. | MOISÉS PÉREZ

A pesar de su juventud, José Ramón Navarro Miranda (Santa Cruz de Tenerife, 1959) ya preside el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Con justa fama de hombre dialogante, no se anda por las ramas cuando analiza los problemas de la Justicia, que para él supone mucho más que su profesión.

-En su toma de posesión no dudó en señalar graves deficiencias en la Justicia de Canarias. ¿Hay margen de maniobra en plena crisis?
“Son problemas similares a los de la Justicia en el resto de España. Y la Justicia sufre la crisis como la Sanidad o la Educación. Pero la Justicia en España tiene un problema que no se da en otros países: depende de demasiadas administraciones. Un ejemplo. Para poner un juzgado de refuerzo en Arona cuando Canarias vivía la masiva llegada de inmigrantes en pateras, hizo falta que la Junta de Gobierno del lugar lo propusiera, que el Consejo General del Poder Judicial hiciera suya la propuesta, que el Ministerio de Justicia pagase al juez y al secretario, y que la Comunidad Autónoma abonase a los funcionarios”.

-Una locura, además ineficaz. ¿Qué solución puede aportar?
“El Consejo debe tener mayor autonomía, sobre todo en casos puntuales como el que acabo de describir”.

-¿Va en buen camino la reforma reciente para elegir el Consejo?
“Lo que iría en buen camino sería una fórmula que fuera consensuada. Desde 1985 se han aprobado hasta cuatro sistemas de elección para el Consejo. Cada gobierno que llega lo cambia según cree conveniente. Hace falta un acuerdo de todos los partidos que dé estabilidad, y una sentencia del Constitucional incluso señala lo básico que debe contener dicho acuerdo”.

-¿Es normal que esta vez no haya ni un solo fiscal?
“Siempre hubo fiscales. Es bueno que estén todos los estamentos de la Justicia representados en el Consejo, así que se les echa de menos”.

-La transparencia está de moda pero la memoria del TSJC la ejerce desde hace mucho. ¿Qué piensa cuando comprueba algunas carencias clamorosas en los juzgados?
“Hay que ser justo: el Gobierno de Canarias es, probablemente, el que más invierte en Justicia de toda España proporcionalmente hablando. Aún así, y por eso lo recogen año tras año las memorias, no es suficiente. pero tampoco en Sanidad o en Asuntos Sociales”.

-¿Le da la impresión de que la ciudadanía valora la importancia de la Justicia?
“La Justicia es tan importante para la ciudadanía como pueda ser la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. Éstas son las cuatro patas esenciales para cualquier sociedad. Hay quien se olvida de la Justicia y no es comprensible, porque la Justicia defiende los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es un elemento de bienestar social e individual clave. Y es más, cuanto mejor funcione la Justicia antes se saldrá de la crisis. Cuando más seguridad jurídica, cuando menos tiempo se demoren los juicios… Todo ello se acaba traduciendo en más empleo, en mejor funcionamiento de la administración…”.

-¿Pero se conforma?
“No. Quiero que se invierta más en Justicia, pero sobre todo por lo expuesto. Cuanto mejor funciona la Justicia, mayor actividad económica”.

-No son pocos los que miran hacia la Justicia a cuenta del desprestigio de otras instituciones pero, ya que hablamos de medios, ¿cuentan ustedes con los suficientes como para combatir la corrupción de hoy en día?
“No. El gran problema para investigar, instruir y fallar los casos de corrupción tanto en Canarias como en el resto del Estado son de doble índole. Una es procesal: los procedimientos penales tienen más de un siglo. La otra es que muchos de estos casos necesitan de peritos específicos que sepan de asuntos muy complejos, sean estatales o no. Y muchas veces los juzgados pasan enormes apuros para encontrarlos”.

