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La tormenta descarga un ERE sobre los trabajadores del ITC

   

Trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), ayer. / DA

Trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), ayer. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Las previsiones meteorológicas suelen crear alarma y asustar al personal. Pero normalmente no fallan, a diferencia del FMI. Los temores de los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) se vieron confirmados ayer al decidir el consejo de administración la ejecución del expediente de regulación de empleo (ERE). Los nubarrones descargaron algo más que un jarro de agua fría sobre esta empresa pública dedicada a I+D+i.

En la tercera jornada de la huelga indefinida, secundada por el 85% de la plantilla, y mientras la dirección del ITC estaba guarecida en el edificio de Usos Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria, una lluvia de escritos individuales colapsó el registro de entrada. Los firmantes pedían la dimisión fulminante, a la velocidad de un rayo, de la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Paquita Luengo (PSOE), a la que acusan de haberlos dejado a la intemperie.

La tormentosa situación financiera del ITC ha restringido el discurrir de las negociaciones abiertas para procurar salvar los 165 puestos de trabajo y preservar la integridad del instituto. El martes, cuando parecía que el diálogo se había encauzado en la senda de un arreglo de compromiso mutuo, un chaparrón de contradicciones enfrió los ánimos. Después de que la representación sindical avanzara que hoy se aprobaría la continuidad del ITC, un comunicado oficial desmentía esa versión y responsabilizaba al comité de la “ruptura unilateral” de las conversaciones. La atronadora reacción desde el otro lado de la mesa fue la de remitir a los medios de comunicación la grabación completa de la sesión, acompañada de aparato eléctrico: “Nos hemos sentido completamente engañados y expresamos nuestra máxima indignación ante la falsedad trasladada por la consejería”.

Por lo oído, los interlocutores habían alcanzado “un consenso en torno a una oferta en la que se detallaba el esfuerzo salarial [rebajas] que se iba a afrontar para superar el déficit económico”.
Al día siguiente, la cúpula del ITC repicó las campanas del ERE. En una nota, la dirección del instituto lamenta que los trabajadores rechacen la mano tendida. “Tras intentar disipar todas las dudas acerca de las condiciones para formar parte de la plantilla de la Fundación Parque Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el comité se ha negado en rotundo a escucharlas y, por tanto, ha elegido la solución más perjudicial para ellos”. A su juicio, “no han dejado otra salida”.

La propuesta consistía básicamente en la cesión de 105 empleados de I+D a la ULPGC y la creación de un ente público empresarial (no sociedad anónima) subordinado a la ACIISI.

Mejora de la calidad de vida del entorno

El ITC es una empresa pública fundada por el Ejecutivo canario en 1992 a través de un decreto. Está adscrita a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Sus competencias se encuadran en los campos de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
El instituto se inspira en “el avance tecnológico para la mejora de las condiciones y calidad de vida del entorno social” y “apoya el desarrollo integral de Canarias”. Además, sirve de “soporte” a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), dependiente directamente de la presidencia del Gobierno.
Entre sus funciones reconocidas, al ITC se le ha asignado la tarea de “corregir determinadas carencias” del Archipiélago, como “el desequilibrio de la estructura productiva, la escasez de materias primas y el sobrecoste que supone la lejanía de los mercados”. Persigue, asimismo, el objetivo de “fomentar del nivel de formación empresarial”.
En la memoria explicativa del presupuesto de 2014 se lee que el ITC “potenciará sus actividades en diversos departamentos”. Cuenta con una dotación de 329.150 euros (5.815.812 para ejercicios posteriores). En el balance se recoge un patrimonio neto y pasivo de 51.620.950 euros.
Los miembros del consejo de administración son propuestos por el Ejecutivo. Lo preside Paquita Luengo.