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Ya queda menos para la derogación de la ley Wert – Por Miguel Ángel Pérez

   

Si hubo una imagen que ilustra a la perfección lo que supone la LOMCE, es la del ministro Wert absolutamente solo en la bancada azul en el momento de aprobación de la ley el pasado día 28. Ni un triste ministro haciendo compañía al pobre José Ignacio en el momento que, para él, debía ser el más importante de la legislatura.

Wert está solo con su ley. Todos los grupos parlamentarios, desde hace meses, están comprometidos con su derogación tan pronto cambie la mayoría en el Congreso. Y los de su partido no hacen acto de presencia para darle apoyo. Una ley de educación, cuya influencia en la sociedad es tan vasta, merece algo mejor que un ministro empecinado en llevarle la contraria a todo el mundo, incapaz de la menor cesión o el menor consenso.

No solo se rechaza este engendro legislativo desde el conjunto de las formaciones políticas españolas (salvo el PP), sino especialmente desde todos los ámbitos sociales: profesores, alumnos, padres, organizaciones sociales y educativas…, a ninguno le gusta la LOMCE. Baste recordar que la única organización que parece apoyarlo es la Conferencia Episcopal, a cuyos caprichos se ha cedido sin rechistar. Como para no estar contento.

Todos los cambios que propone la ley Wert suponen un ataque frontal a uno de los principios básicos de nuestro sistema educativo, que es la igualdad de oportunidades, algo que tanto le costó lograr a este país. Nuestros periodos de mayor prosperidad y crecimiento han sido consecuencia de esa educación abierta a todos, en la que quien quería estudiar, tenía medios públicos a su alcance para hacerlo. Muchos alumnos, por la situación económica de sus familias o por sus especiales necesidades, corren ahora el peligro de quedarse en la cuneta ante el abandono de programas y fondos para apoyar a estos colectivos especialmente vulnerables.

Las expectativas del PP, plasmadas en esta ley, es devolvernos a tiempos en los que la educación estaba al alcance de quien podía pagarla (eso es lo que significa recortar y endurecer las becas), la religión (y su sentido de la ética y la moral) sobrevolaba todos los contenidos, se segregaba por sexo en las aulas o había que pasar las temidas reválidas.
No es de extrañar, por tanto, que pocas leyes aprobadas en España hayan contado con tanta contestación social antes incluso de su aprobación, con manifestaciones y huelgas generales en el ámbito educativo como no se habían visto antes. Y todo por la terquedad y arrogancia de un ministro y de un Gobierno, el del PP, que abandona completamente la idea del pacto educativo para lanzarse a una carrera loca y sin sentido, que solo va a beneficiar a unos pocos, como casi todo lo que está haciendo el Ejecutivo de Rajoy.

En vano se ha clamado desde todos los sectores por la necesidad de acercar posturas y plantear una reforma que de verdad permita corregir los problemas de la educación española, abogando por una propuesta conjunta que permita, gracias al consenso, establecer un sistema realmente eficaz y duradero en el tiempo, que contribuya a formar a nuestros jóvenes con los máximos estándares de calidad.

Por el contrario, lo que hemos tenido es una posición de soberbia y prepotencia, que augura que la contestación va a seguir siendo amplia en el futuro y que la nueva ley se va a encontrar con serios problemas para su aplicación, al menos en algunas comunidades autónomas que, como la canaria, aspiran a una legislación educativa que sume, en vez de restar.
Así que lo único bueno de la aprobación de esta ley es que, al menos, todos sabemos ya que queda menos para su derogación. Es nuestro único consuelo y el de toda la comunidad educativa.

Miguel Ángel Pérez es CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD E IGUALDAD DEL CABILDO DE TENERIFE