-¿Las nuevas tasas expulsan de los juzgados a la gente?
“Las tasas de por sí no son inconstitucionales, pero si las nuevas tasas impiden en algún caso que un ciudadano acuda a los tribunales se incumple el principio de tutela judicial efectiva y el Constitucional, que ya estudia el asunto, obrará en consecuencia, no lo dude”.

-Pero la actividad ha caído…
“No sólo por las tasas, porque la crisis económica ha tenido ese efecto en los juzgados. Piense que la actividad de la Administración, en general, se ha desplomado y eso se nota mucho en el ámbito de lo contencioso-administrativo. En lo civil, las nuevas tasas sí que han incidido en los recursos de apelación”.

-Los juicios rápidos penales tardan un año en Tenerife…
“Es uno de los problemas más graves en Canarias. Por eso hace dos meses que la sala de Gobierno del TSJC ha situado un juez de apoyo exclusivamente para los juicios rápidos. Es verdad que si estos juicios tardan más de medio año es verdad que no se puede ni se debe tolerar”.

-¿Bastará con ese apoyo?
“No. En el ámbito penal hay que trabajar duro para que más casos se resuelvan por la vía de la conformidad. Hay que concienciar a los abogados, jueces y fiscales para que existan acuerdos en los juzgados de guardia”.

-Lo mismo propugna su sustituto al frente de la Audiencia tinerfeña, Joaquín Astor Landete. ¿Es una directriz?
“Desde luego, es de sentido común. Se ha creado un equipo de trabajo para analizar el asunto y lo cierto es que se trabaja en la misma línea. Somos optimistas”

-¿El otro agujero negro de la Justicia tinerfeña está en lo social?
“La crisis aquí sí se ha traducido en un claro incremento en el número de asuntos, aquí y en el resto de España. Desde la Sala de Gobierno del TSJC ya se han propuesto tres comisiones de servicio y esperemos que antes del próximo verano se traduzcan en tres refuerzos”.

-¿Es una catástrofe que en esta situación no se puedan crear nuevos juzgados?
“A la vista que la idea del Gobierno es cambiar la estructura de la Justicia, en la que desaparecerán los juzgados a favor de los tribunales de instancia, tiene su lógica siempre que no suponga no poder contar con nuevos jueces”.

-¿Está de acuerdo con esa transformación?
“La estructura actual es del siglo XIX y, desde luego, lo que no puede ser es que un juez de, por ejemplo, lo contencioso dicte una sentencia a los tres meses y el de al lado tarde un año en un asunto similar. O que se ejecute más rápido una sentencia que otra… Hay que aspirar a que todo se ejecute igual, que el grupo de funcionarios, de jueces, asuman la responsabilidad del conjunto de la tarea a abordar”.

-¿Desaparecerán los partidos judiciales el próximo año?
“Ni para el próximo año ni quizás para 2015 estará aprobada la nueva Ley de Demarcación de la planta judicial. Además, primero debe aprobarse la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que requiere una mayoría cualificada tanto en el Congreso como en el Senado”.

-No será sencillo porque muchos se oponen, empezando por el Gobierno de Canarias…
“El Gobierno y los municipios de Canarias. Pero está claro que hay que respetar nuestras singularidades. Hay islas como El Hierro y La Gomera que tienen partidos judiciales únicos. ¿Cómo vamos a provincializar la Justicia en estos casos. Y luego están las distancias, etcétera”.

-Sigamos con los cambios anunciados. ¿Qué le parece que sea la Fiscalía quien instruya o que los peritos sólo sean estatales, como se prevé?
“No le veo ningún inconveniente a que sea la Fiscalía quien instruya. Es más, entiendo que la Constitución dispone que los jueces deben juzgar y ejecutar lo juzgado. En casi todos los países así ocurre. Bien es verdad que para ello habría que reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal para dotarle la independencia necesaria a la hora de instruir”.

-¿Y de los peritos?
“Habría que crear un cuerpo de peritos estatal. Ahora mismo hay peritos que son los médicos forenses que están adscritos, a disposición únicamente de la administración de Justicia. Si se establecen las formas necesarias para que ese modelo cubra otras necesidades, como por ejemplo las que hablamos antes de los temas de corrupción, se facilitaría la labor de los jueces y de los tribunales en general”.

