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La pregunta y la respuesta – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

Un curioso y amable lector nos pregunta por qué el pasado domingo no dedicamos nuestro artículo a la Constitución española, cuyo aniversario se acababa de celebrar. Parecía obligado, pero no es la primera vez que lo hacemos: hay silencios estruendosos. Y la razón es muy simple: no queremos participar en los elogios retóricos al uso y en las conmemoraciones de cartón piedra, que enmascaran el hecho evidente de que la Constitución ni se cumple ni se respeta, y, en el mejor de los casos, sirve de coartada para que unos partidos defiendan sus intereses partidistas y apuntalen su guerra particular con otros partidos. Una lamentable situación que se resume en que al acto institucional de Estado, que se celebró en el Congreso de los Diputados, solo asistieron unos pocos presidentes autonómicos, todos del Partido Popular, excepto Paulino Rivero. Los nacionalistas nunca lo hacen, y el propio Rivero no ha acudido en todas las ocasiones. Por su parte, los socialistas asisten cuando gobiernan, por ejemplo en tiempos de Rodríguez Zapatero.

Los presidentes autonómicos ocupan un cargo que existe gracias a esa Constitución que no celebran y que, en los casos catalán y vasco, incluso incumplen y combaten. Por no citar la ausencia de la bandera constitucional española en sus instituciones. Sobre el independentismo vasco y sus secuelas violentas ya se ha dicho casi todo, en especial ahora, cuando la anulación de la doctrina Parot ha puesto en libertad a tantos terroristas. En cuanto a Cataluña, ¿qué añadir? Se suele citar la opinión de Ortega, quien en 1932 advertía que el problema catalán no tiene solución y hemos de aprender a convivir con él. Y el problema catalán es que los nacionalistas catalanes quieren la independencia, y lo demás son coartadas y excusas.

En una ocasión será la exigencia del pacto fiscal y en otras ocasiones serán otras exigencias. Cualquier cosa vale para responsabilizar al Estado de una ruptura que está en la base de sus ideas y su acción políticas. Para responsabilizar al Estado de una falta de lealtad institucional que les hace usar la Constitución, el Estatuto y las leyes como meros instrumentos de usar y tirar.

La excepción en la ausencia nacionalista de las conmemoraciones constitucionales fue precisamente Paulino Rivero. Después de acusar al Gobierno español, en su reciente carta abierta al rey y a Mariano Rajoy, de deslealtad institucional, falta de respeto y prepotencia, no podía dejar de ir. Hubiera sido una prueba demasiado clara de que él y su partido practican habitualmente lo mismo de que acusan al Estado. A pesar de ello, es de justicia alabar su comportamiento y desear que lo mantenga siempre, en todas las situaciones futuras.

No obstante, su asistencia madrileña estuvo empañada por el teatrillo que organizó con unos comunistas -fracción acomodados- que no representan a nada ni a nadie, como Gaspar Llamazares y Pilar Bardem, que hasta leyó un manifiesto. Se trató de un acto en contra de las famosas prospecciones petrolíferas -José Manuel Soria y Repsol-, por la sostenibilidad y la supuesta salvación de nuestro medio ambiente. Si semejantes personajes son los que van a salvar a Canarias, mejor que no nos salve nadie; ya los canarios sabremos salvarnos solos. No se entiende qué hace Rivero apoyándose en -utilizando a- unas gentes de ideología tan diferente a la de su partido y tan poco representativas, ni lo que tales gentes pueden saber de Canarias ni de sus recursos naturales. La política hace extrañas -y sorprendentes- amistades, pero todo tiene un límite.

Rajoy y Pérez Rubalcaba están hablando mucho de consenso para reformar la Constitución, aunque no aclaran el posible contenido de esa reforma. Hay que recordarles que todos los especialistas están de acuerdo en que España es un Estado materialmente federal y uno de los más descentralizados del mundo, si no el que más. Y que los nacionalismos catalán y vasco solo estarían interesados en esa reforma si constitucionaliza su proceso de independencia. Paulino Rivero defiende una reforma constitucional que contemple las singularidades canarias, como si el texto actual no las contemplara ampliamente y no hubiese sido apoyado en el momento de su aprobación por los diputados y senadores canarios. Lo que quiere decir es una reforma que reduzca al Estado a su mínima expresión en las Islas. Mientras tanto, en países como Alemania, cuyo federalismo cooperativo imitamos -mal- en nuestra Constitución, y es un modelo de federalismo moderno, integrador y eficiente, se está en un proceso opuesto de devolución de competencias al Estado.
Si alguna reforma constitucional acabara con la corrupción social y política generalizada de proporciones gigantescas que nos asola; si alguna reforma constitucional consiguiera que nuestra justicia fuese apolítica, rápida, profesional y eficiente, y tratara a todos por igual; si alguna reforma constitucional consiguiera que la Hacienda Pública española no protegiera a delincuentes y defraudadores de alto nivel social, seríamos sus más fervientes partidarios. Pero somos muy pesimistas al respecto. En realidad, somos escépticos.

Hasta aquí nuestra respuesta, estimado y amable lector. No sé si he contestado a su pregunta.