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Canarias pierde 2.400 cuidadores de dependientes por los recortes

   
enfermera cuidadora dependiente

Los cuidadores deben pagarse ahora su Seguridad Social. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Vendida como la panacea que resolvería los problemas de miles de españoles, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se ha convertido en una de las grandes rémoras de los gobiernos del PSOE y el PP, que no han sabido o no han querido desarrollarla como era debido.

De hecho, tras años de incongruencias y giros de timón, el último tijeretazo presupuestario supone, según los expertos, la práctica derogación de la ley tal y como estaba concebida. No en vano, a la falta de dinero para infraestructuras y el recorte de recursos a las entidades de asistencia, hay que unirle la reciente decisión del Gobierno central de dejar de financiar las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, lo que unido a la drástica reducción de las prestaciones que percibían ha provocado que la mayoría se haya dado de baja y haya vuelto a engrosar las listas del paro.

En Canarias, una de las comunidades más afectadas por la aplicación de esta controvertida ley, desde diciembre 2011 a noviembre de 2013 un total de 2.407 cuidadores habían dejado de cotizar, lo que supone una reducción de casi el 90% de los afiliados. Así, de las 2.695 personas que estaban en situación de alta hace solo dos años, se pasó a sólo 288 en diciembre pasado, según las últimas estadísticas disponibles del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Y es que al suprimirse el régimen especial de cuidadores no profesionales en la Seguridad Social, la Administración del Estado invitó a los afectados a costearse sus cotizaciones, extinguiéndose así el convenio especial suscrito en 2007 para que los cuidadores no profesionales pudieran regularizar su actividad. Durante los primeros meses, hasta final de 2012, se bonificaron las cuotas de quienes decidieran seguir afiliados, con un descuento del 15%. Pero son pocos los ahora que pueden hacer frente al pago de las cotizaciones, que ascienden a 163,04 euros al mes, máxime cuando la reforma de la Ley de Dependencia de 2012 -Real Decreto 20/2012- estipuló además un recorte del 15% en las prestaciones que venían percibiendo.

El hecho de que una persona deje de cotizar a la Seguridad Social no significa que no pueda continuar como cuidadora no profesional a efectos de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Sin embargo, esta cantidad, que rondaba los 370 euros al mes, se ha visto reducida en unos 55 euros.

La figura del cuidador no profesional es uno de los recursos que la ley reconoce a los dependientes, y su valor reside en que se trata de una persona cercana al enfermo o anciano, que posibilita que su vida diaria se desarrolle en casa. Aunque hay más de 3.000 en la provincia tinerfeña, solo han llegado a estar afiliados en el régimen especial aproximadamente la mitad, porque el resto ya cotiza por otros trabajos o bien están jubilados, como explican desde la Asociación Española de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, donde señalan que los 288 cuidadores que actualmente continúan afiliados en el Archipiélago -148 en la provincia de Las Palmas y 140 en la de Santa Cruz de Tenerife- lo hacen en su mayoría “porque necesitan cotizar para garantizarse una pensión al estar cercana su jubilación”.

Una opinión que suscriben desde la Plataforma Tenerife Discapacidad, donde recalcan que la expulsión de la Seguridad Social de la mayor parte de los cuidadores al no costear el Gobierno sus cotizaciones supone “la pérdida de un derecho subjetivo”. Además, “desde la perspectiva feminista se trunca un estatus reconocido a las mujeres en 2007”, agregan las mismas fuentes, quienes dejan claro que “las políticas sociales no son políticas de género, pero las mejores políticas de género son las políticas sociales”. “Para el Gobierno supone un ahorro, pero es un recorte de 1.000 millones de euros al dejar de pagar las cotizaciones y fastidiar a las mujeres”, denuncian desde la plataforma.

A nivel nacional se han perdido más de 154.000 cotizantes desde la entrada en vigor de la medida que suprime el pago de las cuotas por parte de la Administración, una cifra que a buen seguro crecerá a lo largo de 2014.

La caída de “uno de los pilares de la ley”

Uno de los portavoces de la plataforma Tenerife Discapacidad, Raúl Cordero, dejó claro ayer al DIARIO que la decisión del Gobierno de dejar de pagar las cuotas de los cuidadores no es sino “uno más” de los recortes emprendidos por el Gobierno en materia de dependencia. “Se vendió que los cuidadores iban a poder cotizar y a tener un salario que compensaría los ciudados en casa, y todo eso se lo han cargado”, espetó Cordero, quien aseguró que este “era uno de los pilares que tenía la ley, porque la mayoría de cuidadores son mujeres, lo que supone una nueva discriminación y favorece el aumento de los niveles de desempleo”. “En Canarias, al Gobierno autonómico le ha venido muy bien esta medida, porque así no tendrán que seguir poniendo dinero de su presupuesto; y veremos cómo queda la partida para este año, porque hay muchos cuidadores que están cobrando ahora a pesar de que la persona a la que atendían falleció, porque los retrasos en los pagos están entre dos y tres años de media”, aseveró Raúl Cordero, quien recordó que “algo similar ocurre con los grandes dependientes que se encuentran en las residencias, porque el copago del usuario no permite a las entidades subsistir, y tienen que tirar de créditos e hipotecarse”.