-¿Quién se equivocó con la llamada doctrina Parot?
“Lo primero que quiero decir a este respecto es que estoy muy sensibilizado en relación a las víctimas del terrorismo, que son las más afectadas, y comparto el desánimo que puedan sentir. Una vez dicho esto, también hay que señalar que el Tribunal de Estrasburgo aplica el convenio de Derechos Humanos firmado por España y los tribunales españoles hacen bien acatando su decisión. ¿Qué no estamos de acuerdo? Pues habrá que cambiar la ley, pero nunca puede tener efectos retroactivos”.

-Por último, ¿cuándo dejaremos de ver carretillas cargadas de carpetas y cajas con folios en los juzgados de toda Canarias?
“Ya hemos hecho grandes avances y las decisiones judiciales se comunican por vía digital. Pero aspiramos a todo, al expediente digital completo. Antes del final de mi mandato actual espero que desaparezcan las carretillas de papel”.

El presidente del TSJC durante la entrevista. | M. P.

El presidente del TSJC durante la entrevista. | M. P.

El presidente del TSJC durante la entrevista. | M. P.

El presidente del TSJC durante la entrevista. | M. P.

“No pude leer entero el sumario de mi abuelo fusilado”
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el tinerfeño José Ramón Navarro, habla por primera vez en un medio de comunicación sobre un dato muy especial de su biografía, ya que su abuelo, Isidro Navarro, era el secretario del Gobierno Civil de la provincia tinerfeña en 1936 y tal condición se tradujo primero en su arresto y luego en su fusilamiento”.

“Llegué a tener el sumario de mi abuelo entre mis manos, pero lo primero era el certificado de defunción y la verdad es que no pude leerlo”. Por tradición familiar, el hoy magistrado referente de la Justicia en las Islas sabe que su abuelo fue detenido junto al entonces gobernador civil, Manuel Vázquez Moro, en el asalto a la sede, donde está hoy el Banesto de la plaza de la Candelaria.

“Mi abuelo tenía 27 años de edad y había llegado de Almería”, recuerda. De la pantomima de aquella justicia, detalla: “Le hicieron un consejo de guerra y lo condenaron a cadena perpetua; luego le formaron otro para condenarlo a muerte y lo fusilaron. De lo poco que leí fue que en el apartado sobre la causa de muerte pusieron: Hemorragias múltiples”.

¿Cómo pesó la figura de lo sucedido en la mente de un niño? “Como eso que nunca debió pasar y que nunca debe repetirse”, responde el hoy magistrado. Curiosamente, el hijo de Isidro se dedicó a la Medicina, “no sé bien por qué, la verdad, pero sí sé que desde el principio quise estudiar Derecho porque, además de que me gustase, siempre he pensado que es el campo profesional desde el que más se puede influir en la sociedad. Ni como médico, ni como arquitecto, ingeniero… se puede tener tanta trascendencia social. Porque se pueden hacer muchas más cosas por los demás desde el ámbito jurídico. Haces Justicia, haces leyes… En todos los aspectos de la vida está presente el Derecho. Desde que nacemos hasta que morimos, a cualquier hora del día es Derecho. Hombre, cuando era chico no lo sabía pero sí que lo intuía”, explica Navarro.

Lo cierto es que lo jurídico se impone en la vida de este número uno de su promoción en las oposiciones al cuerpo jurídicomilitar cuyo primer destino fue en Icod de los Vinos. Antes de eso se casó con una abogada; su hija mayor, es abogada y ejerce en Madrid, mientras el segundo estudia la carrera.
¿Y después del TSJC? ¿A qué aspira Navarro? “Para un juez no hay nada más bonito o mejor que ser presidente del tribunal superior de la comunidad en la que naciste”. Dictó sentencia.