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Carreteras – Por Leopoldo Fernández

   

Siempre he defendido, con todo el empeño de que soy capaz, la necesidad de la cohesión regional, por encima de las muy respetables particularidades de cada isla. Una comunidad autónoma sin conciencia de tal, y más en un archipiélago que, por la importancia del turismo y por su propia trayectoria histórica, siempre ha mirado hacia el exterior, sería como un barco a la deriva, desprovisto de rumbo e identidad. Pero una cosa es esa conciencia de lo propio e identitario y otra que, dentro del mismo ámbito canario, se produzcan discriminaciones clamorosas o se den pasos no siempre acompasados y sujetos a proporciones y necesidades que están a la vista de todos. El hasta ahora proverbial retraso en el cierre por carretera del anillo insular tinerfeño es tan injusto como incomprensible, sobre todo si se compara con Gran Canaria en orden a la movilidad de los ciudadanos. En Tenerife se han acumulado años y años de retrasos enigmáticos, de justificaciones inaceptables. Sólo un cierto conformismo, e incluso pasotismo, social, junto a una falta absoluta de coraje por parte de los mandatarios locales, sigue permitiendo que la ciudadanía sufra las muy desagradables consecuencias de una acción política que no dudo en calificar de nefasta y negligente. Los datos que acaba de aportar el cabildo insular sobre los sobrecostos anuales que ocasiona la falta de un anillo insular perfectamente terminado -nada menos que 256 millones de euros, según baremos utilizados por el Ministerio de Fomento, entre consumo de combustibles, pérdidas de tiempo, colas y otras zarandajas-, son suficientemente graves como para animar a las autoridades a actuar con la máxima diligencia y a remover Roma con Santiago si con ello, vía presupuestos canarios, estatales o mediante colaboración con la iniciativa privada -para lograr financiación a cambio de concesiones administrativas-, se aborda cuanto antes una obra vital para los intereses económicos y sociales de Tenerife, no sólo del sur isleño y de las poblaciones de la zona. El cierre insular permitiría también una mayor fijación de la población a las distintas comarcas, el mejor desarrollo de éstas, el ahorro de carburantes, una menor contaminación ambiental y la descongestión de ciertas áreas urbanas. Con estas circunstancias indiscutibles, ni siquiera sería preciso declarar de interés nacional una obra de tanta trascendencia; basta aplicar el sentido común, no disquisiciones centralistas o legalismos de ocasión, para comprender la necesidad e importancia de esta infraestructura. La modernización y el desarrollo de Tenerife no serán posibles sin una moderna red de carreteras, sobre todo las de carácter insular, y su adecuado mantenimiento.