Terapia de choque – Por Alfonso González Jerez

Se celebran -en voz bajita- los treinta y cinco años de la Constitución española en plena aplicación de una doctrina de choque por parte del Gobierno de Mariano Rajoy: obscena patrimonialización de las instituciones y agencias públicas, meticuloso descabezamiento de equipos policiales que investigan grandes casos de corrupción, aprobación de una reforma del código penal que entre otras cosas regresa a la criminalización del aborto, anuncio y adelanto de contenidos de una ley de Seguridad Ciudadana de espíritu tardofranquista y, como guinda al final de la jornada, advertencia desde La Moncloa a los infelices juntaletras: a partir de ahora el Gobierno elegirá a los periodistas que podrán formular preguntas en las ruedas de prensa. La terapia de choque se concentrará y acelerará hasta el fin de la legislatura: los ciudadanos, ya lo suficientemente acojonados por su situación económica y laboral, preferirán abstraerse o resignarse mientras día a día se precariza el empleo, se recortan los servicios sociales y asistenciales y se estabulan las libertades públicas. La Constitución de 1978 es básicamente inocente, pero la estúpida tentación de endilgarle esta repulsiva involución democrática resulta, al parecer, irresistible. Quizás merezca una reforma en materia de organización política y territorial del Estado, pero en todo lo restante no cabe acusar al texto constitucional de este cúmulo de tropelías destinado a deconstruir un modelo de participación política democrática y una aspiración a una mayor justicia social que ha sido posible, con todas sus limitaciones, gracias a la Constitución misma. Curiosamente los reformistas de todo pelaje no lo entienden así. Suponen mágicamente que urdiendo una constitución programática -donde se incluya hasta el establecimiento de una renta social, por ejemplo- las relaciones de poder en este país comenzarían a cambiar decididamente: algo parecido a los que han impulsado, en el Parlamento de Canarias, un estatuto de autonomía trufado de nuevos derechos y contraprestaciones sociales y culturales. En realidad las constituciones programáticas -las que pretenden condicionar el ejercicio del Gobierno bajo preceptos político-ideológicos axiomáticos- son las que menos capacidad de supervivencia han mostrado a lo largo de la historia. Reformar la Constitución puede ser pertinente, pero lo que ya es inexcusablemente urgente es luchar por que la actual Carta Magna no sea diariamente pisoteada por el Consejo de Ministros y las élites cleptómanas que amenazan con descuartizar el orden democrático en España y en Canarias.