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Un nuevo Estatuto de Autonomía con 22 derechos sociales, a debate

   

Sesión Parlamento Canarias

Desarrollo de una sesión plenaria del Parlamento de Canarias. / JAVIER GANIVET

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias que ha remitido el Gobierno regional al Parlamento canario incluye un apartado dedicado a proteger derechos sociales, hasta un total de 22. El documento, consensuado por CC y PSOE, retoma y amplía los que en 2006 se recogieron en el proyecto de reforma estatutaria que fue aprobado por unanimidad en la Cámara y enviado a las Cortes al año siguiente, aunque aquella iniciativa cayó en el saco de olvido.

Así, el nuevo Estatuto que proponen CC y PSOE consagra el derecho a los servicios públicos y sociales, entre ellos una sanidad pública gratis en “todos sus servicios y prestaciones”y “sin demoras indebidas”, o el derecho a una renta de ciudadanía para todas las personas en riesgo de exclusión (la hoy llamada prestación canaria de inclusión).

Equipos del SUC proceden al traslado de un herido en ambulancia.jpg

Personal médico y sanitario del SUC atiende a un afectado en un accidente. | DA

Este refuerzo del contenido social del Estatuto tiene una lectura política: el intento de “blindar el Estado del Bienestar” en Canarias frente a los “ataques y recortes que está sufriendo en los últimos años por parte del Gobierno estatal”, según ha declarado a este diario el comisionado del Ejecutivo regional para el Autogobierno y las Relaciones Institucionales, Fernando Ríos.

En el documento se salvaguarda además el “derecho a la memoria histórica”, entendida como un “patrimonio colectivo que atestigua la defensa de la identidad y la cultura del pueblo canario y la resistencia y la lucha por los derechos y libertades democráticas”, por lo que “los poderes públicos velarán por su conocimiento y mantenimiento”.

El texto avalado por socialistas y nacionalistas instituye además el deber de todas las personas de respetar y preservar el patrimonio cultural de Canarias en todas sus manifestaciones. Y en este mismo artículo, se obligan los poderes públicos a “velar por la protección y la defensa de la identidad, el patrimonio histórico y los valores e intereses de Canarias, del legado etnográfico y arqueológico de los aborígenes prehispánicos y de las demás culturas que han ido poblando el Archipiélago”.

Este texto articulado fue remitido en octubre por el Gobierno canario al Parlamento regional en forma de comunicación, que el Ejecutivo autonómico justifica para aumentar las competencias de la Comunidad en atención a sus especificidades como región alejada e insular (puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, costas, comercio y sanidad exterior) y la potestad de que las Cortes no modifiquen el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario sin el informe y vinculante del Parlamento isleño. Sin embargo, este bloque de derechos sociales ha tenido aún poca repercusión mediática, aunque Ríos destaca su importancia porque, de salir adelante este Estatuto, el Gobierno canario podría incluso invocar estos artículos para oponerse a recortes en servicios sociales como sanidad o educación.

El nuevo Estatuto que propugna el Gobierno regional salvaguarda además el derecho a la orientación sexual, a la dignidad en el proceso de la muerte y el testamento vital (declarar de forma anticipada la voluntad sobre las intervenciones y los tratamientos médicos), y el derecho de participación, que incluye el de promover la convocatoria de consultas populares.

Igualmente, el Estatuto que se debatirá en el Parlamento regional reconoce el derecho a unos servicios públicos de “máxima calidad”, y el acceso a la justicia gratuita así como garantizar que los canarios que estén privados de libertad cumplan sus condenas en cárceles del Archipiélago.

Oficinas del Gobierno canario en Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife

Oficinas del Gobierno canario en Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife. / JAVIER GANIVET

Otros derechos que abraza la propuesta de reforma estatutaria son los de los menores a una atención integral; los mayores, personas discapacitadas y dependientes a una vida digna; y los de los consumidores y usuarios.

El listado se completa con los derechos de las familias (a su protección en sus diferentes modalidades de esta institución y a la conciliación de vida familiar); a la igualdad entre hombres y mujeres; a la educación (“se garantiza la gratuidad de libros de texto en los niveles obligatorios” de enseñanza pública); a la vivienda; al trabajo; a vivir en un medio ambiente “equilibrado, sostenible, sin contaminación y respetuoso hacia la salud”; a tener acceso a las nuevas tecnologías (Internet) y a la protección de datos personales.

El PP será clave para que esta iniciativa legislativa salga adelante en las Cortes en esta legislatura, habida cuenta de su mayoría absoluta. En Canarias, los populares ya han dejado claro que esta reforma legal no es prioritaria ni necesaria en estos momentos, por lo que llegarán al debate con un no de antemano.

Propuesta de nueva ‘carta magna canaria’

Capítulo II: Derechos y deberes

Familia “Todas las personas tienen derecho a protección para atender a las situaciones familiares” y a la “conciliación de la vida familiar y profesional de mujeres y hombres”. (Artículo 12)

Menores “Tienen derecho a atención integral para el desarrollo de su personalidad en el contexto familiar y social” (Art. 13)

Mayores. Los poderes públicos les garantizarán “una vida digna e independiente”. (Art. 14)

Igualdad entre hombres y mujeres. (Art. 16)

Orientación sexual. Se garantizará “la no discriminación” sexual”. (Art. 17)

Salud. “Acceso en igualdad y gratuidad a los servicios y prestaciones”. (A. 18)

Educación. “Todos tienen derecho a una educación pública, gratuita, aconfesional y de calidad” y “se garantiza la gratuidad de los libros de texto” en la obligatoria. (Art. 20)

Personas discapacitadas. “Se les garantiza el derecho a una vida digna e independiente”, al igual que a las personas en situación de dependencia. (Art. 15).

Muerte y testamento vital. “Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad [y sin dolor] el proceso de su muerte”. y “declarar su voluntad sobre los tratamientos médicos”. (Art. 19)

Vivienda. “Todas las personas” tienen “derecho a una vivienda digna” y “se regulará el suelo para evitar la especulación”. (Art. 21)

Trabajo. “Los poderes públicos garantizarán la efectividad del derecho de todas las personas al trabajo” y a percibir “prestaciones y recursos no contributivos” caso de desempleo. (Art.22)

Renta de ciudadanía. A ella tendrán derecho las personas en riesgo de exclusión social. (A. 23)

Consumidores y usuarios. Se les garantizará “la protección de su salud, seguridad e intereses económicos”. (Art. 24)

Medio Ambiente. “Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible, sin contaminación y respetuoso” y el deber de protegerlo. (Art. 25)

Cultura. Todos tienen “derecho a acceder en condiciones de igualdad a la cultura” y el deber de “respetar y preservar” el patrimonio cultural canario. (Art. 26)

Acceso a las TICs. Se fomentará “la formación y acceso a las nuevas tecnologías” de información y comunicación. (Art.27)

Servicios Sociales. Derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios sociales públicos”. (Art. 28)

Protección de datos. “Se garantiza el derecho a la privacidad y datos personales”. (Art, 29)

Participación. “Los canarios tienen derecho a promover la convocatoria de consultas populares”. (Art. 30)

Justicia. Se garantizará su calidad y la justicia gratuita. (A. 32)

Servicios. Las Administración “se ajustará a los principios de igualdad, no discriminación y respeto” y “máxima calidad” en los servicios públicos. (Art. 26)

Memoria histórica. “Los poderes públicos velarán” por mantenerla“como patrimonio colectivo que atestigua la defensa de la identidad y cultura del pueblo canario y la lucha por los derechos y libertades democráticas”. (Art. 33)