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Un REF para el empleo – Por Román Rodríguez*

   

En medio del actual y complejo proceso de renovación del Régimen Económico y Fiscal (REF) por el Gobierno de España y la Unión Europea, en Canarias se ha abierto la discusión sobre algunos aspectos del mismo. En especial, en torno a la posibilidad de que sus instrumentos de bonificación fiscal, la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC) y la Deducción por Inversiones (DIC), puedan ser utilizados por los empresarios canarios fuera de las Islas. Una opción que rechazamos desde NC.

Nos parece muy difícil lograr explicar a las autoridades españolas y europeas, pero sobre todo a la ciudadanía canaria, que una comunidad con el 35% de desempleo, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), con elevada pobreza, con notables dificultades para captar inversiones privadas y públicas; se permita el lujo de destinar los incentivos fiscales del REF para realizar inversiones fuera de Canarias.

Me preocupa, especialmente, las contradicciones y la escasa claridad del Gobierno canario en un tema de tanta relevancia. Por eso, ante las dudas suscitadas por su ambigüedad, solicitamos al Ejecutivo de CC y PSOE que explicara su posición en el Parlamento de Canarias, comparecencia que no sirvió para despejar dudas. Es preciso señalar que, en el acuerdo adoptado por unanimidad por el Parlamento canario en julio de 2012 sobre la reforma del REF para el período 2014-2020, no existe ni una sola mención a la posibilidad de invertir la RIC, ni ningún otro incentivo, en el exterior.

Sólo se recoge, y es bien distinto, que la Deducción por Inversiones (DIC) pueda usarse “para fomentar las exportaciones de bienes y servicios, en particular en el África Occidental”. Y no abrir, como pretendía (y parece que vuelve a pretender) el Gobierno canario, el camino a la deslocalización de las empresas canarias hacia una zona donde los costes de producción son mucho más baratos, además de erigirse en un medio para eludir el control fiscal y evadir impuestos.

En línea bien distinta a lo que algunos, con mayor o menor claridad, están defendiendo estos días, considero que el REF debe tener como guía la búsqueda de instrumentos que permitan impactar positivamente en esta profunda crisis económica y social que padecemos; y que estos estén orientados, de manera absolutamente prioritaria, hacia el mantenimiento y la creación de empleo en nuestra tierra. Por eso, desde Nueva Canarias hemos propuesto poner sobre la mesa de negociación con el Estado y con la Comisión Europea que, a partir del próximo 2014, se minoren en un porcentaje significativo las cotizaciones sociales empresariales para todos los asalariados con contrato por tiempo indefinido en las pymes, así como para los trabajadores autónomos. Un beneficio que estaría condicionado al mantenimiento del empleo y a la mejora de la su calidad o a la creación de nuevos puestos de trabajo.

Todo ello sin romper la caja única de la Seguridad Social ni disminuyendo los futuros derechos de los trabajadores a efectos de sus pensiones. Para ello hay que disponer de recursos, que podrían salir del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), de las bonificaciones fiscales o, incluso, de las partidas destinadas a políticas activas de empleo.

Junto a los incentivos fiscales, son determinantes las políticas económicas del REF. Programas destinados a mejorar las condiciones de la ciudadanía y de la economía, que van desde las ayudas al transporte de personas y mercancías a financiar el sobrecoste de nuestro sistema eléctrico, es decir, que el recibo de la luz sea igual que en Madrid o Barcelona pese a que aquí es más caro producirla. Asimismo, políticas que afectan a la desalación de agua o a la mejora de las infraestructuras turísticas. El REF está siendo sistemáticamente incumplido por los distintos gobiernos españoles. No estamos, como estipula su artículo 96, en la media de inversiones del conjunto de las comunidades autónomas. Además, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han ido sufriendo recorte tras recorte las diferentes políticas económicas que ayudan a que los canarios podamos estar en condiciones similares a los ciudadanos y ciudadanas del resto del Estado. Sirva como ejemplo que, en las cuentas públicas estatales para 2010, el transporte de mercancías contaba con 52,6 millones de euros y que, en el PGE de 2014, baja hasta los 19,1 millones. O que, en desalación de aguas, hemos pasado de los 16,9 millones de euros de 2010 a los 4,8 millones de euros del próximo ejercicio.

En definitiva, corresponde al Gobierno y al conjunto de la sociedad canaria defender el REF, sus incentivos fiscales y sus políticas económicas, determinantes para tratar de impulsar la economía, generar empleo y lograr en Canarias niveles de bienestar social equiparables a las de España y Europa.

*DIPUTADO EN EL PARLAMENTO CANARIO Y PRESIDENTE DE NUEVA CANARIAS